Todos los días, la globalización nos manda duros recordatorios de que la eficiencia frecuentemente viene acompañada por una brutalidad desmedida. En efecto, las inversiones en países pobres que hacen que los productos de alta calidad a costos cada vez menores sean posibles traen consigo una larga cadena de abusos bien documentados: mano de obra infantil, ambientes insalubres, jornadas largas y extenuantes, salarios de miseria, discriminación, depredación sexual y la supresión de las libertades de expresión y asociación. Estas condiciones (que a veces recuerdan a la esclavitud abierta y que provocan furia cada vez que se dan a conocer) subrayan la necesidad de mejorar y hacer cumplir de manera efectiva la regulación de los mercados laborales globales. La pregunta crucial no es si hay que proteger a los trabajadores vulnerables, sino cómo. Una respuesta es dar seguimiento y hacer cumplir las reglas uniformes tales como los patrones globales ”centrales” de trabajo que adoptó recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero, ¿pueden las reglas fijas verdaderamente mantener el ritmo de los cambios interminables de la producción dentro de las empresas y a través de las cadenas de la oferta? ¿Se pueden utilizar reglas ”unitalla” para abordar las condiciones de trabajo en el mundo en desarrollo y sus economías frecuentemente informales? Aun en los países avanzados, donde las burocracias funcionan bien, las reglas laborales se relajan en favor de una mayor flexibilidad, mientras que el crecimiento del trabajo en casa y otras formas de empleo frustran la legislación existente. Peor aún, en aquellos países donde el desarrollo es el problema central, los patrones universales pueden tener consecuencias funestas. Por ejemplo, prohibir el trabajo infantil puede lograr que los niños salgan de las fábricas sólo para hundirlos más en la pobreza o llevarlos a la industria del sexo. En forma más amplia, las reglas fijas no sólo apestan a proteccionismo, sino que pueden provocar que los abusos sean más difíciles de detectar al promover que las empresas se sumerjan en la clandestinidad. Una alternativa para la reglamentación convencional es movilizar la presión pública sobre las compañías multinacionales a fin de que adopten códigos voluntarios de conducta para sus operaciones globales. Los incentivos son claros: alrededor de tres cuartas partes de quienes participaron en unas encuestas de opinión que se llevaron a cabo recientemente en EU dijeron que no comprarían en tiendas que vendieran productos fabricados en condiciones de explotación, y más del 80% pagarían precios más altos si tuvieran la seguridad de que la ropa se fabrica en condiciones decentes. Mucho de esto lo comparten los consumidores europeos. Cinco organizaciones recientemente establecidas (”SA8000”, el ”Consorcio de los Derechos de los Trabajadores” y la ”Asociación para el Trabajo Justo” en EU, la ”Iniciativa por el Comercio Etico” del Reino Unido y la ”Campaña por la Ropa Limpia” de Europa) responden a esta tendencia de consumismo ético. Estas agrupaciones diseñan modelos de códigos de conducta (frecuentemente basados en los patrones centrales de la OIT) y ofrecen monitoreo imparcial, utilizando empresas de contabilidad y asesoría, organizaciones no gubernamentales locales y sindicatos para verificar su cumplimiento. Por supuesto, este enfoque tiene sus límites. Mientras que los códigos voluntarios generan patrones
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