EDIMBURGO – En el transcurso de las semanas posteriores a la promulgación del decreto talibán de diciembre de 2022 que prohíbe a las mujeres jóvenes estudiar en las universidades, los afganos han demostrado que no se quedarán de brazos cruzados ante este último ultraje. Valientes estudiantes de sexo femenino han lanzado una campaña de resistencia, arriesgándose a sufrir palizas, arrestos e incluso peores situaciones, y sus homólogos masculinos (así como muchos catedráticos) se retiraron de las aulas en señal de solidaridad en vez de rendir sus exámenes.
Por mucho que los talibanes intenten aplastar los derechos de las niñas y las mujeres, es poco probable que consigan una “victoria” final al respecto. Las niñas y las mujeres afganas disfrutaron del derecho a la educación durante los años previos a que los talibanes regresen al poder en el 2021, y ahora ni las intimidaciones, ni las penas de prisión podrán silenciarlas. Sintieron lo que es ser libres, y no aceptarán nada distinto.
Ya se advirtió a los talibanes de que si ellos ordenan que se excluya a las mujeres de las funciones que cumplen en los trabajos que realizan las ONG para proporcionar alimentos y atención médica, estas organizaciones no tendrán más remedio que abandonar el país, un mensaje que fue reforzado esta semana por la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed. Pero otra forma de efectuar el cambio es amenazar al régimen talibán con toda la fuerza del derecho internacional. El trato brutal e inhumano que dispensan los talibanes a las mujeres y niñas merece ser investigado por un tribunal internacional. El régimen viola claramente las convenciones internacionales relativas a los derechos de los niños y las mujeres que acordó respetar. Ningún otro país en el mundo impide que las mujeres y niñas reciban educación, y ningún otro país tiene formas tan draconianas de persecución de género dirigida por el Estado.
EDIMBURGO – En el transcurso de las semanas posteriores a la promulgación del decreto talibán de diciembre de 2022 que prohíbe a las mujeres jóvenes estudiar en las universidades, los afganos han demostrado que no se quedarán de brazos cruzados ante este último ultraje. Valientes estudiantes de sexo femenino han lanzado una campaña de resistencia, arriesgándose a sufrir palizas, arrestos e incluso peores situaciones, y sus homólogos masculinos (así como muchos catedráticos) se retiraron de las aulas en señal de solidaridad en vez de rendir sus exámenes.
Por mucho que los talibanes intenten aplastar los derechos de las niñas y las mujeres, es poco probable que consigan una “victoria” final al respecto. Las niñas y las mujeres afganas disfrutaron del derecho a la educación durante los años previos a que los talibanes regresen al poder en el 2021, y ahora ni las intimidaciones, ni las penas de prisión podrán silenciarlas. Sintieron lo que es ser libres, y no aceptarán nada distinto.
Ya se advirtió a los talibanes de que si ellos ordenan que se excluya a las mujeres de las funciones que cumplen en los trabajos que realizan las ONG para proporcionar alimentos y atención médica, estas organizaciones no tendrán más remedio que abandonar el país, un mensaje que fue reforzado esta semana por la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed. Pero otra forma de efectuar el cambio es amenazar al régimen talibán con toda la fuerza del derecho internacional. El trato brutal e inhumano que dispensan los talibanes a las mujeres y niñas merece ser investigado por un tribunal internacional. El régimen viola claramente las convenciones internacionales relativas a los derechos de los niños y las mujeres que acordó respetar. Ningún otro país en el mundo impide que las mujeres y niñas reciban educación, y ningún otro país tiene formas tan draconianas de persecución de género dirigida por el Estado.