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La regulación tecnológica de Europa no es una política económica

BRUSELAS – “¿Cómo han logrado dominar a las Grandes Tecnológicas?”, preguntó la senadora norteamericana Elizabeth Warren en una visita reciente al Parlamento Europeo. En medio de una ráfaga de documentos, conferencias y talleres que anuncian el despertar de una nueva era en materia de observancia tecnológica, el “efecto Bruselas” ya se está mencionando de nuevo.

Sin embargo, si bien es remarcable que Europa haya sancionado una legislación histórica para moderar el contenido online e impulsar la aplicación de la normativa antimonopolio en tiempo récord -un hito democrático-, ¿de qué pueden servir estas medidas? ¿Y qué rol desempeñarán en las agendas de política económica que se les ofrecerán a los votantes en las elecciones del Parlamento Europeo de 2024?

Nadie ha articulado cómo se define el éxito de la Ley de Mercados Digitales (LMD), una legislación insignia. El mantra de “equidad y competitividad” ha generado numerosos documentos académicos sin ningún impacto real. “Yo me contentaría con que el proceso fuera correcto”, me dijo un alto funcionario de la competencia. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo final de este “proceso”? A pesar de todos los esfuerzos de la Unión Europea por convertirse en el policía digital del mundo, el dividendo sigue siendo difuso. Más allá de las proclamaciones frívolas de los responsables de las políticas de “domesticar” a las Grandes Tecnológicas, la LMD enfrenta, por lo menos, cuatro obstáculos importantes.

Primero, las reglas reproducen categorías del derecho de competencia retrógrado de la UE que han demostrado ser ineficientes, ya que no lograron abordar los modelos e incentivos comerciales subyacentes. El problema con los monopolios suele residir en la extracción de renta y en sus implicancias antidemocráticas. Llevamos más de diez años de casos auto-preferenciales fallidos en Europa que no han producido ningún cambio significativo, y darles un marco a las nuevas reglas en términos de casos de antimonopolio heredados (fallidos) encaminará el esfuerzo en la dirección equivocada. Apadrinar un precedente limitado de la ley de competencia en la LMD probablemente genere beneficios limitados.

Segundo, inclusive si la LMD puede brindarles a las empresas más pequeñas y a los nuevos participantes cierto acceso a estructuras verticales anteriormente cerradas, no alterará la “infraestructura” fundacional de las plataformas tecnológicas ni dispersará el poder económico de los participantes afianzados. Vale como ejemplo que hasta la regulación de las telecomunicaciones, aclamada como un logro importante en Europa, facilitara solo una competencia a nivel minorista porque dejó intactas las infraestructuras cuasi monopólicas. Y, como ha observado Daron Acemoglu del MIT, los esfuerzos regulatorios que preservan los modelos y las infraestructuras comerciales también dejan el control de la trayectoria de la innovación en manos de los actores establecidos.

Tercero, la campaña de “domesticación” de las Grandes Tecnológicas invariablemente conducirá a una serie de apelaciones judiciales y demandas legales privadas que, probablemente, demoren una década en materializarse. Si bien podría haber un “efecto LMD” indirecto, debido a una fatiga ejecutiva y al cambio del foco tecnológico y comercial hacia la inteligencia artificial y la realidad virtual y aumentada, el impacto directo puede ser acotado.

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Por último, el principal problema de Europa en materia de tecnología sigue siendo la falta de innovación autóctona y de inversión doméstica. Si bien algunos esperan que una regulación más estricta libere la competencia y catalice las inversiones tecnológicas, las perspectivas de que esto suceda son escasas. Esto será particularmente así si seguimos considerando como objetivos la eficiencia y el bienestar de los consumidores. Estados Unidos, preocupado por China, busca lograr objetivos más amplios, que incluyen la resiliencia económica y la autonomía estratégica. ¿De qué manera la regulación digital ayudará a Europa a evitar su difícil situación actual?

En medio de la policrisis de hoy, las políticas económicas se están repensando de manera fundamental. La administración del presidente norteamericano, Joe Biden, rechazó la eficiencia y el bienestar de los consumidores como los principios centrales de la regulación económica y está revitalizando la política industrial y el comercio administrado. Como ha observado el economista de Harvard Dani Rodrik, el creciente reconocimiento de que 30 años de híper-globalización enfatizaron “los intereses de las grandes empresas conectadas políticamente”, manteniendo al mismo tiempo a la mano de obra “atrapada detrás de fronteras”, ha motivado un cambio de paradigma. Como resultado de ello, los economistas también están repensando la política industrial, viéndola no como “encerrada en sí misma y proteccionista”, sino como “orientada hacia afuera” -no limitada al “instrumento clásico de los subsidios” sino en “colaboración iterativa” entre gobiernos y empresas para combatir la “desindustrialización”.

Como explicó a comienzos de este año el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, “El juego ya no es el mismo”. La administración ahora está dedicada a construir resiliencia, fomentar la innovación y mejorar las oportunidades económicas y la movilidad de los trabajadores.

La revitalización de la política antimonopolio ha estado en el corazón de esta estrategia. En junio, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que “priorizar y perseguir el patrón de bienestar de los consumidores en la política de competencia ha llevado a la consolidación y al predominio descontrolado en nuestro mercado interno”. Los responsables de las políticas económicas de Estados Unidos se han alejado de la “liberalización y la búsqueda de eficiencia y de bajos costos” y hoy hacen hincapié en “aumentar los estándares”, “impulsar la sustentabilidad” y “alentar una prosperidad más inclusiva en el país y en el exterior”. 

Europa es cautelosa respecto del cambio. Sospecha que es proteccionismo lobuno disfrazado de oveja. En el discurso de 2021 en el que bosquejó la estrategia “de todo el gobierno” de su administración, Biden destacó la interconexión entre las políticas comerciales, industriales y antimonopolio. Europa no puede permanecer atascada en el paradigma obsoleto que ve al antimonopolio como una isla tecnocrática y un baluarte contra la aparición de “paladines nacionales”. Las élites regulatorias europeas necesitan entender que el antimonopolio que practican hoy dista de ser “puro” o “neutral”. Por el contrario, es el producto del giro neoliberal de los años 1980. Hoy en día, las autoridades norteamericanas insisten en que el antimonopolio también tiene un rol importante que desempeñar a fin de alcanzar un objetivo diferente: no eficiencia sino oportunidades. 

Europa necesita su propia agenda para las elecciones de 2024. “Dominar a las Grandes Tecnológicas” no es un objetivo alcanzable a través de la LMD. Si bien cualquier progreso que genere será bienvenido, no mellará el poder económico y político de los guardianes digitales. Fundamentalmente, la LMD por sí sola no catalizará la innovación europea ni alimentará las inversiones tecnológicas. Perseguir a los guardianes digitales con reglas basadas en principios antiguos de la ley de competencia difícilmente sea un manifiesto electoral.

Por el contrario, Europa necesita objetivos afirmativos: planes para construir infraestructuras digitales públicas, hacer cumplir la protección de datos y alentar la innovación creando incentivos para la inversión doméstica y financiando empresas nuevas que no sean vasallos de los actores ya consolidados. Las autoridades europeas también deberían ser menos permisivas en cuanto a las adquisiciones y más vigilantes en contra de que los gigantes digitales establecidos protejan su poder en el terreno de la IA mediante acuerdos que son fusiones en todo menos en el nombre.

Entre los múltiples cambios de paradigma, el antimonopolio y la regulación tienen un papel mucho más amplio que desarrollar más allá de implementar las reglas de la LMD. También deberían respaldar los objetivos industriales y una agenda económica más democrática.

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