amuzu2_Kent NishimuraLos Angeles Times via Getty Images_planned parenthood Kent Nishimura/Los Angeles Times via Getty Images

Financiación sostenible para la planificación familiar

ACCRA – Planned Parenthood, fuente vital de servicios sexuales y reproductivos en los Estados Unidos, acaba de verse obligada a retirarse del programa de planificación familiar Title X, que apoya a mujeres de bajos ingresos. La decisión, que responde a una nueva norma de la administración del Presidente estadounidense Donald Trump que prohíbe a las clínicas de Title X referir pacientes para que se les realicen abortos, costará a Planned Parenthood cerca de $60 millones al año.

Esa pérdida se vuelve pequeña si se la compara con los costes humanos de limitar los derechos de la salud sexual y reproductiva (DSSR), al impedir que los pacientes manejen información médica crucial. Con todo, perder la financiación de Title X (que se habría usado para adquirir anticonceptivos, exámenes para detectar cáncer cervical y de mamas, infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros servicios de salud esenciales) es un duro golpe. Y, sin embargo, Planned Parenthood no está sola: en todo el mundo las organizaciones que protegen los DSSR enfrentan limitaciones financieras similares o peores.

La comunidad internacional sabe que los DSSR tienen amplias implicancias para la salud y el desarrollo humanos, incluidas la educación, la reducción de la pobreza y la igualdad de género. Así se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados por los líderes mundiales en 2015, que incluyen la meta de asegurar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.

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