BERLÍN – A principios de este mes, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que el plan del gobierno de redireccionar los fondos de ayuda para el COVID-19 no utilizados para combatir el cambio climático violaba el llamado freno de la deuda. La decisión no es solo un traspié para el canciller Olaf Scholz; también podría profundizar las divisiones ideológicas al interior del gobierno de coalición y minar la política fiscal del país, planteando así una seria amenaza para su perspectiva económica.
Alemania introdujo el freno de la deuda en su constitución en 2009, imponiendo límites que eran mucho más rígidos de los exigidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El freno básicamente prohíbe al gobierno federal y a los gobiernos estatales asumir deuda nueva; se permiten excepciones solo en emergencias extremas. El gobierno federal utilizó esta exención de emergencia en 2020 para asignar más de 200.000 millones de euros en fondos especiales para mitigar el impacto económico de la pandemia.
El gobierno de Scholz intentó utilizar la misma exención para canalizar 60.000 millones de euros (66.000 millones de dólares), o 1,5% del PIB, de esos fondos especiales hacia subsidios industriales e iniciativas vinculadas con el clima. El partido opositor Unión Demócrata Cristiana luego apeló ante el Tribunal, que bloqueó el plan del gobierno con el argumento de que no cumplía con los “requerimientos constitucionales para un endeudamiento de emergencia”. Irónicamente, fue la UDC, bajo la conducción de la excanciller Angela Merkel, la que estableció este fondo especial.
Si bien el dictamen representa un escollo para el gobierno federal, particularmente para el ministro de Finanzas, Christian Lindner, el mayor problema es que el gobierno hoy enfrenta la falta de 60.000 millones de euros para sus programas y subsidios planificados. El Fondo de Clima y Transformación (KTF) de Alemania ha quedado prácticamente desprovisto, con apenas 30.000 millones de euros en ingresos anticipados, esencialmente del comercio de emisiones. El dictamen también implica que el gobierno no podrá cumplir con algunos de sus compromisos, como 6.500 millones de euros en financiamiento adicional para Deutsche Bahn, 15.000 millones de euros en subsidios para las instalaciones planeadas de Intel y Taiwan Semiconductor Manufacturing en Magdeburg y Dresden, 4.000 millones de euros para la producción de acero verde o los 1.800 millones de euros en asistencia para calefacción residencial.
Asimismo, el dictamen introduce una nueva capa de incertidumbre económica, lo que hace que muchas empresas se pregunten con qué promesas todavía pueden contar. Esto minará el crecimiento económico en un momento crítico. La crisis energética y la economía global aletargada han afectado a Alemania con más crudeza que a cualquier otro país industrializado, y la esperada caída de la inversión privada podría dificultar aún más la transformación ecológica y digital de la economía.
Con suficiente voluntad política, este problema se podría resolver fácilmente. El Bundestag (parlamento) podría aprobar una suspensión temporaria del freno de la deuda para 2024, dándole así al gobierno la flexibilidad financiera que necesita. Pero este es precisamente el quid de la cuestión: cuando se trata de política fiscal y de deuda, los partidos del gobierno están más divididos que nunca.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
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Mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz ha propuesto reformar el freno de la deuda e imponer mayores impuestos a quienes más ganan y a las herencias, Lindner y los Demócratas Libres (FDP) se enorgullecen de actuar como la conciencia ordoliberal del país. Lindner, que cree que su futuro político depende de adherir al freno de la deuda y mantener una prudencia fiscal sin aumentar impuestos, ya ha anunciado planes para implementar medidas de austeridad aún más duras. Mientras tanto, un porcentaje sustancial del SPD, junto con los Verdes -el tercer socio de la coalición-, está ansioso por implementar sus agendas ambiciosas (y costosas). Esto coloca a Scholz en la posición poco envidiable de tener que reconciliar dos estrategias fiscales aparentemente contradictorias.
Este conflicto subraya los defectos del freno de la deuda y la naturaleza paradojal de la política fiscal alemana. Mientras que los gobiernos y los ministros de Finanzas hablan de la boca para afuera del freno de la deuda, crean presupuestos en las sombras para evadir sus restricciones cuando esto conviene a sus necesidades políticas. Esto le ha permitido a Alemania ofrecer un enorme respaldo financiero a empresas domésticas durante la pandemia y la crisis energética en curso. Sin embargo, el gobierno mantiene, al mismo tiempo, una política fiscal estructural restrictiva, lo que resulta en una inversión pública inadecuada y en una caída significativa de la calidad de la infraestructura, la educación y la atención médica. Dicho de manera simple, el freno de la deuda ha servido como un pretexto conveniente para una política fiscal que favorece los subsidios corporativos a expensas de los bienes públicos.
El verdadero riesgo que surge del dictamen del Tribunal Constitucional no es necesariamente una escasez de fondos sino, más bien, el agravamiento de las divisiones al interior del gobierno y la parálisis política y económica latente. El sector industrial de Alemania, que es crucial para crear empleos bien remunerados y para impulsar la innovación, ha tardado en abrazar las revoluciones digital y ambiental. Para recuperar terreno, el gobierno debe invertir, de manera urgente, en infraestructura, investigación básica y educación.
Al exacerbar el estancamiento político, la decisión del Tribunal Constitucional plantea una seria amenaza para el desarrollo socioeconómico de Alemania. Pero, más allá de sus consecuencias domésticas, el dictamen también tiene implicancias negativas para Europa, ya que el gobierno alemán ha utilizado el veredicto para rechazar el pedido de la UE de un suplemento presupuestario de 100.000 millones de euros.
En los dos últimos años, Scholz ha logrado, en repetidas ocasiones, zanjar las diferencias importantes dentro de su coalición de tres partidos. Ahora enfrenta el desafío más difícil y potencialmente definitorio de su mandato: desarrollar una estrategia creativa y efectiva para superar el impasse político y garantizar que Alemania siga siendo económicamente competitiva en el siglo XXI.
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US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
BERLÍN – A principios de este mes, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que el plan del gobierno de redireccionar los fondos de ayuda para el COVID-19 no utilizados para combatir el cambio climático violaba el llamado freno de la deuda. La decisión no es solo un traspié para el canciller Olaf Scholz; también podría profundizar las divisiones ideológicas al interior del gobierno de coalición y minar la política fiscal del país, planteando así una seria amenaza para su perspectiva económica.
Alemania introdujo el freno de la deuda en su constitución en 2009, imponiendo límites que eran mucho más rígidos de los exigidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El freno básicamente prohíbe al gobierno federal y a los gobiernos estatales asumir deuda nueva; se permiten excepciones solo en emergencias extremas. El gobierno federal utilizó esta exención de emergencia en 2020 para asignar más de 200.000 millones de euros en fondos especiales para mitigar el impacto económico de la pandemia.
El gobierno de Scholz intentó utilizar la misma exención para canalizar 60.000 millones de euros (66.000 millones de dólares), o 1,5% del PIB, de esos fondos especiales hacia subsidios industriales e iniciativas vinculadas con el clima. El partido opositor Unión Demócrata Cristiana luego apeló ante el Tribunal, que bloqueó el plan del gobierno con el argumento de que no cumplía con los “requerimientos constitucionales para un endeudamiento de emergencia”. Irónicamente, fue la UDC, bajo la conducción de la excanciller Angela Merkel, la que estableció este fondo especial.
Si bien el dictamen representa un escollo para el gobierno federal, particularmente para el ministro de Finanzas, Christian Lindner, el mayor problema es que el gobierno hoy enfrenta la falta de 60.000 millones de euros para sus programas y subsidios planificados. El Fondo de Clima y Transformación (KTF) de Alemania ha quedado prácticamente desprovisto, con apenas 30.000 millones de euros en ingresos anticipados, esencialmente del comercio de emisiones. El dictamen también implica que el gobierno no podrá cumplir con algunos de sus compromisos, como 6.500 millones de euros en financiamiento adicional para Deutsche Bahn, 15.000 millones de euros en subsidios para las instalaciones planeadas de Intel y Taiwan Semiconductor Manufacturing en Magdeburg y Dresden, 4.000 millones de euros para la producción de acero verde o los 1.800 millones de euros en asistencia para calefacción residencial.
Asimismo, el dictamen introduce una nueva capa de incertidumbre económica, lo que hace que muchas empresas se pregunten con qué promesas todavía pueden contar. Esto minará el crecimiento económico en un momento crítico. La crisis energética y la economía global aletargada han afectado a Alemania con más crudeza que a cualquier otro país industrializado, y la esperada caída de la inversión privada podría dificultar aún más la transformación ecológica y digital de la economía.
Con suficiente voluntad política, este problema se podría resolver fácilmente. El Bundestag (parlamento) podría aprobar una suspensión temporaria del freno de la deuda para 2024, dándole así al gobierno la flexibilidad financiera que necesita. Pero este es precisamente el quid de la cuestión: cuando se trata de política fiscal y de deuda, los partidos del gobierno están más divididos que nunca.
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Este conflicto subraya los defectos del freno de la deuda y la naturaleza paradojal de la política fiscal alemana. Mientras que los gobiernos y los ministros de Finanzas hablan de la boca para afuera del freno de la deuda, crean presupuestos en las sombras para evadir sus restricciones cuando esto conviene a sus necesidades políticas. Esto le ha permitido a Alemania ofrecer un enorme respaldo financiero a empresas domésticas durante la pandemia y la crisis energética en curso. Sin embargo, el gobierno mantiene, al mismo tiempo, una política fiscal estructural restrictiva, lo que resulta en una inversión pública inadecuada y en una caída significativa de la calidad de la infraestructura, la educación y la atención médica. Dicho de manera simple, el freno de la deuda ha servido como un pretexto conveniente para una política fiscal que favorece los subsidios corporativos a expensas de los bienes públicos.
El verdadero riesgo que surge del dictamen del Tribunal Constitucional no es necesariamente una escasez de fondos sino, más bien, el agravamiento de las divisiones al interior del gobierno y la parálisis política y económica latente. El sector industrial de Alemania, que es crucial para crear empleos bien remunerados y para impulsar la innovación, ha tardado en abrazar las revoluciones digital y ambiental. Para recuperar terreno, el gobierno debe invertir, de manera urgente, en infraestructura, investigación básica y educación.
Al exacerbar el estancamiento político, la decisión del Tribunal Constitucional plantea una seria amenaza para el desarrollo socioeconómico de Alemania. Pero, más allá de sus consecuencias domésticas, el dictamen también tiene implicancias negativas para Europa, ya que el gobierno alemán ha utilizado el veredicto para rechazar el pedido de la UE de un suplemento presupuestario de 100.000 millones de euros.
En los dos últimos años, Scholz ha logrado, en repetidas ocasiones, zanjar las diferencias importantes dentro de su coalición de tres partidos. Ahora enfrenta el desafío más difícil y potencialmente definitorio de su mandato: desarrollar una estrategia creativa y efectiva para superar el impasse político y garantizar que Alemania siga siendo económicamente competitiva en el siglo XXI.