NUEVA YORK – Hasta hace muy poco el presidente chino Xi Jinping promocionaba su política de cero COVID como una prueba de que los estados autoritarios unipartidistas como China están mejor equipados para lidiar con las pandemias (y otras crisis) que las desordenadas democracias, limitadas por el egoísmo de los políticos y la inconstancia de los votantes.
Tal vez sonara plausible para muchos en 2020, mientras morían cientos de miles de estadounidenses y el expresidente Donald Trump promovía medicamentos contra la malaria e inyecciones de lejía como remedios contra la COVID-19. Mientras tanto, Xi implementaba por la pandemia inflexibles restricciones que prácticamente asfixiaron al país, obligaba a la gente a permanecer en campos de concentración e insistía en que los ciudadanos chinos que viajaran al extranjero usaran trajes de protección contra materiales peligrosos como si trabajaran en un laboratorio tóxico gigantesco. Durante un tiempo ese régimen estricto pareció reducir al mínimo las muertes por COVID, frente a lo que ocurría en otros países (aunque las estadísticas del gobierno chino tienen fama de ser poco confiables),
pero los elevados costos de la estrategia de cero COVID sacaron de quicio a la gente, a tal punto que algunos finalmente salieron a la calle a protestar, asumiendo grandes riesgos. Xi continuó, de todas formas, afirmando que el Partido Comunista llevaba adelante la «guerra del pueblo» contra el virus y que haría todo lo necesario para salvar vidas. Pero luego, cuando estallaron protestas por todas la ciudades de China a fines del año pasado, se declaró el abrupto fin de la guerra. Se terminaron los confinamientos, los trajes de protección y hasta las pruebas de detección PCR normales. Parece que después de las protestas sin precedentes del año pasado China considera que la COVID-19 es inofensiva.
NUEVA YORK – Hasta hace muy poco el presidente chino Xi Jinping promocionaba su política de cero COVID como una prueba de que los estados autoritarios unipartidistas como China están mejor equipados para lidiar con las pandemias (y otras crisis) que las desordenadas democracias, limitadas por el egoísmo de los políticos y la inconstancia de los votantes.
Tal vez sonara plausible para muchos en 2020, mientras morían cientos de miles de estadounidenses y el expresidente Donald Trump promovía medicamentos contra la malaria e inyecciones de lejía como remedios contra la COVID-19. Mientras tanto, Xi implementaba por la pandemia inflexibles restricciones que prácticamente asfixiaron al país, obligaba a la gente a permanecer en campos de concentración e insistía en que los ciudadanos chinos que viajaran al extranjero usaran trajes de protección contra materiales peligrosos como si trabajaran en un laboratorio tóxico gigantesco. Durante un tiempo ese régimen estricto pareció reducir al mínimo las muertes por COVID, frente a lo que ocurría en otros países (aunque las estadísticas del gobierno chino tienen fama de ser poco confiables),
pero los elevados costos de la estrategia de cero COVID sacaron de quicio a la gente, a tal punto que algunos finalmente salieron a la calle a protestar, asumiendo grandes riesgos. Xi continuó, de todas formas, afirmando que el Partido Comunista llevaba adelante la «guerra del pueblo» contra el virus y que haría todo lo necesario para salvar vidas. Pero luego, cuando estallaron protestas por todas la ciudades de China a fines del año pasado, se declaró el abrupto fin de la guerra. Se terminaron los confinamientos, los trajes de protección y hasta las pruebas de detección PCR normales. Parece que después de las protestas sin precedentes del año pasado China considera que la COVID-19 es inofensiva.