GINEBRA – La Organización Mundial de la Salud estima que, cada año, a nivel mundial se realizan 29 millones de abortos inseguros, lo que conduce a unas 40.000 muertes evitables. Muchas de estas muertes son producto de procedimientos peligrosos realizados en regiones donde leyes restrictivas limitan o prohíben el acceso a un aborto seguro y legal.
Por supuesto, existe una alternativa más simple y probada: la autointerrupción de embarazos no deseados mediante drogas como la mifepristona y el misoprostol, que la OMS reconoce como seguras y efectivas. Pero las barreras legales y políticas también siguen limitando el acceso de las mujeres a estas opciones vitales. Para reducir la mortalidad materna, los gobiernos en todo el mundo deben eliminar estas barreras y hacer que todos puedan acceder a un aborto autogestionado.
Un análisis reciente de las leyes de aborto en 35 países y cuatro estados norteamericanos subraya la dimensión del problema, al determinar que solo el 10% permite el aborto sin la intervención de profesionales de la salud. Peor aún, casi la mitad de estas jurisdicciones requieren visitas presenciales u obligan a que las píldoras abortivas se tomen en un contexto clínico, privando a los individuos de la privacidad y la autonomía que puede ofrecer el aborto autogestionado.
Estas restricciones no solo limitan el acceso a un aborto seguro, sino que también empujan a la gente hacia los métodos inseguros a los que los responsables de las políticas dicen oponerse. En países con legislación restrictiva sobre el aborto, los individuos que no pueden acceder a opciones seguras muy probablemente recurran a este tipo de métodos. De hecho, según la OMS, el 97% de los abortos inseguros se producen en países en desarrollo, donde las leyes sobre aborto suelen ser particularmente estrictas. Estas barreras legales tienen profundas implicancias para la salud pública, ya que las mujeres embarazadas ponen en riesgo sus vidas simplemente porque sus gobiernos les niegan el derecho a tomar sus propias decisiones reproductivas.
No todos los países siguen atascados en el pasado. Colombia, Irlanda y Nueva Zelanda han actualizado sus leyes y políticas para que estén mejor alineadas con las recomendaciones de la OMS, lo que demuestra que es posible impulsar un contexto legal que facilite los abortos autogestionados. De la misma manera, jurisdicciones como Ciudad de México y estados norteamericanos como California y Nueva York han adoptado la telemedicina, lo que les permite a los individuos tomar decisiones sobre su salud reproductiva y ganar acceso a abortos de manera segura y discreta desde la privacidad de sus hogares, sin barreras innecesarias e interferencia del gobierno.
Sin duda, la oposición a una liberalización del acceso a píldoras abortivas muchas veces surge de temores sanitarios y de seguridad. Sin una supervisión clínica, dicen los críticos, pueden surgir complicaciones médicas, lo que pone a los pacientes en riesgo. Pero cada vez hay más evidencia que demuestra que los abortos autogestionados, cuando se proporciona una información adecuada y acceso a medicación, son tan seguros como los procedimientos clínicos. Asimismo, restringir el acceso a medicamentos como la mifepristona no elimina la demanda de abortos -simplemente lleva a la gente a alternativas inseguras.
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Tampoco existe evidencia empírica que respalde la opinión de que aligerar las restricciones a las píldoras abortivas puede derivar en un uso indebido o excesivo. Los estudios demuestran que las mujeres que optan por abortos autogestionados buscan asistencia médica cuando surgen complicaciones, y que una información adecuada puede evitar resultados adversos. Por otra parte, cuando no se penaliza a las personas por buscar ayuda, es mucho más probable que reciban la atención que necesitan si algo sale mal.
El peso abrumador de la evidencia aconseja a los gobiernos a confiar en las decisiones de las personas en materia de salud reproductiva. La despenalización del aborto autogestionado y la eliminación de restricciones innecesarias, como los requerimientos de prescripción y supervisión médica, son primeros pasos cruciales. Mas importante, los gobiernos deberían ampliar el acceso a la telemedicina para los abortos autogestionados, especialmente en zonas remotas y desatendidas donde las clínicas son escasas.
Por supuesto, la reformulación de las leyes sobre aborto no eliminará todos los obstáculos para los abortos seguros. En muchas zonas, el estigma social y la desinformación seguirán alimentando los esfuerzos por minar los derechos reproductivos. Pero legalizar y ampliar el acceso a un aborto autogestionado reduciría significativamente la cifra global de procedimientos inseguros y promovería una justicia reproductiva para todos.
Los gobiernos que dicen preocuparse por la salud materna ya no pueden permitirse ignorar la realidad. Si los responsables de las políticas están verdaderamente comprometidos con la reducción de las muertes evitables y la defensa de la autonomía corporal de las mujeres, deben establecer marcos legales que respalden y faciliten el aborto autogestionado. El precio de la inacción es demasiado alto.
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Less than two months into his second presidency, Donald Trump has imposed sweeping tariffs on America’s three largest trading partners, with much more to come. This strategy not only lacks any credible theoretical foundations; it is putting the US on a path toward irrevocable economic and geopolitical decline.
Today's profound global uncertainty is not some accident of history or consequence of values-free technologies. Rather, it reflects the will of rival great powers that continue to ignore the seminal economic and social changes underway in other parts of the world.
explains how Malaysia and other middle powers are navigating increasingly uncertain geopolitical terrain.
GINEBRA – La Organización Mundial de la Salud estima que, cada año, a nivel mundial se realizan 29 millones de abortos inseguros, lo que conduce a unas 40.000 muertes evitables. Muchas de estas muertes son producto de procedimientos peligrosos realizados en regiones donde leyes restrictivas limitan o prohíben el acceso a un aborto seguro y legal.
Por supuesto, existe una alternativa más simple y probada: la autointerrupción de embarazos no deseados mediante drogas como la mifepristona y el misoprostol, que la OMS reconoce como seguras y efectivas. Pero las barreras legales y políticas también siguen limitando el acceso de las mujeres a estas opciones vitales. Para reducir la mortalidad materna, los gobiernos en todo el mundo deben eliminar estas barreras y hacer que todos puedan acceder a un aborto autogestionado.
Un análisis reciente de las leyes de aborto en 35 países y cuatro estados norteamericanos subraya la dimensión del problema, al determinar que solo el 10% permite el aborto sin la intervención de profesionales de la salud. Peor aún, casi la mitad de estas jurisdicciones requieren visitas presenciales u obligan a que las píldoras abortivas se tomen en un contexto clínico, privando a los individuos de la privacidad y la autonomía que puede ofrecer el aborto autogestionado.
Estas restricciones no solo limitan el acceso a un aborto seguro, sino que también empujan a la gente hacia los métodos inseguros a los que los responsables de las políticas dicen oponerse. En países con legislación restrictiva sobre el aborto, los individuos que no pueden acceder a opciones seguras muy probablemente recurran a este tipo de métodos. De hecho, según la OMS, el 97% de los abortos inseguros se producen en países en desarrollo, donde las leyes sobre aborto suelen ser particularmente estrictas. Estas barreras legales tienen profundas implicancias para la salud pública, ya que las mujeres embarazadas ponen en riesgo sus vidas simplemente porque sus gobiernos les niegan el derecho a tomar sus propias decisiones reproductivas.
No todos los países siguen atascados en el pasado. Colombia, Irlanda y Nueva Zelanda han actualizado sus leyes y políticas para que estén mejor alineadas con las recomendaciones de la OMS, lo que demuestra que es posible impulsar un contexto legal que facilite los abortos autogestionados. De la misma manera, jurisdicciones como Ciudad de México y estados norteamericanos como California y Nueva York han adoptado la telemedicina, lo que les permite a los individuos tomar decisiones sobre su salud reproductiva y ganar acceso a abortos de manera segura y discreta desde la privacidad de sus hogares, sin barreras innecesarias e interferencia del gobierno.
Sin duda, la oposición a una liberalización del acceso a píldoras abortivas muchas veces surge de temores sanitarios y de seguridad. Sin una supervisión clínica, dicen los críticos, pueden surgir complicaciones médicas, lo que pone a los pacientes en riesgo. Pero cada vez hay más evidencia que demuestra que los abortos autogestionados, cuando se proporciona una información adecuada y acceso a medicación, son tan seguros como los procedimientos clínicos. Asimismo, restringir el acceso a medicamentos como la mifepristona no elimina la demanda de abortos -simplemente lleva a la gente a alternativas inseguras.
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Tampoco existe evidencia empírica que respalde la opinión de que aligerar las restricciones a las píldoras abortivas puede derivar en un uso indebido o excesivo. Los estudios demuestran que las mujeres que optan por abortos autogestionados buscan asistencia médica cuando surgen complicaciones, y que una información adecuada puede evitar resultados adversos. Por otra parte, cuando no se penaliza a las personas por buscar ayuda, es mucho más probable que reciban la atención que necesitan si algo sale mal.
El peso abrumador de la evidencia aconseja a los gobiernos a confiar en las decisiones de las personas en materia de salud reproductiva. La despenalización del aborto autogestionado y la eliminación de restricciones innecesarias, como los requerimientos de prescripción y supervisión médica, son primeros pasos cruciales. Mas importante, los gobiernos deberían ampliar el acceso a la telemedicina para los abortos autogestionados, especialmente en zonas remotas y desatendidas donde las clínicas son escasas.
Por supuesto, la reformulación de las leyes sobre aborto no eliminará todos los obstáculos para los abortos seguros. En muchas zonas, el estigma social y la desinformación seguirán alimentando los esfuerzos por minar los derechos reproductivos. Pero legalizar y ampliar el acceso a un aborto autogestionado reduciría significativamente la cifra global de procedimientos inseguros y promovería una justicia reproductiva para todos.
Los gobiernos que dicen preocuparse por la salud materna ya no pueden permitirse ignorar la realidad. Si los responsables de las políticas están verdaderamente comprometidos con la reducción de las muertes evitables y la defensa de la autonomía corporal de las mujeres, deben establecer marcos legales que respalden y faciliten el aborto autogestionado. El precio de la inacción es demasiado alto.