BOSTON/ERFURT/BRUSELAS – A medida que los gobiernos occidentales enfrentan la tarea cada vez más urgente de acelerar la transición a una economía de bajo consumo de carbono, el péndulo se ha alejado de una fuerte dependencia en los mercados para impulsar la innovación, hacia su otro extremo: la intervención estatal. Temiendo el predominio de China en las cadenas de suministro de tecnologías limpias y reconociendo el potencial de creación de empleos, Estados Unidos ha puesto en vigor una amplia gama de políticas industriales que apoyan el despliegue y desarrollo de soluciones verdes.
Por ejemplo, la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense alienta abiertamente la repatriación (“reshoring”) de las plantas industriales, ofreciendo un generoso apoyo estatal para empresas que fabriquen capacidad manufacturera verde en el país. Por su cuenta, la Ley de Industria con Cero Emisiones Netas de la UE presenta un objetivo interno de manufactura de tecnologías limpias, lo que marca un cambio de paradigma en el enfoque de Europa a la gobernanza económica.
Pero alcanzar el equilibrio justo entre los sectores público y privado será determinante para manejar la transición hacia las energías limpias de manera eficiente y oportuna, evitando al mismo tiempo efectos secundarios que perjudiquen los objetivos climáticos.
En su forma actual, los mercados energéticos claramente han fracasado a la hora de acelerar el despliegue de tecnologías verdes a la escala y velocidad suficientes. A falta de reformas o políticas complementarias, seguirán promoviendo la energía más barata posible, que hasta hace poco significaba combustibles fósiles en la mayoría de los lugares. Dado esto, no es de sorprender que los gobiernos estén reevaluando sus políticas industriales -lo que ha demostrado ser exitoso en el pasado- para fomentar la inversión en tecnologías limpias. Más aún, la enorme cantidad de infraestructura nueva que se requiere para la generación, almacenamiento y distribución de las energías limpias puede hacer que el estado implemente mejores procesos de otorgamiento de permisos y adopte un papel de planificación más proactivo.
Sin embargo, la intervención gubernamental en la transición energética también conlleva riesgos. Seleccionar ganadores en proyectos o tecnologías verdes puede llevar a decisiones de inversión costosas o económicamente ineficaces, resultados que en parte impulsaron las reformas de sector energético pro-mercado de las últimas décadas.
Además, en el ámbito de las renovables también existe el riesgo de la captura por parte del estado, un serio problema en el sector de los combustibles fósiles. Los esfuerzos generalizados de presión de los lobistas, junto con una carencia de transparencia y capacidad de rendición de cuentas, podrían tener como consecuencia una asignación de recursos por debajo de lo óptimo. Mediante las políticas industriales verdes, esencialmente los gobiernos crean oportunidades de captación de rentas, lo que tiende a ser más pronunciado en sistemas con baja calidad institucional (según lo indican las mediciones de efectividad del gobierno, seguridad jurídica, calidad de la burocracia, corrupción, entorno normativo y otros aspectos).
También se cierne el espectro de leyes climáticas “nacionalistas” que fragmentan las cadenas de suministro globales de tecnologías limpias. La espontánea y poco coordinada división internacional del trabajo entre los Estados Unidos (innovación), Europa (subsidios y subvenciones para la instalación) y China (eficiencias de manufactura a través de economías de escala) llevó rápidamente a que los paneles solares bajaran de precio y se desplegaran a nivel mundial. Por lo tanto, la repatriación forzosa de parte de la industria puede ralentizar el ritmo de la transición energética mundial.
Lograr el equilibrio justo entre intervención estatal y confianza en las fuerzas del mercado resulta crucial para avanzar. Para asegurarse de que el estado y el mercado sean socios en el desarrollo y despliegue de soluciones verdes, las autoridades deben dar tres pasos. Para comenzar, los gobiernos han de poner énfasis en fomentar innovaciones disruptivas para la descarbonización, lo que significa financiar investigación básica con fondos públicos y crear mayores incentivos para la innovación a nivel de empresas a través de precios del carbono, créditos tributarios y leyes ambientales. El estado también debería apoyar las pruebas, la demostración y el despliegue temprano de tecnologías limpias emergentes para demostrar el desempeño técnico y reducir los costes hasta el punto de competitividad con los combustibles fósiles.
En segundo lugar, el estado tiene un importante papel que desempeñar en alentar y conducir inversiones de gran escala en soluciones verdes a través de una gama de intervenciones normativas, inclusive estándares de energías limpias, incentivos tributarios para tecnologías específicas, adquisiciones dirigidas por el gobierno y precios del carbono. Al mismo tiempo, resulta esencial el apoyo público para reducir el coste de capital de los proyectos de energías limpias, asegurar su aceptación social y hacer las llamadas “inversiones habilitantes” que constituyen un requisito previo para la participación del sector privado. Para acelerar el desarrollo y bajar los costes también sería adecuada, en algunos casos, la participación pública directa en el desarrollo, la propiedad o la operación de tecnologías maduras, como la transmisión de electricidad.
Por último, los gobiernos diseñan mercados, así como su marco institucional subyacente, lo que implica que el estado tiene el deber de planificar sistemas energéticos de manera tal que ayuden a crear las condiciones necesarias para lograr los objetivos climáticos. El diseño de rutas ambiciosas y fiables hacia las cero emisiones netas se debería combinar con normativas flexibles del mercado energético, que apunten a establecer incentivos eficaces para la movilización de capital privado y el despliegue de tecnologías limpias a escala.
La transición desde unos combustibles fósiles incesantes a una energía con cero emisiones de carbono equivale a una revolución industrial, con la presión añadida de un plazo firme. No sólo se nos acaba el tiempo, sino que las decisiones de políticas se deberán tomar con un trasfondo de mercados energéticos globales volátiles, una persistente inquietud pública acerca de ciertas tecnologías verdes y la intensificación de las tensiones geopolíticas, especialmente entre China y Occidente.
Considerando estas incertidumbres, las autoridades deben estar dispuestas a tomar riesgos en la creación de incentivos para la innovación en el ámbito de las tecnologías limpias, en la promoción de la inversión en su desarrollo y despliegue, y en el diseño de mercados energéticos. Pero también deben recordar que el estado y el mercado tienen que ser socios, y que la transición verde creará inevitablemente -y con cada vez mayor frecuencia- complejos dilemas que habrá que sortear con cuidado; de lo contrario, el futuro con energías limpias seguirá estando fuera de nuestro alcance.
Esta columna de opinión también está firmada por Bruce Phillips, asesor senior de NorthBridge Group.
BOSTON/ERFURT/BRUSELAS – A medida que los gobiernos occidentales enfrentan la tarea cada vez más urgente de acelerar la transición a una economía de bajo consumo de carbono, el péndulo se ha alejado de una fuerte dependencia en los mercados para impulsar la innovación, hacia su otro extremo: la intervención estatal. Temiendo el predominio de China en las cadenas de suministro de tecnologías limpias y reconociendo el potencial de creación de empleos, Estados Unidos ha puesto en vigor una amplia gama de políticas industriales que apoyan el despliegue y desarrollo de soluciones verdes.
Por ejemplo, la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense alienta abiertamente la repatriación (“reshoring”) de las plantas industriales, ofreciendo un generoso apoyo estatal para empresas que fabriquen capacidad manufacturera verde en el país. Por su cuenta, la Ley de Industria con Cero Emisiones Netas de la UE presenta un objetivo interno de manufactura de tecnologías limpias, lo que marca un cambio de paradigma en el enfoque de Europa a la gobernanza económica.
Pero alcanzar el equilibrio justo entre los sectores público y privado será determinante para manejar la transición hacia las energías limpias de manera eficiente y oportuna, evitando al mismo tiempo efectos secundarios que perjudiquen los objetivos climáticos.
En su forma actual, los mercados energéticos claramente han fracasado a la hora de acelerar el despliegue de tecnologías verdes a la escala y velocidad suficientes. A falta de reformas o políticas complementarias, seguirán promoviendo la energía más barata posible, que hasta hace poco significaba combustibles fósiles en la mayoría de los lugares. Dado esto, no es de sorprender que los gobiernos estén reevaluando sus políticas industriales -lo que ha demostrado ser exitoso en el pasado- para fomentar la inversión en tecnologías limpias. Más aún, la enorme cantidad de infraestructura nueva que se requiere para la generación, almacenamiento y distribución de las energías limpias puede hacer que el estado implemente mejores procesos de otorgamiento de permisos y adopte un papel de planificación más proactivo.
Sin embargo, la intervención gubernamental en la transición energética también conlleva riesgos. Seleccionar ganadores en proyectos o tecnologías verdes puede llevar a decisiones de inversión costosas o económicamente ineficaces, resultados que en parte impulsaron las reformas de sector energético pro-mercado de las últimas décadas.
Además, en el ámbito de las renovables también existe el riesgo de la captura por parte del estado, un serio problema en el sector de los combustibles fósiles. Los esfuerzos generalizados de presión de los lobistas, junto con una carencia de transparencia y capacidad de rendición de cuentas, podrían tener como consecuencia una asignación de recursos por debajo de lo óptimo. Mediante las políticas industriales verdes, esencialmente los gobiernos crean oportunidades de captación de rentas, lo que tiende a ser más pronunciado en sistemas con baja calidad institucional (según lo indican las mediciones de efectividad del gobierno, seguridad jurídica, calidad de la burocracia, corrupción, entorno normativo y otros aspectos).
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También se cierne el espectro de leyes climáticas “nacionalistas” que fragmentan las cadenas de suministro globales de tecnologías limpias. La espontánea y poco coordinada división internacional del trabajo entre los Estados Unidos (innovación), Europa (subsidios y subvenciones para la instalación) y China (eficiencias de manufactura a través de economías de escala) llevó rápidamente a que los paneles solares bajaran de precio y se desplegaran a nivel mundial. Por lo tanto, la repatriación forzosa de parte de la industria puede ralentizar el ritmo de la transición energética mundial.
Lograr el equilibrio justo entre intervención estatal y confianza en las fuerzas del mercado resulta crucial para avanzar. Para asegurarse de que el estado y el mercado sean socios en el desarrollo y despliegue de soluciones verdes, las autoridades deben dar tres pasos. Para comenzar, los gobiernos han de poner énfasis en fomentar innovaciones disruptivas para la descarbonización, lo que significa financiar investigación básica con fondos públicos y crear mayores incentivos para la innovación a nivel de empresas a través de precios del carbono, créditos tributarios y leyes ambientales. El estado también debería apoyar las pruebas, la demostración y el despliegue temprano de tecnologías limpias emergentes para demostrar el desempeño técnico y reducir los costes hasta el punto de competitividad con los combustibles fósiles.
En segundo lugar, el estado tiene un importante papel que desempeñar en alentar y conducir inversiones de gran escala en soluciones verdes a través de una gama de intervenciones normativas, inclusive estándares de energías limpias, incentivos tributarios para tecnologías específicas, adquisiciones dirigidas por el gobierno y precios del carbono. Al mismo tiempo, resulta esencial el apoyo público para reducir el coste de capital de los proyectos de energías limpias, asegurar su aceptación social y hacer las llamadas “inversiones habilitantes” que constituyen un requisito previo para la participación del sector privado. Para acelerar el desarrollo y bajar los costes también sería adecuada, en algunos casos, la participación pública directa en el desarrollo, la propiedad o la operación de tecnologías maduras, como la transmisión de electricidad.
Por último, los gobiernos diseñan mercados, así como su marco institucional subyacente, lo que implica que el estado tiene el deber de planificar sistemas energéticos de manera tal que ayuden a crear las condiciones necesarias para lograr los objetivos climáticos. El diseño de rutas ambiciosas y fiables hacia las cero emisiones netas se debería combinar con normativas flexibles del mercado energético, que apunten a establecer incentivos eficaces para la movilización de capital privado y el despliegue de tecnologías limpias a escala.
La transición desde unos combustibles fósiles incesantes a una energía con cero emisiones de carbono equivale a una revolución industrial, con la presión añadida de un plazo firme. No sólo se nos acaba el tiempo, sino que las decisiones de políticas se deberán tomar con un trasfondo de mercados energéticos globales volátiles, una persistente inquietud pública acerca de ciertas tecnologías verdes y la intensificación de las tensiones geopolíticas, especialmente entre China y Occidente.
Considerando estas incertidumbres, las autoridades deben estar dispuestas a tomar riesgos en la creación de incentivos para la innovación en el ámbito de las tecnologías limpias, en la promoción de la inversión en su desarrollo y despliegue, y en el diseño de mercados energéticos. Pero también deben recordar que el estado y el mercado tienen que ser socios, y que la transición verde creará inevitablemente -y con cada vez mayor frecuencia- complejos dilemas que habrá que sortear con cuidado; de lo contrario, el futuro con energías limpias seguirá estando fuera de nuestro alcance.
Esta columna de opinión también está firmada por Bruce Phillips, asesor senior de NorthBridge Group.