acemoglu57_ChesnotGetty Images_big tech Chesnot/Getty Images

Cómo enmendar la economía de las plataformas

BOSTON – Meta (Facebook), Alphabet (Google), Microsoft, Twitter y algunas otras compañías tecnológicas han llegado a dominar lo que vemos y oímos en Internet, forjando las percepciones que tienen del mundo cientos de millones de personas. En su intención de obtener ingresos publicitarios, sus algoritmos están programados para mostrarnos contenido que llame nuestra atención -incluidos videos extremistas, desinformación y material destinado a estimular la envidia, la inseguridad y la ira-. Con el rápido desarrollo de “grandes modelos de lenguaje” como ChatGPT y Bard, el poder que ejercen las Grandes Tecnológicas en las mentes impresionables no hará más que fortalecerse, con consecuencias potencialmente atemorizantes.

Sin embargo, hay otros desenlaces posibles. Las empresas podrían desplegar la última ola de inteligencia artificial de manera mucho más responsable, y dos casos judiciales actuales sirven como advertencia para quienes persiguen modelos de negocios socialmente destructivos. Pero también necesitamos intervenciones de la política pública para dividir a las compañías tecnológicas más grandes y gravar la publicidad digital. Estos mecanismos políticos pueden ayudar a modificar el modelo de negocios pernicioso de las Grandes Tecnológicas, impidiendo así que las plataformas les inflijan tanto daño emocional a sus usuarios -especialmente a los jóvenes vulnerables.

Los casos judiciales incluyen a Gonzales vs. Google, que hoy tiene en manos la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que está en discusión es la insistencia de la industria tecnológica en que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 exima a las plataformas de cualquier responsabilidad por el contenido de terceros que albergan. Si las plataformas actúan más como medios periodísticos que como simples repositorios digitales cuando recomiendan videos, tuits o publicaciones, deberían cumplir con las mismas normas que los medios establecidos que, según las leyes de difamación existentes, no tienen permitido publicar lo que saben que no es verdad.

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