Washington D. C. – Cuando Edmundo —un reciclador informal peruano— enfermó de COVID-19, tuvo que pedir un crédito bancario para pagar la visita a la clínica. Muchos de sus colegas también se contagiaron y no tuvieron más remedio que endeudarse: desesperados, buscaron créditos, agotaron sus ahorros, y vendieron su tierra y posesiones para pagar la atención médica y los medicamentos recetados.
Los trabajadores informales como Edmundo (cambiamos su nombre por razones de privacidad) brindan un servicio público fundamental: el reciclado de residuos sólidos en localidades urbanas. Desde la ciudad de Nueva York hasta Bangkok, aportan a las economías locales y nacionales, mejoran la salud pública y fomentan la sostenibilidad ambiental.
Pero aunque los trabajadores informales, como estos recolectores de residuos, constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo mundial, carecen de cobertura de salud, pensiones y cualquier tipo de protección social. En los últimos años los confinamientos y trastornos en la cadena de aprovisionamiento por la COVID-19, sumados a la presión inflacionaria, destruyeron los ingresos de muchos de ellos. Muchos sufren dificultades financieras y enfrentan continuas amenazas a la salud, la seguridad y el sustento.
La naturaleza precaria del empleo informal, sumada a condiciones de trabajo que suelen ser peligrosas, lleva a que los trabajadores informales resulten especialmente vulnerables a los riesgos sanitarios. Pero a pesar de estar más expuestos a lesiones y enfermedades, muchos de ellos tienen dificultades para cubrir el creciente costo de la atención sanitaria. Debido a que carecen de una cobertura financiera adecuada, a menudo se ven obligados a pagar directamente por las consultas médicas, los medicamentos y los viajes a clínicas y hospitales.
Una encuesta reciente a camboyanos que trabajan en sus hogares, llevada a cabo por Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) y HomeNet Camboya, halló que los costos del cuidado de la salud son el motivo de endeudamiento más frecuente para los trabajadores informales. De manera similar, en Nagaland, India, el costo de una consulta en una clínica representa tres semanas del ingreso típico de los trabajadores domésticos. De esos trabajadores, el 70 % tuvo que pedir un crédito para financiar su última consulta médica, y un porcentaje similar afirmó que el alto costo de bolsillo los obligó a retrasar cuidados médicos fundamentales.
Los últimos cambios en las políticas no favorecen el optimismo, a pesar de los aumentos iniciales del gasto público durante las primeras etapas de la pandemia, la guerra de Ucrania y las presiones inflacionarias desataron una nueva ola de medidas de austeridad. Según un informe reciente de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (EURODAD), 16 gobiernos —7 en el mundo desarrollado y 9 en países con altos ingresos— están considerando recortar el gasto en salud. De igual modo, se prevé que la mayoría de los países con ingresos medios reducirán el gasto gubernamental. Y casi el 90 % de los créditos que otorgó el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia a países como Nepal y Nigeria estuvieron vinculados a la implementación de medidas de austeridad.
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La actual ola de austeridad pone en riesgo la salud mental y física de los trabajadores más vulnerables en todo el mundo. Los estudios han demostrado que los programas de ajuste estructural del FMI exacerbaron las desigualdades sanitarias en el Sur Global, donde vive la mayoría de los trabajadores informales. Dado que las mujeres y niñas —que representan la mayor parte de los pobres trabajadores— suelen ser las más afectadas por esas medidas, la campaña actual de austeridad también tiene implicaciones de gran alcance para la igualdad de género.
Pero la austeridad no es necesaria ni inevitable. Si aumentan los impuestos a las corporaciones y los ultrarricos, enfrentan la corrupción financiera y reestructuran la deuda soberana, los gobiernos pueden seguir financiando los servicios públicos esenciales. No hay motivos para permitir que quienes ocupan la cima de la pirámide económica embolsen fortunas por ganancias récord mientras quienes están en la base se ven agobiados por las crisis económicas, sanitarias y sociales.
Las crisis de salud y deuda que asolan a los trabajadores informales se interrelacionan y refuerzan mutuamente. Si bien la economía informal representa en promedio el 35 % del PBI de los países con ingresos bajos y medios, y genera la mayor parte del empleo no agrícola en países como la India y Tailandia, no se reconoce a quienes trabajan en ella como partes interesadas clave que podrían contribuir a la recuperación mundial. Más aún, el debate actual ignora la amenaza que las políticas de austeridad implican para el sustento de millones de personas en todo el mundo.
Pero es un hecho que nuestras economías dependen del bienestar colectivo de 2000 millones de trabajadores informales y que muchos de ellos sufren dificultades debido al aumento del costo de la atención sanitaria. Los líderes políticos y los responsables de las políticas de desarrollo deben atender con urgencia a la crisis de la deuda sanitaria antes de que se salga de control. Para lograr una recuperación económica mundial equitativa debemos rechazar las falsas promesas y los resultados imperfectos de la austeridad fiscal, e invertir en una atención sanitaria de alta calidad, asequible y accesible para todos.
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Donald Trump’s attempt to reindustrialize the US economy by eliminating trade deficits will undoubtedly cause pain and disruption on a massive scale. But it is important to remember that both major US political parties have abandoned free trade in pursuit of similar goals.
argues that America’s protectionist policies reflect a global economic reordering that was already underway.
Donald Trump and Elon Musk's reign of disruption is crippling research universities’ ability to serve as productive partners in innovation, thus threatening the very system that they purport to celebrate. The Chinese, who are increasingly becoming frontier innovators in their own right, will be forever grateful.
warns that the pillars of US dynamism and competitiveness are being systematically toppled.
Washington D. C. – Cuando Edmundo —un reciclador informal peruano— enfermó de COVID-19, tuvo que pedir un crédito bancario para pagar la visita a la clínica. Muchos de sus colegas también se contagiaron y no tuvieron más remedio que endeudarse: desesperados, buscaron créditos, agotaron sus ahorros, y vendieron su tierra y posesiones para pagar la atención médica y los medicamentos recetados.
Los trabajadores informales como Edmundo (cambiamos su nombre por razones de privacidad) brindan un servicio público fundamental: el reciclado de residuos sólidos en localidades urbanas. Desde la ciudad de Nueva York hasta Bangkok, aportan a las economías locales y nacionales, mejoran la salud pública y fomentan la sostenibilidad ambiental.
Pero aunque los trabajadores informales, como estos recolectores de residuos, constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo mundial, carecen de cobertura de salud, pensiones y cualquier tipo de protección social. En los últimos años los confinamientos y trastornos en la cadena de aprovisionamiento por la COVID-19, sumados a la presión inflacionaria, destruyeron los ingresos de muchos de ellos. Muchos sufren dificultades financieras y enfrentan continuas amenazas a la salud, la seguridad y el sustento.
La naturaleza precaria del empleo informal, sumada a condiciones de trabajo que suelen ser peligrosas, lleva a que los trabajadores informales resulten especialmente vulnerables a los riesgos sanitarios. Pero a pesar de estar más expuestos a lesiones y enfermedades, muchos de ellos tienen dificultades para cubrir el creciente costo de la atención sanitaria. Debido a que carecen de una cobertura financiera adecuada, a menudo se ven obligados a pagar directamente por las consultas médicas, los medicamentos y los viajes a clínicas y hospitales.
Una encuesta reciente a camboyanos que trabajan en sus hogares, llevada a cabo por Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) y HomeNet Camboya, halló que los costos del cuidado de la salud son el motivo de endeudamiento más frecuente para los trabajadores informales. De manera similar, en Nagaland, India, el costo de una consulta en una clínica representa tres semanas del ingreso típico de los trabajadores domésticos. De esos trabajadores, el 70 % tuvo que pedir un crédito para financiar su última consulta médica, y un porcentaje similar afirmó que el alto costo de bolsillo los obligó a retrasar cuidados médicos fundamentales.
Los últimos cambios en las políticas no favorecen el optimismo, a pesar de los aumentos iniciales del gasto público durante las primeras etapas de la pandemia, la guerra de Ucrania y las presiones inflacionarias desataron una nueva ola de medidas de austeridad. Según un informe reciente de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (EURODAD), 16 gobiernos —7 en el mundo desarrollado y 9 en países con altos ingresos— están considerando recortar el gasto en salud. De igual modo, se prevé que la mayoría de los países con ingresos medios reducirán el gasto gubernamental. Y casi el 90 % de los créditos que otorgó el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia a países como Nepal y Nigeria estuvieron vinculados a la implementación de medidas de austeridad.
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La actual ola de austeridad pone en riesgo la salud mental y física de los trabajadores más vulnerables en todo el mundo. Los estudios han demostrado que los programas de ajuste estructural del FMI exacerbaron las desigualdades sanitarias en el Sur Global, donde vive la mayoría de los trabajadores informales. Dado que las mujeres y niñas —que representan la mayor parte de los pobres trabajadores— suelen ser las más afectadas por esas medidas, la campaña actual de austeridad también tiene implicaciones de gran alcance para la igualdad de género.
Pero la austeridad no es necesaria ni inevitable. Si aumentan los impuestos a las corporaciones y los ultrarricos, enfrentan la corrupción financiera y reestructuran la deuda soberana, los gobiernos pueden seguir financiando los servicios públicos esenciales. No hay motivos para permitir que quienes ocupan la cima de la pirámide económica embolsen fortunas por ganancias récord mientras quienes están en la base se ven agobiados por las crisis económicas, sanitarias y sociales.
Las crisis de salud y deuda que asolan a los trabajadores informales se interrelacionan y refuerzan mutuamente. Si bien la economía informal representa en promedio el 35 % del PBI de los países con ingresos bajos y medios, y genera la mayor parte del empleo no agrícola en países como la India y Tailandia, no se reconoce a quienes trabajan en ella como partes interesadas clave que podrían contribuir a la recuperación mundial. Más aún, el debate actual ignora la amenaza que las políticas de austeridad implican para el sustento de millones de personas en todo el mundo.
Pero es un hecho que nuestras economías dependen del bienestar colectivo de 2000 millones de trabajadores informales y que muchos de ellos sufren dificultades debido al aumento del costo de la atención sanitaria. Los líderes políticos y los responsables de las políticas de desarrollo deben atender con urgencia a la crisis de la deuda sanitaria antes de que se salga de control. Para lograr una recuperación económica mundial equitativa debemos rechazar las falsas promesas y los resultados imperfectos de la austeridad fiscal, e invertir en una atención sanitaria de alta calidad, asequible y accesible para todos.
Traducción al español por Ant-Translation