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Cómo asegurar un acuerdo fiscal global más justo

NUEVA YORK/NOTTINGHAM – El  acuerdo alcanzado el 1º de julio por 130 países para establecer un tasa global mínima de impuestos a las empresas multinacionales de al menos el 15% y de reasignar los derechos tributarios entre países representa un paso hacia adelante. Pero, en su versión actual, el acuerdo es otra oportunidad perdida de ofrecer un resultado equitativo para los países en desarrollo.

Ha sido positivo que los esfuerzos multilaterales para reformar la tributación mundial hayan retornado a la agenda. Esto se debe en gran parte a que la administración del presidente estadounidense Joe Biden quiere poner fin a la carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos, una competencia que solo ha beneficiado a los paraísos fiscales. En la mayoría de los casos, las tasas impositivas más bajas no solo no lograron atraer nuevas inversiones a los países, sino que también privaron a los gobiernos de los fondos que necesitan para sus objetivos sociales y la mejora de su infraestructura. 

Desafortunadamente, el nuevo pacto fiscal refleja los desequilibrios en las relaciones de poder a nivel mundial. Los países del G7 pusieron sobre la mesa el acuerdo que habían alcanzado el mes pasado para análisis de los 139 países que forman parte del Marco Inclusivo de la OCDE sobre Erosión de Bases Tributarias y Traslado de Beneficios. Enfrentados a una situación de “tómalo o déjalo”, la mayoría de los países en desarrollo lo apoyaron, pese a sus múltiples objeciones. Un puñado de ellos –que incluyen a Nigeria, Kenia, y Sri Lanka – no lo suscribieron, pero incluso algunos que lo hicieron dejaron en claro que las negociaciones no habían terminado.

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