CIUDAD DEL CABO/CAMBRIDGE/LONDRES – La pandemia de COVID‑19 ha hecho imposible ignorar el envejecimiento de la población mundial. Es la primera que ocurre desde que en el mundo hay más personas de 65 o más años de edad que menores de cinco; y la letalidad de la COVID‑19 crece rápidamente con la edad.
La intersección de la pandemia con esta nueva realidad demográfica expuso una falla en la arquitectura de gobernanza mundial. No hay ninguna institución internacional específicamente responsable de proteger los derechos y promover los intereses del grupo etario que crece más rápido (las personas mayores de 65). Esta laguna institucional contribuyó a la falta de una respuesta global unificada frente a una pandemia que afecta en forma desproporcionada a esta población. El síntoma más evidente son las inconsistencias en el despliegue de las vacunas, pero hay muchas otras dimensiones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en los países de bajos ingresos, el 46% de las personas mayores de 65 años están dentro de la fuerza laboral, y no suelen ser prioritarias en la formulación de políticas.
Otros grupos poblacionales no han sufrido el mismo descuido. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ocupa de las necesidades y derechos de los niños; ONU Mujeres promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino; el Fondo de Población de las Naciones Unidas se concentra en las cuestiones de salud sexual y reproductiva; y la Organización Internacional del Trabajo supervisa la normativa laboral y las condiciones de los trabajadores. Pero no hay una organización centrada en la población de más edad. Las personas mayores están incluidas en forma implícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), pero la falta de un énfasis explícito en ellas, combinada con los cambios demográficos, lleva a que sean una proporción creciente de la población mundial más vulnerable.
CIUDAD DEL CABO/CAMBRIDGE/LONDRES – La pandemia de COVID‑19 ha hecho imposible ignorar el envejecimiento de la población mundial. Es la primera que ocurre desde que en el mundo hay más personas de 65 o más años de edad que menores de cinco; y la letalidad de la COVID‑19 crece rápidamente con la edad.
La intersección de la pandemia con esta nueva realidad demográfica expuso una falla en la arquitectura de gobernanza mundial. No hay ninguna institución internacional específicamente responsable de proteger los derechos y promover los intereses del grupo etario que crece más rápido (las personas mayores de 65). Esta laguna institucional contribuyó a la falta de una respuesta global unificada frente a una pandemia que afecta en forma desproporcionada a esta población. El síntoma más evidente son las inconsistencias en el despliegue de las vacunas, pero hay muchas otras dimensiones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en los países de bajos ingresos, el 46% de las personas mayores de 65 años están dentro de la fuerza laboral, y no suelen ser prioritarias en la formulación de políticas.
Otros grupos poblacionales no han sufrido el mismo descuido. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ocupa de las necesidades y derechos de los niños; ONU Mujeres promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino; el Fondo de Población de las Naciones Unidas se concentra en las cuestiones de salud sexual y reproductiva; y la Organización Internacional del Trabajo supervisa la normativa laboral y las condiciones de los trabajadores. Pero no hay una organización centrada en la población de más edad. Las personas mayores están incluidas en forma implícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), pero la falta de un énfasis explícito en ellas, combinada con los cambios demográficos, lleva a que sean una proporción creciente de la población mundial más vulnerable.