HARARE – En una fría noche invernal de julio de 2016, miles de personas se reunieron en las afueras del Tribunal de Magistrados, ubicado en el distrito conocido como Rotten Row de Harare, para esperar el veredicto en el caso del gobierno de Zimbabue contra el pastor Evan Mawarire, líder del movimiento #ThisFlag y férreo opositor al entonces Presidente Robert Mugabe. Cuando los magistrados finalmente rechazaron los cargos de traición contra Mawarire por convocar pacíficamente a manifestarse contra la corrupción, espontáneamente se generó una fiesta callejera. Fue una victoria inesperada del estado de derecho, ganada, al menos en parte, mediante una acción colectiva de no-violencia por parte de la gente de a pie.
En su forma más elemental, el estado de derecho significa sencillamente que nadie está por encima de la ley. Todos y cada uno reciben un trato justo e imparcial, y el gobierno no ejerce el poder arbitrariamente. Estos principios están al centro de las actuales protestas contra el racismo del sistema y la brutalidad policial en los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. El estado de derecho es muy diferente al gobierno por decreto, que caracteriza a muchos estados autoritarios y, cada vez más, a algunas democracias.
Muchos argumentan, no sin razón, que desarrollar instituciones más sólidas es esencial para fortalecer el estado de derecho. Pero, ¿qué hacer cuando las instituciones que deben garantizar el estado de derecho se han corrompido tanto que se han convertido en las principales herramientas de la opresión? El énfasis convencional en el “desarrollo de instituciones” puede hacer que la gente de a pie se sienta privada de sus derechos, sumida en una paciente espera a que esas tan importantes instituciones se reformen, mientras siguen sufriendo la opresión de ellas. También puede llevar a intervenciones poco afortunadas de actores externos bienintencionados, pero que sin advertirlo afianzan las atribuciones autoritarias de instituciones secuestradas, más que fortalecer el estado de derecho.
HARARE – En una fría noche invernal de julio de 2016, miles de personas se reunieron en las afueras del Tribunal de Magistrados, ubicado en el distrito conocido como Rotten Row de Harare, para esperar el veredicto en el caso del gobierno de Zimbabue contra el pastor Evan Mawarire, líder del movimiento #ThisFlag y férreo opositor al entonces Presidente Robert Mugabe. Cuando los magistrados finalmente rechazaron los cargos de traición contra Mawarire por convocar pacíficamente a manifestarse contra la corrupción, espontáneamente se generó una fiesta callejera. Fue una victoria inesperada del estado de derecho, ganada, al menos en parte, mediante una acción colectiva de no-violencia por parte de la gente de a pie.
En su forma más elemental, el estado de derecho significa sencillamente que nadie está por encima de la ley. Todos y cada uno reciben un trato justo e imparcial, y el gobierno no ejerce el poder arbitrariamente. Estos principios están al centro de las actuales protestas contra el racismo del sistema y la brutalidad policial en los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. El estado de derecho es muy diferente al gobierno por decreto, que caracteriza a muchos estados autoritarios y, cada vez más, a algunas democracias.
Muchos argumentan, no sin razón, que desarrollar instituciones más sólidas es esencial para fortalecer el estado de derecho. Pero, ¿qué hacer cuando las instituciones que deben garantizar el estado de derecho se han corrompido tanto que se han convertido en las principales herramientas de la opresión? El énfasis convencional en el “desarrollo de instituciones” puede hacer que la gente de a pie se sienta privada de sus derechos, sumida en una paciente espera a que esas tan importantes instituciones se reformen, mientras siguen sufriendo la opresión de ellas. También puede llevar a intervenciones poco afortunadas de actores externos bienintencionados, pero que sin advertirlo afianzan las atribuciones autoritarias de instituciones secuestradas, más que fortalecer el estado de derecho.