WASHINGTON, DC – Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y otras grandes corporaciones de la economía gig, o bajo demanda, una vez más buscan la bendición de la ley en Estados Unidos para sus prácticas de empleo inescrupulosas. De cara a la elección de noviembre, estas empresas han propuesto varias iniciativas electorales en Massachusetts que las empoderarían para clasificar a los conductores y a los repartidores como contratistas independientes en lugar de empleados. (El Open Markets Institute, donde trabajo, presentó un escrito amicus en respaldo de una impugnación de la constitucionalidad de las cuestiones electorales). Como sucedió con la Propuesta 22 en California en 2020, Uber y otras empresas probablemente gastarán pródigamente para convencer a los votantes de que estas medidas beneficiarían a los trabajadores afectados y a la población por igual.
Si los votantes de Massachusetts respaldan las iniciativas electorales en noviembre, estas empresas tendrían la libertad de privar a los trabajadores de derechos y beneficios de empleo básicos, entre ellos salarios mínimos, pago de horas extra, compensación de los trabajadores y seguro de desempleo. También les daría a los empleadores en la economía gig una ventaja competitiva importante -y manifiestamente injusta- en relación con los competidores, y degradaría los estándares del mercado laboral. En lugar de alentar este modelo de negocios explotador, los responsables de las políticas estatales y federales deberían obligar a estas empresas a cumplir con las leyes que rigen para todos los empleadores.
Las compañías gig han calificado erróneamente a su fuerza de trabajo principal desde el principio, violando abiertamente la ley o explotando sus ambigüedades. Uber y Lyft, por ejemplo, han insistido frente a los reguladores y a la población en que sus conductores son contratistas independientes y, por lo tanto, no cuentan con los derechos y las protecciones de los empleados, incluida la libertad para organizarse. Estas empresas conservan el control de un empleador -Uber les dice a sus conductores a quién recoger y qué rutas tomar, y fija sus tarifas-renunciando, al mismo tiempo, a las responsabilidades y costos de ser un empleador.
El proceso de iniciativas electorales podría despejar la nube legal que se cierne sobre las corporaciones gig -al menos en Massachusetts, donde parecen violar las leyes laborales favorables a los trabajadores-. En 2020, la entonces procuradora general Maura Healey (que hoy es gobernadora del estado) demandó a Uber y Lyft, con el argumento de que clasificaban erróneamente a los conductores como contratistas independientes y les negaban ilegalmente el salario mínimo y el pago de horas extra. El proceso del caso acaba de comenzar.
Codificar la clasificación de los conductores, compradores y repartidores de las empresas gig como contratistas independientes causaría un daño sustancial. Por empezar, los trabajadores gig serían privados formalmente de los derechos de empleo. A pesar de estar clasificados erróneamente, hoy en día pueden apelar a un recurso legal bajo la ley de Massachusetts si no reciben el pago del arancel mínimo de 15 dólares por hora establecido por el estado. Asimismo, los trabajadores gig no tendrían derecho al seguro de desempleo si perdieran su trabajo, o a una compensación si resultaran heridos o atacados durante las horas en que trabajan.
No se trata simplemente de daños teóricos. Muchos, si no la mayoría, de los conductores de Uber y Lyft ganan menos del salario mínimo aplicable después de considerar los costos de su vehículo, el combustible y el seguro. Muchos trabajadores gig perdieron su ingreso durante la pandemia del COVID-19. Los conductores de taxis y repartidores suelen ser atacados o resultan heridos mientras están trabajando. Según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales, el transporte y el reparto son la línea de trabajo más peligrosa en Estados Unidos, con 1.620 muertes registradas en 2022. Privar a los trabajadores gig de las protecciones básicas tendría consecuencias graves para un grupo conformado desproporcionadamente por inmigrantes y gente de color.
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Lo que las empresas gig pretenden en Massachusetts y otras partes es una ventaja competitiva permanente sobre sus competidores que deben cumplir con las leyes de empleo del estado. Las empresas que clasifican mal a los trabajadores como contratistas independientes y, por ende, evaden sus responsabilidades como empleadores, ahorran aproximadamente un 20-40% de los costos laborales. Uber, Lyft y DoorDash ya cuentan con esta ventaja. Los competidores a quienes se les exige clasificar a sus trabajadores como empleados seguirían teniendo que pagarles a sus trabajadores un salario digno y aportar a la red de seguridad social estatal. Las empresas de taxis que emplean a conductores y los restaurantes y supermercados que hacen reparto de alimentos ya han perdido una participación de mercado sustancial frente a las compañías gig que vienen violando desde hace rato las leyes de empleo, y que pudieron funcionar a pérdida durante años. Las iniciativas electorales propuestas legalizarían esta competencia injusta.
La injusticia es evidente: un restaurante que emplea a un conductor para repartir comida se vería obligado a pagarle al menos 15 dólares por hora, mientras que DoorDash, si entrega la misma comida desde el mismo restaurante, podría legalmente pagarle menos a su conductor. Cuando el Congreso sancionó la ley de salario mínimo nacional y horas extras en 1938, catalogóel pago a los trabajadores de salarios inferiores al pago mínimo como “un método injusto de competencia”.
Por último, si tienen éxito, las iniciativas electorales propuestas provocarían una carrera hacia el abismo. Con el tiempo, las empresas gig capturarían una participación de mercado aún mayor a través de sus prácticas laborales perniciosas, y emplearían a más trabajadores que carecen de protecciones fundamentales. Sus competidores se enfrentarían a la opción de cumplir con la ley y, potencialmente, terminar quebrando, o llevar a cabo prácticas como el robo de salarios para seguir siendo competitivos. Aunque ostensiblemente limitadas, estas medidas, en definitiva, podrían minar los estándares sólidos del mercado laboral de Massachusetts.
Las iniciativas electorales propuestas representan un esfuerzo insidioso de parte de las corporaciones gig por legalizar sus modelos de negocios ilegales. Si bien una derrota en las urnas -o en la corte- podría obligar a estas empresas a cambiar el rumbo de acción en Massachusetts, eso no será suficiente. Los responsables de las políticas estatales y federales deben tomar medidas más contundentes contra estas empresas, que han logrado en gran medida violar las reglas implementadas por las autoridades electas. Han avanzado rápido y han roto cosas, y ahora buscan una validación cuando el daño ya está hecho por el perjuicio que han causado. El gobierno debería decir basta: nadie, ni siquiera Uber, está por encima de la ley.
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Increasingly severe water shortages represent a human-made crisis that can be resolved through human interventions. The situation demands new thinking about the economics of this critical resource and how to manage it through mission-oriented strategies that span all levels of governance.
call attention to a global problem that demands far more attention from policymakers at all levels.
Although Kamala Harris is largely aligned with Joe Biden on many global and strategic issues, her unique worldview promises a distinct form of leadership on the international stage. Not only would US foreign policy shift under a Harris administration; it could change in highly consequential ways.
considers how the Democratic presidential nominees' views compare to Joe Biden's.
WASHINGTON, DC – Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y otras grandes corporaciones de la economía gig, o bajo demanda, una vez más buscan la bendición de la ley en Estados Unidos para sus prácticas de empleo inescrupulosas. De cara a la elección de noviembre, estas empresas han propuesto varias iniciativas electorales en Massachusetts que las empoderarían para clasificar a los conductores y a los repartidores como contratistas independientes en lugar de empleados. (El Open Markets Institute, donde trabajo, presentó un escrito amicus en respaldo de una impugnación de la constitucionalidad de las cuestiones electorales). Como sucedió con la Propuesta 22 en California en 2020, Uber y otras empresas probablemente gastarán pródigamente para convencer a los votantes de que estas medidas beneficiarían a los trabajadores afectados y a la población por igual.
Si los votantes de Massachusetts respaldan las iniciativas electorales en noviembre, estas empresas tendrían la libertad de privar a los trabajadores de derechos y beneficios de empleo básicos, entre ellos salarios mínimos, pago de horas extra, compensación de los trabajadores y seguro de desempleo. También les daría a los empleadores en la economía gig una ventaja competitiva importante -y manifiestamente injusta- en relación con los competidores, y degradaría los estándares del mercado laboral. En lugar de alentar este modelo de negocios explotador, los responsables de las políticas estatales y federales deberían obligar a estas empresas a cumplir con las leyes que rigen para todos los empleadores.
Las compañías gig han calificado erróneamente a su fuerza de trabajo principal desde el principio, violando abiertamente la ley o explotando sus ambigüedades. Uber y Lyft, por ejemplo, han insistido frente a los reguladores y a la población en que sus conductores son contratistas independientes y, por lo tanto, no cuentan con los derechos y las protecciones de los empleados, incluida la libertad para organizarse. Estas empresas conservan el control de un empleador -Uber les dice a sus conductores a quién recoger y qué rutas tomar, y fija sus tarifas-renunciando, al mismo tiempo, a las responsabilidades y costos de ser un empleador.
El proceso de iniciativas electorales podría despejar la nube legal que se cierne sobre las corporaciones gig -al menos en Massachusetts, donde parecen violar las leyes laborales favorables a los trabajadores-. En 2020, la entonces procuradora general Maura Healey (que hoy es gobernadora del estado) demandó a Uber y Lyft, con el argumento de que clasificaban erróneamente a los conductores como contratistas independientes y les negaban ilegalmente el salario mínimo y el pago de horas extra. El proceso del caso acaba de comenzar.
Codificar la clasificación de los conductores, compradores y repartidores de las empresas gig como contratistas independientes causaría un daño sustancial. Por empezar, los trabajadores gig serían privados formalmente de los derechos de empleo. A pesar de estar clasificados erróneamente, hoy en día pueden apelar a un recurso legal bajo la ley de Massachusetts si no reciben el pago del arancel mínimo de 15 dólares por hora establecido por el estado. Asimismo, los trabajadores gig no tendrían derecho al seguro de desempleo si perdieran su trabajo, o a una compensación si resultaran heridos o atacados durante las horas en que trabajan.
No se trata simplemente de daños teóricos. Muchos, si no la mayoría, de los conductores de Uber y Lyft ganan menos del salario mínimo aplicable después de considerar los costos de su vehículo, el combustible y el seguro. Muchos trabajadores gig perdieron su ingreso durante la pandemia del COVID-19. Los conductores de taxis y repartidores suelen ser atacados o resultan heridos mientras están trabajando. Según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales, el transporte y el reparto son la línea de trabajo más peligrosa en Estados Unidos, con 1.620 muertes registradas en 2022. Privar a los trabajadores gig de las protecciones básicas tendría consecuencias graves para un grupo conformado desproporcionadamente por inmigrantes y gente de color.
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La injusticia es evidente: un restaurante que emplea a un conductor para repartir comida se vería obligado a pagarle al menos 15 dólares por hora, mientras que DoorDash, si entrega la misma comida desde el mismo restaurante, podría legalmente pagarle menos a su conductor. Cuando el Congreso sancionó la ley de salario mínimo nacional y horas extras en 1938, catalogóel pago a los trabajadores de salarios inferiores al pago mínimo como “un método injusto de competencia”.
Por último, si tienen éxito, las iniciativas electorales propuestas provocarían una carrera hacia el abismo. Con el tiempo, las empresas gig capturarían una participación de mercado aún mayor a través de sus prácticas laborales perniciosas, y emplearían a más trabajadores que carecen de protecciones fundamentales. Sus competidores se enfrentarían a la opción de cumplir con la ley y, potencialmente, terminar quebrando, o llevar a cabo prácticas como el robo de salarios para seguir siendo competitivos. Aunque ostensiblemente limitadas, estas medidas, en definitiva, podrían minar los estándares sólidos del mercado laboral de Massachusetts.
Las iniciativas electorales propuestas representan un esfuerzo insidioso de parte de las corporaciones gig por legalizar sus modelos de negocios ilegales. Si bien una derrota en las urnas -o en la corte- podría obligar a estas empresas a cambiar el rumbo de acción en Massachusetts, eso no será suficiente. Los responsables de las políticas estatales y federales deben tomar medidas más contundentes contra estas empresas, que han logrado en gran medida violar las reglas implementadas por las autoridades electas. Han avanzado rápido y han roto cosas, y ahora buscan una validación cuando el daño ya está hecho por el perjuicio que han causado. El gobierno debería decir basta: nadie, ni siquiera Uber, está por encima de la ley.