ahuq2_ BRENDAN SMIALOWSKIAFP via Getty Images_supreme court leak BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Un informante suelto en la Corte Suprema

CHICAGO – Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, alguien con acceso a la Corte Suprema reveló intencionalmente un borrador de opinión del tribunal en un caso de alto perfil, con la aparente intención de influir, sea en las deliberaciones de la Corte, sea en la reacción de la opinión pública a la presunta decisión. El contenido del borrador (que anularía el histórico fallo de 1973 en Roe v. Wade, donde se estableció el derecho constitucional al aborto) es de suma importancia y desalentador. Pero no menos grave es el modo en que el periódico Politicoobtuvo el borrador. Para la Corte, en cuanto institución, no augura nada bueno si el informante fue alguno de los jueces (y no un joven auxiliar de justicia); más preocupante aún si se tratara de un miembro del ala conservadora en vez de liberal.

Los comentaristas se apresuraron a especular sobre el origen de la primicia de Politico. Como los borradores de opinión surgen de la Corte, y se los guarda bajo siete llaves, es muy improbable que alguien ajeno al tribunal se haya encontrado el documento por accidente. Tampoco es probable que la filtración proceda de algún secretario o asistente (empleados permanentes cuyas carreras dependen de la lealtad a la Corte). Es decir que todo indica que la ejecutó o facilitó alguno de los auxiliares de justicia (brillantes graduados jóvenes de abogacía a quienes se contrata por un año al inicio de sus carreras) o un miembro de la Corte.

La diferencia entre auxiliar y juez es importante, porque si el informante fue un miembro de la Corte, no hay mecanismos viables para la rendición de cuentas. Puesto que ninguna ley federal obliga en forma directa a mantener los borradores de opinión en secreto, es muy difícil que exista responsabilidad penal. Aunque el código de conducta de los empleados judiciales hace mención explícita de un estatuto penal federal que prohíbe el robo de un «objeto de valor de los Estados Unidos», la aplicabilidad de esta norma a un borrador de opinión es, en el mejor de los casos, discutible. Una investigación de la justicia penal enfrentaría grandes obstáculos.

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