CHICAGO – Ha sido una semana complicada para la libertad académica en los Estados Unidos. El Gobernador de Florida Ron DeSantis llenó el consejo de un colegio universitario de artes liberales de aliados decididos a transformarlo en un bastión de la ideología conservadora. Se le negó a Kenneth Roth, ex jefe de Human Rights Watch, ser parte de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, supuestamente por la postura crítica de HRW sobre el historial de derechos humanos de Israel. Y la Universidad Hamline de Minnesota fue blanco de críticas por despedir a una profesora adjunta por mostrar una imagen de siglos de antigüedad del Profeta Mahoma en una clase de historia del arte.
Para llevar a cabo su misión esencial de generar y transmitir conocimiento, las instituciones de educación superior dependen de tres principales fuentes de financiamiento: el estado, el mercado y los estudiantes y exalumnos. La clave está en mantener un equilibrio entre las tres: si se depende demasiado de una, se arriesga claramente la libertad de investigación académica.
Comencemos por el estado, que tiene un largo historial de limitaciones a la libertad académica. Durante los pánicos anticomunistas (“Red Scares”) que ocurrieron en EE.UU. tras las dos guerras, se expulsó a académicos de las universidades únicamente por sus creencias ideológicas. Si bien hoy es poco común el ataque explícito a académicos, la continuidad de la dependencia de los fondos estatales implica que las universidades -especialmente las públicas- sigan siendo vulnerables a las presiones de los políticos por influir en las decisiones presupuestarias los cursos que se imparten, las decisiones de personal y muchos otros aspectos.
CHICAGO – Ha sido una semana complicada para la libertad académica en los Estados Unidos. El Gobernador de Florida Ron DeSantis llenó el consejo de un colegio universitario de artes liberales de aliados decididos a transformarlo en un bastión de la ideología conservadora. Se le negó a Kenneth Roth, ex jefe de Human Rights Watch, ser parte de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, supuestamente por la postura crítica de HRW sobre el historial de derechos humanos de Israel. Y la Universidad Hamline de Minnesota fue blanco de críticas por despedir a una profesora adjunta por mostrar una imagen de siglos de antigüedad del Profeta Mahoma en una clase de historia del arte.
Para llevar a cabo su misión esencial de generar y transmitir conocimiento, las instituciones de educación superior dependen de tres principales fuentes de financiamiento: el estado, el mercado y los estudiantes y exalumnos. La clave está en mantener un equilibrio entre las tres: si se depende demasiado de una, se arriesga claramente la libertad de investigación académica.
Comencemos por el estado, que tiene un largo historial de limitaciones a la libertad académica. Durante los pánicos anticomunistas (“Red Scares”) que ocurrieron en EE.UU. tras las dos guerras, se expulsó a académicos de las universidades únicamente por sus creencias ideológicas. Si bien hoy es poco común el ataque explícito a académicos, la continuidad de la dependencia de los fondos estatales implica que las universidades -especialmente las públicas- sigan siendo vulnerables a las presiones de los políticos por influir en las decisiones presupuestarias los cursos que se imparten, las decisiones de personal y muchos otros aspectos.