MADRID – Europa es ante todo libertad, paz y progreso. Debemos caminar con esos valores y hacer de Europa el modelo más avanzado de integración y justicia social, que proteja a nuestros ciudadanos. La Europa a la que aspiramos, la Europa que necesitamos, la Europa que construimos, se basa en la estabilidad democrática de nuestros Estados y no puede aceptar la quiebra unilateral de su integridad. La Europa que admiramos se ha forjado frente a los nacionalismos excluyentes y los extremismos que superponen identidades al principio de igualdad de todos los ciudadanos. Por eso, hoy el desafío del separatismo en Cataluña, construido contra nuestro marco constitucional y silenciando a la mayoría de catalanes contrarios a la independencia, es también un desafío a Europa y a los europeos. Preservar esos valores en Cataluña hoy es proteger la Europa abierta y democrática que defendemos.
En 1978 España se dio a sí misma una Constitución plenamente democrática. Lo hizo con el apoyo de casi el 88% de los votos emitidos en una jornada histórica. En Cataluña el respaldo fue ejemplar e incluso mayor, tanto en términos de voto afirmativo, con un 90,5%, como en términos de participación. España superaba así la larga sombra de una terrible dictadura y se entregó a la tarea de consolidar los cimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho hoy equiparable a los más avanzados de Europa Occidental. No sólo se recuperaban las libertades por la que habían luchado españoles de diferentes ideologías, muchos de ellos catalanes. También se daba una respuesta innovadora y avanzada a la diversidad territorial de España como un auténtico valor digno de ser reconocido.
Cuarenta años después, el “Índice de la democracia”, publicado por The Economist, consideraba a España una de las 20 democracias plenas en el mundo. España es hoy el segundo país más descentralizado de Europa, y Cataluña una de las regiones con mayor nivel de autogobierno del continente, con amplias potestades y ejecutivas sobre materias tan sensibles como los medios de comunicación públicos, sanidad, educación o instituciones penitenciarias.
MADRID – Europa es ante todo libertad, paz y progreso. Debemos caminar con esos valores y hacer de Europa el modelo más avanzado de integración y justicia social, que proteja a nuestros ciudadanos. La Europa a la que aspiramos, la Europa que necesitamos, la Europa que construimos, se basa en la estabilidad democrática de nuestros Estados y no puede aceptar la quiebra unilateral de su integridad. La Europa que admiramos se ha forjado frente a los nacionalismos excluyentes y los extremismos que superponen identidades al principio de igualdad de todos los ciudadanos. Por eso, hoy el desafío del separatismo en Cataluña, construido contra nuestro marco constitucional y silenciando a la mayoría de catalanes contrarios a la independencia, es también un desafío a Europa y a los europeos. Preservar esos valores en Cataluña hoy es proteger la Europa abierta y democrática que defendemos.
En 1978 España se dio a sí misma una Constitución plenamente democrática. Lo hizo con el apoyo de casi el 88% de los votos emitidos en una jornada histórica. En Cataluña el respaldo fue ejemplar e incluso mayor, tanto en términos de voto afirmativo, con un 90,5%, como en términos de participación. España superaba así la larga sombra de una terrible dictadura y se entregó a la tarea de consolidar los cimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho hoy equiparable a los más avanzados de Europa Occidental. No sólo se recuperaban las libertades por la que habían luchado españoles de diferentes ideologías, muchos de ellos catalanes. También se daba una respuesta innovadora y avanzada a la diversidad territorial de España como un auténtico valor digno de ser reconocido.
Cuarenta años después, el “Índice de la democracia”, publicado por The Economist, consideraba a España una de las 20 democracias plenas en el mundo. España es hoy el segundo país más descentralizado de Europa, y Cataluña una de las regiones con mayor nivel de autogobierno del continente, con amplias potestades y ejecutivas sobre materias tan sensibles como los medios de comunicación públicos, sanidad, educación o instituciones penitenciarias.