STANFORD – Si bien el plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares del presidente norteamericano, Joe Biden, sería muy superior que otros proyectos de ley previos de este tipo, sólo alrededor de un tercio del plan respondería a una definición inclusive amplia de “infraestructura”. Por otra parte, el paquete se suma a los más de 5 billones de dólares que ya se gastaron en alivio y estímulo por el COVID-19 desde marzo pasado, y pronto será seguido por promesas de un gasto aún mayor en el corto plazo. ¿Qué podría salir mal?
Muchas cosas. La gobernanza responsable dicta que los gastos no relacionados se deben debatir por separado y por sus propios méritos. Existen algunas propuestas en el plan Biden que yo mismo respaldo. Pero como está estructurado actualmente, el gasto federal desplazaría al gasto privado y de los gobiernos locales, con un riesgo sustancial de que se produzcan despilfarros en el camino.
Los políticos que buscan más gasto y más regulación apuestan a la capacidad limitada de la población para sortear los detalles de gigantescos proyectos de ley sobre asuntos distintos. Al hacerlo, tienden a prestarle poca atención a las leyes de menores retornos y consecuencias no intencionadas. Pero deberíamos recordar que la crisis financiera de 2008 siguió a un período de ingeniería social serial por parte del gobierno federal (a través de mandatos bancarios, subsidios hipotecarios de alto riesgo y otras medidas) destinada a promover la propiedad de viviendas.
STANFORD – Si bien el plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares del presidente norteamericano, Joe Biden, sería muy superior que otros proyectos de ley previos de este tipo, sólo alrededor de un tercio del plan respondería a una definición inclusive amplia de “infraestructura”. Por otra parte, el paquete se suma a los más de 5 billones de dólares que ya se gastaron en alivio y estímulo por el COVID-19 desde marzo pasado, y pronto será seguido por promesas de un gasto aún mayor en el corto plazo. ¿Qué podría salir mal?
Muchas cosas. La gobernanza responsable dicta que los gastos no relacionados se deben debatir por separado y por sus propios méritos. Existen algunas propuestas en el plan Biden que yo mismo respaldo. Pero como está estructurado actualmente, el gasto federal desplazaría al gasto privado y de los gobiernos locales, con un riesgo sustancial de que se produzcan despilfarros en el camino.
Los políticos que buscan más gasto y más regulación apuestan a la capacidad limitada de la población para sortear los detalles de gigantescos proyectos de ley sobre asuntos distintos. Al hacerlo, tienden a prestarle poca atención a las leyes de menores retornos y consecuencias no intencionadas. Pero deberíamos recordar que la crisis financiera de 2008 siguió a un período de ingeniería social serial por parte del gobierno federal (a través de mandatos bancarios, subsidios hipotecarios de alto riesgo y otras medidas) destinada a promover la propiedad de viviendas.