NUEVA YORK – Los recientes desafíos a las instituciones y procesos democráticos en Estados Unidos plantean preguntas políticas y legales fundamentales ante las que todas las democracias liberales deben contar con respuestas convincentes. ¿Cuándo deben negarse los líderes militares a seguir las órdenes presidenciales que consideren inconstitucionales? ¿En qué punto asume la policía la responsabilidad por el efecto deslegitimador del racismo? ¿Por qué deben los periodistas poner la verdad por encima de la apariencia de neutralidad? ¿Y cuándo se debe quitar la protección legal a las palabras o imágenes que deliberadamente hacen caso omiso de hechos demostrables?
Los desafíos que enfrenta EE. UU. pueden orientarnos un poco. El general Mark Milley, el oficial militar estadounidense de más alto rango, pidió disculpas por haber participado en la arrogante caminata del presidente Donald Trump a través de Lafayette Square, en Washington D. C. No solo se usaron balas de goma y gas lacrimógeno para liberar al área de manifestantes pacíficos, sino que Trump utilizó obviamente a los militares como títeres en la política interna.
De manera similar, hay motivos para coincidir con el jefe de policía de Detroit, James Craig, cuando usó la palabra «asesinato» para describir la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado, a manos de la policía de Mineápolis. El oficial agresor y sus tres colegas debieron saber que presionar con la rodilla sobre el cuello de una persona durante más de ocho minutos es suficiente para causar asfixia. En la medida que resulta razonable inferir intencionalidad en tal acto, el homicidio es una acusación justificada (suponiendo que aceptemos la premisa de que las vidas negras importan).
NUEVA YORK – Los recientes desafíos a las instituciones y procesos democráticos en Estados Unidos plantean preguntas políticas y legales fundamentales ante las que todas las democracias liberales deben contar con respuestas convincentes. ¿Cuándo deben negarse los líderes militares a seguir las órdenes presidenciales que consideren inconstitucionales? ¿En qué punto asume la policía la responsabilidad por el efecto deslegitimador del racismo? ¿Por qué deben los periodistas poner la verdad por encima de la apariencia de neutralidad? ¿Y cuándo se debe quitar la protección legal a las palabras o imágenes que deliberadamente hacen caso omiso de hechos demostrables?
Los desafíos que enfrenta EE. UU. pueden orientarnos un poco. El general Mark Milley, el oficial militar estadounidense de más alto rango, pidió disculpas por haber participado en la arrogante caminata del presidente Donald Trump a través de Lafayette Square, en Washington D. C. No solo se usaron balas de goma y gas lacrimógeno para liberar al área de manifestantes pacíficos, sino que Trump utilizó obviamente a los militares como títeres en la política interna.
De manera similar, hay motivos para coincidir con el jefe de policía de Detroit, James Craig, cuando usó la palabra «asesinato» para describir la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado, a manos de la policía de Mineápolis. El oficial agresor y sus tres colegas debieron saber que presionar con la rodilla sobre el cuello de una persona durante más de ocho minutos es suficiente para causar asfixia. En la medida que resulta razonable inferir intencionalidad en tal acto, el homicidio es una acusación justificada (suponiendo que aceptemos la premisa de que las vidas negras importan).