CHICAGO – Hacia fines de la década pasada, la globalización –la reducción de las barreras para los flujos transfronterizos de bienes, servicios, inversión e información- estuvo bajo una fuerte presión. Los políticos populistas en muchos países acusaban a otros de diversas injusticias económicas, y presionaban para reescribir los acuerdos comerciales. Los países en desarrollo han dicho durante décadas que las reglas que gobiernan el comercio internacional son profundamente injustas. ¿Pero por qué hoy surgen quejas similares de los países desarrollados que formularon la mayoría de esas reglas?
Una explicación simple pero inadecuada es la “competencia”. En los años 1960 y 1970, los países industrializados se concentraban en abrir los mercados externos para sus productos y fijar las reglas en consecuencia. Desde entonces, las cosas han cambiado. Las economías emergentes, especialmente China, se volvieron mucho mejores a la hora de producir bienes; y las viejas reglas dictan que los países desarrollados deben mantener sus mercados abiertos a los productores de otras partes que hoy son más productivos.
Para un observador cínico, los esfuerzos actuales de los países desarrollados por reformular las reglas parecen un intento, ya no para nivelar el campo de juego, sino para impedir la competencia. Una razón por la que los productores de los mercados emergentes son competitivos es porque les pagan menos a los trabajadores (por lo general, porque esos trabajadores son menos productivos). Por lo tanto, el Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá (T-Mec, el TLCAN renegociado) limitaría la ventaja de México al exigir que el 40-45% de los componentes automotrices sean fabricados por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares por hora (en 2023). También exige una variedad de protecciones laborales, que incluyen una mayor representación sindical para los trabajadores mexicanos, que serán monitoreados por inspectores norteamericanos. Lo que parece un buen acuerdo para los trabajadores mexicanos impuesto por negociadores norteamericanos comprensivos también podría ser considerado un esfuerzo por parte de Estados Unidos por limitar la cantidad de empleos industriales en México.
CHICAGO – Hacia fines de la década pasada, la globalización –la reducción de las barreras para los flujos transfronterizos de bienes, servicios, inversión e información- estuvo bajo una fuerte presión. Los políticos populistas en muchos países acusaban a otros de diversas injusticias económicas, y presionaban para reescribir los acuerdos comerciales. Los países en desarrollo han dicho durante décadas que las reglas que gobiernan el comercio internacional son profundamente injustas. ¿Pero por qué hoy surgen quejas similares de los países desarrollados que formularon la mayoría de esas reglas?
Una explicación simple pero inadecuada es la “competencia”. En los años 1960 y 1970, los países industrializados se concentraban en abrir los mercados externos para sus productos y fijar las reglas en consecuencia. Desde entonces, las cosas han cambiado. Las economías emergentes, especialmente China, se volvieron mucho mejores a la hora de producir bienes; y las viejas reglas dictan que los países desarrollados deben mantener sus mercados abiertos a los productores de otras partes que hoy son más productivos.
Para un observador cínico, los esfuerzos actuales de los países desarrollados por reformular las reglas parecen un intento, ya no para nivelar el campo de juego, sino para impedir la competencia. Una razón por la que los productores de los mercados emergentes son competitivos es porque les pagan menos a los trabajadores (por lo general, porque esos trabajadores son menos productivos). Por lo tanto, el Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá (T-Mec, el TLCAN renegociado) limitaría la ventaja de México al exigir que el 40-45% de los componentes automotrices sean fabricados por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares por hora (en 2023). También exige una variedad de protecciones laborales, que incluyen una mayor representación sindical para los trabajadores mexicanos, que serán monitoreados por inspectores norteamericanos. Lo que parece un buen acuerdo para los trabajadores mexicanos impuesto por negociadores norteamericanos comprensivos también podría ser considerado un esfuerzo por parte de Estados Unidos por limitar la cantidad de empleos industriales en México.