NEUQUÉN – El Presidente argentino Mauricio Macri afirma que la explotación de las reservas de petróleo y gas de esquisto de su país (las segundas mayores del planeta) es vital no solo para estimular la economía, sino para servir de “combustible de puente” para la transición climática. Ya está quedando en evidencia que la realidad es muy diferente.
Con Argentina como país anfitrión, este verano los ministros de energía del G20 firmaron un comunicado en que se destacaba el papel del gas natural en “apoyar transiciones hacia sistemas energéticos con menores emisiones” y “con el potencial de ampliarse de manera importante en las próximas décadas”. Y el gobierno de Macri ha creado un plan para atraer $12 mil millones al año de inversiones en combustibles fósiles, pronosticando que los ingresos del petróleo y el gas superarán a los del agro –actualmente el principal sector exportador de la Argentina- para 2027.
No hay dudas de que Argentina posee enormes reservas todavía sin explotar: se estima que unos 19,9 mil millones de barriles de crudo y 583 billones de pies cúbicos de gas, concentrados en la formación de esquistos de Vaca Muerta. Sin embargo, la noción de que usar estos recursos beneficiaría al medio ambiente es completamente ilusoria. Para extraer estos recursos no solo sería necesario hacer costosas y peligrosas fracturas hidráulicas (fracking), sino que explotarlos produciría cerca de 50 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.
Según los estudios de Oil Change International, la plena explotación de las reservas de esquisto de Argentina consumiría hasta el 15% del presupuesto de carbono del mundo entero para limitar el calentamiento global a menos de 1,5º Celsius por encima de los niveles preindustriales, que es la meta fijada por el acuerdo climático de París. El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recomendado al gobierno argentino que “reconsidere” la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Incluso si Argentina recibe suficiente inversión como para construir la infraestructura (los gasoductos, los ferrocarriles, las minas de silicio y los sitios de desecho) necesaria para que Vaca Muerta sea rentable, es muy probable que el país acabe siendo empujado a su explotación completa. Es un escenario bastante previsible, ya que están comenzando a participar las petroleras internacionales más importantes, como BP (que posee un 50% de Pan American Energy Group, segundo productor de crudo de Argentina), Total, Shell, Wintershall, Equinor, ExxonMobil, Chevron, CNOOC, Dow y Petronas.
No sólo empeorará el clima. La economía de la carrera por el gas en Argentina ya ha generado transferencias masivas desde hogares, empresas y el estado a corporaciones de combustibles fósiles. Cumpliendo un compromiso con el G20, el gobierno argentino ha recortado subsidios a las tarifas privadas de calefacción basada en estos recursos. Al mismo tiempo, la administración Macri ha aumentado los precios del gas (dolarizados).
A esto se añade una moneda nacional, el peso, en rápida devaluación (más de un 50% frente al dólar este año) y un aumento de los precios del gas que, en promedio, ha sido de un 1.300% en los últimos meses para los hogares y las empresas. No es de sorprender que ya no puedan pagar sus cuentas energéticas.
La suba de precios ha sido tan perjudicial que toda la oposición respaldó una ley para hacer que las tarifas volvieran a sus niveles de noviembre de 2017. Macri la vetó en mayo, antes de reemplazar a su ministro de energía.
Mientras los hogares y las empresas sufren, las petroleras siguen cosechando utilidades. De hecho, quienes desean explotar depósitos de esquisto reciben relucientes subvenciones, además de otros beneficios: precios garantizados por el Plan Gas para gas no convencional, menores tarifas del gobierno regional por unidad de gas extraída y un acuerdo con los sindicatos principales que reduce los costes laborales.
Como resultado de toda esta generosidad, las compañías que explotan los yacimientos en busca de gas pueden lograr ganancias sin dar los beneficios económicos prometidos. Según estudios de la argentina Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, aunque las petroleras que operaron en Vaca Muerta en 2016 invirtieron menos que en 2015 y dieron empleo a 3000 personas menos, alcanzaron mayores utilidades.
Más allá de las violaciones a los derechos laborales que reflejan los acuerdos con los sindicatos, la extracción de gas de esquisto infringe los derechos de las comunidades indígenas. Por ejemplo, las comunidades indígenas mapuche han protestado por pozos perforados en su territorio sin su consentimiento previo. Más aún, si bien más de 60 municipios han aprobado normativas locales para prohibir las perforaciones, los tribunales han declarado inconstitucionales varias de estas medidas porque superan las potestades municipales, demostrando además un criterio que menoscaba la democracia local.
Así, el megaproyecto de esquistos de Argentina socava las iniciativas para enfrentar el cambio climático, amenaza a la democracia local y los derechos de los pueblos originarios, y no va a generar los beneficios económicos que prometen sus impulsores. Mientras tanto, el gobierno de Macri, que esta semana ha sido anfitrión de la cumbre anual del G20, ha usado los foros de esta entidad para promover el gas como una alternativa energética sostenible. Eso no es liderazgo climático.
En todo caso, Argentina no está sola cuando se trata de ambiciones provocadas por el gas de esquisto. Los gobiernos del G20, desde China al Reino Unido, se encuentran proyectando estrategias industriales a gran escala alrededor de este recurso. El caso de Vaca Muerta debería servir de advertencia a estos y otros países que lo sopesen como una forma de fortalecer sus economías y pasar a una transición energéticas con bajas emisiones de carbono.
Lejos de explotar sus reservas de esquisto, el mundo necesita dejar de crear proyectos de combustibles fósiles, ir abandonando los actuales e implementar ambiciosas estrategias de inversión en energías limpias centradas en ofrecer empleos decentes y respetar los derechos de las comunidades locales a controlar el desarrollo en sus tierras. Solo si adopta y promueve un enfoque así, Argentina podrá reclamar con credibilidad ser un adalid del liderazgo climático.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
NEUQUÉN – El Presidente argentino Mauricio Macri afirma que la explotación de las reservas de petróleo y gas de esquisto de su país (las segundas mayores del planeta) es vital no solo para estimular la economía, sino para servir de “combustible de puente” para la transición climática. Ya está quedando en evidencia que la realidad es muy diferente.
Con Argentina como país anfitrión, este verano los ministros de energía del G20 firmaron un comunicado en que se destacaba el papel del gas natural en “apoyar transiciones hacia sistemas energéticos con menores emisiones” y “con el potencial de ampliarse de manera importante en las próximas décadas”. Y el gobierno de Macri ha creado un plan para atraer $12 mil millones al año de inversiones en combustibles fósiles, pronosticando que los ingresos del petróleo y el gas superarán a los del agro –actualmente el principal sector exportador de la Argentina- para 2027.
No hay dudas de que Argentina posee enormes reservas todavía sin explotar: se estima que unos 19,9 mil millones de barriles de crudo y 583 billones de pies cúbicos de gas, concentrados en la formación de esquistos de Vaca Muerta. Sin embargo, la noción de que usar estos recursos beneficiaría al medio ambiente es completamente ilusoria. Para extraer estos recursos no solo sería necesario hacer costosas y peligrosas fracturas hidráulicas (fracking), sino que explotarlos produciría cerca de 50 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.
Según los estudios de Oil Change International, la plena explotación de las reservas de esquisto de Argentina consumiría hasta el 15% del presupuesto de carbono del mundo entero para limitar el calentamiento global a menos de 1,5º Celsius por encima de los niveles preindustriales, que es la meta fijada por el acuerdo climático de París. El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recomendado al gobierno argentino que “reconsidere” la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Incluso si Argentina recibe suficiente inversión como para construir la infraestructura (los gasoductos, los ferrocarriles, las minas de silicio y los sitios de desecho) necesaria para que Vaca Muerta sea rentable, es muy probable que el país acabe siendo empujado a su explotación completa. Es un escenario bastante previsible, ya que están comenzando a participar las petroleras internacionales más importantes, como BP (que posee un 50% de Pan American Energy Group, segundo productor de crudo de Argentina), Total, Shell, Wintershall, Equinor, ExxonMobil, Chevron, CNOOC, Dow y Petronas.
No sólo empeorará el clima. La economía de la carrera por el gas en Argentina ya ha generado transferencias masivas desde hogares, empresas y el estado a corporaciones de combustibles fósiles. Cumpliendo un compromiso con el G20, el gobierno argentino ha recortado subsidios a las tarifas privadas de calefacción basada en estos recursos. Al mismo tiempo, la administración Macri ha aumentado los precios del gas (dolarizados).
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A esto se añade una moneda nacional, el peso, en rápida devaluación (más de un 50% frente al dólar este año) y un aumento de los precios del gas que, en promedio, ha sido de un 1.300% en los últimos meses para los hogares y las empresas. No es de sorprender que ya no puedan pagar sus cuentas energéticas.
La suba de precios ha sido tan perjudicial que toda la oposición respaldó una ley para hacer que las tarifas volvieran a sus niveles de noviembre de 2017. Macri la vetó en mayo, antes de reemplazar a su ministro de energía.
Mientras los hogares y las empresas sufren, las petroleras siguen cosechando utilidades. De hecho, quienes desean explotar depósitos de esquisto reciben relucientes subvenciones, además de otros beneficios: precios garantizados por el Plan Gas para gas no convencional, menores tarifas del gobierno regional por unidad de gas extraída y un acuerdo con los sindicatos principales que reduce los costes laborales.
Como resultado de toda esta generosidad, las compañías que explotan los yacimientos en busca de gas pueden lograr ganancias sin dar los beneficios económicos prometidos. Según estudios de la argentina Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, aunque las petroleras que operaron en Vaca Muerta en 2016 invirtieron menos que en 2015 y dieron empleo a 3000 personas menos, alcanzaron mayores utilidades.
Más allá de las violaciones a los derechos laborales que reflejan los acuerdos con los sindicatos, la extracción de gas de esquisto infringe los derechos de las comunidades indígenas. Por ejemplo, las comunidades indígenas mapuche han protestado por pozos perforados en su territorio sin su consentimiento previo. Más aún, si bien más de 60 municipios han aprobado normativas locales para prohibir las perforaciones, los tribunales han declarado inconstitucionales varias de estas medidas porque superan las potestades municipales, demostrando además un criterio que menoscaba la democracia local.
Así, el megaproyecto de esquistos de Argentina socava las iniciativas para enfrentar el cambio climático, amenaza a la democracia local y los derechos de los pueblos originarios, y no va a generar los beneficios económicos que prometen sus impulsores. Mientras tanto, el gobierno de Macri, que esta semana ha sido anfitrión de la cumbre anual del G20, ha usado los foros de esta entidad para promover el gas como una alternativa energética sostenible. Eso no es liderazgo climático.
En todo caso, Argentina no está sola cuando se trata de ambiciones provocadas por el gas de esquisto. Los gobiernos del G20, desde China al Reino Unido, se encuentran proyectando estrategias industriales a gran escala alrededor de este recurso. El caso de Vaca Muerta debería servir de advertencia a estos y otros países que lo sopesen como una forma de fortalecer sus economías y pasar a una transición energéticas con bajas emisiones de carbono.
Lejos de explotar sus reservas de esquisto, el mundo necesita dejar de crear proyectos de combustibles fósiles, ir abandonando los actuales e implementar ambiciosas estrategias de inversión en energías limpias centradas en ofrecer empleos decentes y respetar los derechos de las comunidades locales a controlar el desarrollo en sus tierras. Solo si adopta y promueve un enfoque así, Argentina podrá reclamar con credibilidad ser un adalid del liderazgo climático.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen