PARÍS – La crisis de deuda soberana fue un punto importante de la agenda de las reuniones de primavera de este año del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional: todas las miradas estuvieron puestas en China, principal acreedor de los países en desarrollo, y en la Asociación para el Desarrollo Internacional (ADI), el fondo del Banco para los países más pobres. Ahora que muchas economías de bajos ingresos ya están en cesación de pagos o corren alto riesgo de estarlo, China ha sido renuente a aceptar una rebaja en lo que se le debe, e insiste en que las instituciones multilaterales, incluida la ADI, compartan el peso junto con otros acreedores, una posición discutida que se aparta de la convención.
Hay sólidos argumentos contra la participación de la ADI en una reestructuración de deudas. Sus préstamos se dan en condiciones muy favorables, con un elemento concesional del 50% en promedio, contra 0% en el caso de los préstamos del mercado y 18% para la deuda china. Estos últimos años, la necesidad de hacer frente a una variedad de perturbaciones llevó a un gran aumento en los compromisos de la ADI, que llegaron a 42 000 millones de dólares en 2022. Además, la ADI provee financiación en la forma de donaciones (no préstamos) a los países muy endeudados (lo que se autodenomina «alivio de deuda implícito ex ante»). Sería muy injusto que los contribuyentes respalden que la ADI rescate a otros acreedores no sólo una vez, sino dos.
Durante la Mesa Redonda sobre Deuda Soberana Global, un elemento central de las reuniones de primavera que se centró en facilitar el proceso de reestructuración de deudas, China prestó su aparente conformidad a la propuesta del Banco de ofrecer más préstamos a través de la ADI en vez de participar en la quita de deuda. El acuerdo todavía no está del todo claro, pero podría ser beneficioso para todas las partes: que China coopere con el FMI y que los bancos de desarrollo multilaterales provean más financiación en condiciones favorables ayudaría en gran medida a poner a los países más pobres en una senda de crecimiento más verde y sostenible.
PARÍS – La crisis de deuda soberana fue un punto importante de la agenda de las reuniones de primavera de este año del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional: todas las miradas estuvieron puestas en China, principal acreedor de los países en desarrollo, y en la Asociación para el Desarrollo Internacional (ADI), el fondo del Banco para los países más pobres. Ahora que muchas economías de bajos ingresos ya están en cesación de pagos o corren alto riesgo de estarlo, China ha sido renuente a aceptar una rebaja en lo que se le debe, e insiste en que las instituciones multilaterales, incluida la ADI, compartan el peso junto con otros acreedores, una posición discutida que se aparta de la convención.
Hay sólidos argumentos contra la participación de la ADI en una reestructuración de deudas. Sus préstamos se dan en condiciones muy favorables, con un elemento concesional del 50% en promedio, contra 0% en el caso de los préstamos del mercado y 18% para la deuda china. Estos últimos años, la necesidad de hacer frente a una variedad de perturbaciones llevó a un gran aumento en los compromisos de la ADI, que llegaron a 42 000 millones de dólares en 2022. Además, la ADI provee financiación en la forma de donaciones (no préstamos) a los países muy endeudados (lo que se autodenomina «alivio de deuda implícito ex ante»). Sería muy injusto que los contribuyentes respalden que la ADI rescate a otros acreedores no sólo una vez, sino dos.
Durante la Mesa Redonda sobre Deuda Soberana Global, un elemento central de las reuniones de primavera que se centró en facilitar el proceso de reestructuración de deudas, China prestó su aparente conformidad a la propuesta del Banco de ofrecer más préstamos a través de la ADI en vez de participar en la quita de deuda. El acuerdo todavía no está del todo claro, pero podría ser beneficioso para todas las partes: que China coopere con el FMI y que los bancos de desarrollo multilaterales provean más financiación en condiciones favorables ayudaría en gran medida a poner a los países más pobres en una senda de crecimiento más verde y sostenible.