LONDRES – El pescado es con mucha diferencia el bien de consumo más vendido a escala mundial y alimenta a miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ese sector padece lamentablemente una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que socava las medidas de conservación y perjudica a los pescadores honrados y a las empresas que cumplen con las normas. Ya es hora de abordar ese problema.
La pesca delictiva representa una quinta parte de las capturas en los océanos de todo el mundo y, si bien ha habido señales alentadoras de reforma de la pesca a escala industrial en algunos países, el problema sigue estando generalizado, disuadiendo a otros de seguir su ejemplo e impidiendo la reforma de la pesca en pequeña escala, que suministra alimento y medios de vida a millones de familias.
Existen normas, pero deberían ser más claras y concretas, se debería imponer su cumplimiento y su aplicación debería ser transfronteriza. De lo contrario, los participantes sin escrúpulos en dicho sector seguirán aprovechándose de la falta de reglamentación y supervisión, con graves consecuencias para quienes dependen de la pesca costera para su subsistencia y sus medios de vida.
Según las conclusiones de un estudio reciente, es probable que entre el 20 y el 32 por ciento del pescado importado en los Estados Unidos procediera de fuentes ilegales, no declaradas y no reglamentadas, lo que por sí solo representa entre el cuatro y el 16 por ciento del valor del total de capturas de pesca ilegal a escala mundial, que asciende aproximadamente a entre 15.000 y 23.000 millones de dólares al año.
La colaboración entre los EE.UU., la Unión Europea y el Japón podría entrañar grandes avances con vistas a abordar el problema. Los EE.UU. importan más del 90 por ciento de su pescado. El Japón ocupa el segundo puesto, tras los EE.UU., por la magnitud de sus importaciones de pescado, y la UE es el mayor mercado único del mundo para los productos de pescado, pues importa el 60 por ciento del pescado que consume. La capacidad potencial de la adopción de medidas conjuntas de esos tres mercados es inmensa.
A finales de 2011, la UE y los EE.UU. acordaron colaborar para luchar contra la pesca ilícita. Un poco menos de un año después, la UE y el Japón acordaron impedir las importaciones de pescado capturado ilegalmente, intercambiar información y actuar conjuntamente en las organizaciones regionales de gestión de la pesca. Todos ellos acordaron alentar a otros países para que ratificaran y aplicasen el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, que dificultará con mayor rigor las operaciones de pesca delictiva.
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Las operaciones de pesca ilícita se basan en una diversidad de tácticas y resquicios legales del derecho internacional para llevar sus productos al mercado. Los puertos conocidos por su laxa imposición del cumplimiento de la ley o su limitada capacidad de inspección son una vía primordial para que los pescadores y las empresas delincuentes trasladen sus capturas de los barcos a las estanterías de los comercios.
El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, aprobado en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas sobre la Alimentación y la Agricultura, obliga a los Estados Partes a aplicar controles más estrictos a los barcos de pesca de bandera extranjera. Hasta la fecha, 13 países han ratificado el acuerdo; otros 12 habrán de hacerlo para que entre en vigor a escala mundial.
Resulta alentador que en algunos países se haya dejado de considerar la pesca delictiva una cuestión normativa desamparada. El pasado mes de marzo, el Grupo de Tareas Presidencial de los EE.UU. sobre la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada y el fraude en materia de pescado publicó un plan de acción para todo el Gobierno. El hecho de que ese asunto llegara hasta el escritorio del Presidente de los EE.UU. pone de relieve la necesidad de que los gobiernos movilicen sus recursos y colaboren internacionalmente.
Hace falta una diversidad de métodos. Tal vez los reglamentos de la UE sean el más sólido conjunto de medidas para poner fin a la entrada de capturas de pesca ilícita en el mercado. La temprana aplicación constituye una gran promesa. Los reglamentadores europeos ya han introducido programas complejos de seguimiento y vigilancia, han bloqueado el acceso a los mercados de países con una ejecutoria de pesca ilegal, han sancionado a los participantes en la pesca delictiva europea y han constribuido a apoyar la reforma por parte de los países “con tarjetas amarillas o rojas” de su legislación sobre la pesca.
La UE, el Japón y los EE.UU. serían aún más eficaces, si unificaran sus políticas para impedir que los delincuentes tengan acceso a sus mercados y permitieran a sus pescadores legítimos beneficiarse de un nivel de acceso superrápido. La cooperación podría permitir la utilización de tecnología muy compleja para la rastreabilidad del pescado: recogida de datos y servicios de inteligencia que ayuden a localizar de dónde procede y cuándo y por quién fue capturado. Semejantes medidas –por ejemplo, el plan de documentación electrónica correspondiente a las capturas de atún de aleta azul del Atlántico– representa uno de los instrumentos más eficaces para eliminar la pesca ilícita.
La eliminación de la pesca delictiva contribuirá a restablecer la vida marina y garantizar alimentos y medios de vida para miles de millones de personas. Debe ir acompañada de mayores medidas, desde el Ártico hasta el Antártico, para proteger las principales especies afectadas por la pesca delictiva y crear reservas marinas o “zonas de regeneración” a fin de que contribuyan a repoblar y restaurar los hábitats. Además, los países deben promulgar y aplicar leyes que acaben con la pesca excesiva en las aguas nacionales e internacionales.
La pesca ilegal, no notificada y no reglamentada es un problema que se puede resolver con capacidad de dirección, adopción de medidas y cooperación internacional. Nos agrada que Chile, que es el anfitrión este año de nuestra Conferencia sobre los Océanos, demuestre capacidad de dirección y compromiso con la adopción de medidas al ratificar el Grupo de Tareas Presidencial de los EE.UU. sobre la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada y el fraude en materia de pescado y hacer frente a las operaciones de pesca delictiva. Seguimos optimistas con miras a que otros sigan adoptando las medidas necesarias para poner fin al azote de la pesca delictiva y cooperen con miras a regenerar la vida de los océanos a escala mundial.
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South Korea's latest political crisis is further evidence that the 1987 constitution has outlived its usefulness. To facilitate better governance and bolster policy stability, the country must establish a new political framework that includes stronger checks on the president and fosters genuine power-sharing.
argues that breaking the cycle of political crises will require some fundamental reforms.
Among the major issues that will dominate attention in the next 12 months are the future of multilateralism, the ongoing wars in Ukraine and the Middle East, and the threats to global stability posed by geopolitical rivalries and Donald Trump’s second presidency. Advances in artificial intelligence, if regulated effectively, offer a glimmer of hope.
asked PS contributors to identify the national and global trends to look out for in the coming year.
LONDRES – El pescado es con mucha diferencia el bien de consumo más vendido a escala mundial y alimenta a miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ese sector padece lamentablemente una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que socava las medidas de conservación y perjudica a los pescadores honrados y a las empresas que cumplen con las normas. Ya es hora de abordar ese problema.
La pesca delictiva representa una quinta parte de las capturas en los océanos de todo el mundo y, si bien ha habido señales alentadoras de reforma de la pesca a escala industrial en algunos países, el problema sigue estando generalizado, disuadiendo a otros de seguir su ejemplo e impidiendo la reforma de la pesca en pequeña escala, que suministra alimento y medios de vida a millones de familias.
Existen normas, pero deberían ser más claras y concretas, se debería imponer su cumplimiento y su aplicación debería ser transfronteriza. De lo contrario, los participantes sin escrúpulos en dicho sector seguirán aprovechándose de la falta de reglamentación y supervisión, con graves consecuencias para quienes dependen de la pesca costera para su subsistencia y sus medios de vida.
Según las conclusiones de un estudio reciente, es probable que entre el 20 y el 32 por ciento del pescado importado en los Estados Unidos procediera de fuentes ilegales, no declaradas y no reglamentadas, lo que por sí solo representa entre el cuatro y el 16 por ciento del valor del total de capturas de pesca ilegal a escala mundial, que asciende aproximadamente a entre 15.000 y 23.000 millones de dólares al año.
La colaboración entre los EE.UU., la Unión Europea y el Japón podría entrañar grandes avances con vistas a abordar el problema. Los EE.UU. importan más del 90 por ciento de su pescado. El Japón ocupa el segundo puesto, tras los EE.UU., por la magnitud de sus importaciones de pescado, y la UE es el mayor mercado único del mundo para los productos de pescado, pues importa el 60 por ciento del pescado que consume. La capacidad potencial de la adopción de medidas conjuntas de esos tres mercados es inmensa.
A finales de 2011, la UE y los EE.UU. acordaron colaborar para luchar contra la pesca ilícita. Un poco menos de un año después, la UE y el Japón acordaron impedir las importaciones de pescado capturado ilegalmente, intercambiar información y actuar conjuntamente en las organizaciones regionales de gestión de la pesca. Todos ellos acordaron alentar a otros países para que ratificaran y aplicasen el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, que dificultará con mayor rigor las operaciones de pesca delictiva.
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El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, aprobado en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas sobre la Alimentación y la Agricultura, obliga a los Estados Partes a aplicar controles más estrictos a los barcos de pesca de bandera extranjera. Hasta la fecha, 13 países han ratificado el acuerdo; otros 12 habrán de hacerlo para que entre en vigor a escala mundial.
Resulta alentador que en algunos países se haya dejado de considerar la pesca delictiva una cuestión normativa desamparada. El pasado mes de marzo, el Grupo de Tareas Presidencial de los EE.UU. sobre la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada y el fraude en materia de pescado publicó un plan de acción para todo el Gobierno. El hecho de que ese asunto llegara hasta el escritorio del Presidente de los EE.UU. pone de relieve la necesidad de que los gobiernos movilicen sus recursos y colaboren internacionalmente.
Hace falta una diversidad de métodos. Tal vez los reglamentos de la UE sean el más sólido conjunto de medidas para poner fin a la entrada de capturas de pesca ilícita en el mercado. La temprana aplicación constituye una gran promesa. Los reglamentadores europeos ya han introducido programas complejos de seguimiento y vigilancia, han bloqueado el acceso a los mercados de países con una ejecutoria de pesca ilegal, han sancionado a los participantes en la pesca delictiva europea y han constribuido a apoyar la reforma por parte de los países “con tarjetas amarillas o rojas” de su legislación sobre la pesca.
La UE, el Japón y los EE.UU. serían aún más eficaces, si unificaran sus políticas para impedir que los delincuentes tengan acceso a sus mercados y permitieran a sus pescadores legítimos beneficiarse de un nivel de acceso superrápido. La cooperación podría permitir la utilización de tecnología muy compleja para la rastreabilidad del pescado: recogida de datos y servicios de inteligencia que ayuden a localizar de dónde procede y cuándo y por quién fue capturado. Semejantes medidas –por ejemplo, el plan de documentación electrónica correspondiente a las capturas de atún de aleta azul del Atlántico– representa uno de los instrumentos más eficaces para eliminar la pesca ilícita.
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La pesca ilegal, no notificada y no reglamentada es un problema que se puede resolver con capacidad de dirección, adopción de medidas y cooperación internacional. Nos agrada que Chile, que es el anfitrión este año de nuestra Conferencia sobre los Océanos, demuestre capacidad de dirección y compromiso con la adopción de medidas al ratificar el Grupo de Tareas Presidencial de los EE.UU. sobre la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada y el fraude en materia de pescado y hacer frente a las operaciones de pesca delictiva. Seguimos optimistas con miras a que otros sigan adoptando las medidas necesarias para poner fin al azote de la pesca delictiva y cooperen con miras a regenerar la vida de los océanos a escala mundial.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.