NUEVA YORK/LONDRES/GINEBRA – Noviembre fue un mes muy activo para la política del cambio climático. Mientras los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en Sharm El‑Sheij (Egipto) buscaban avances, los líderes mundiales se reunían en Bali (Indonesia) para la cumbre del G20. Aunque ninguna de las dos reuniones se centró en la confluencia de crisis ambientales y de deuda que hoy azota a gran parte del sur global, las dos lograron ciertos avances en dirección a proveer a los países en desarrollo el apoyo financiero que necesitan para capear el temporal.
En Bali, los líderes de las mayores economías del mundo reiteraron en general (con pequeños cambios) sus posturas previas en relación con la crisis de deuda. Pero en la COP27, los países más pequeños pudieron hacerse oír y resaltar la necesidad de una iniciativa internacional de alivio de deuda. Por ejemplo, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, instó a la comunidad internacional a dar asistencia a los países vulnerables al clima. Su «Agenda de Bridgetown» propone un plan tripartito para encarar la crisis del mundo en desarrollo: inyecciones de liquidez de emergencia por parte del Fondo Monetario Internacional, mejoras en el otorgamiento de préstamos por parte de los bancos de desarrollo multilaterales y nuevos mecanismos de financiación.
Mottley no fue la única que argumentó la necesidad de resolver la creciente falta de liquidez. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso que el FMI inicie un programa de intercambio de deuda por inversiones para acelerar los proyectos de adaptación y mitigación climática en los países en desarrollo. Egipto, con el apoyo de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, lanzó una coalición para la deuda sostenible. Y grupos de la sociedad civil afiliados al movimiento Deuda por Clima pidieron que se cancelen las deudas de los países más pobres. Pero al final, el mayor avance de la COP27 fue la decisión de crear un fondo para «pérdidas y daños» que ayude a los países en desarrollo a mitigar los peores efectos del cambio climático.
Pero ¿cómo fue que la deuda se convirtió en el tema más hablado en una conferencia sobre la lucha contra el cambio climático? La invasión rusa de Ucrania trastornó los mercados de la energía y de los alimentos y al hacerlo provocó aumentos de precios en todo el mundo. Los países desarrollados han tenido que batallar contra los efectos de una alta inflación, pero la peor parte se la llevaron los países en desarrollo importadores de energía. El veloz agotamiento de sus reservas de divisa extranjera ha generado una situación límite para sus finanzas públicas, ya maltrechas por dos años y medio de COVID‑19. El encarecimiento de la energía aumentó la frecuencia de apagones y racionamientos de electricidad y agravó los padecimientos económicos de los países de menos ingresos.
Como si estos problemas no fueran bastante, las grandes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos fortalecieron al dólar y obligaron a otros grandes bancos centrales a imitarlas. Para los países en desarrollo con problemas, nunca ha sido tan difícil hacer frente a los efectos de desastres ambientales relacionados con el cambio climático (por ejemplo inundaciones, sequías y fuertes tormentas), y se está perdiendo una gran parte de los avances económicos y sociales de las últimas décadas.
Los países de menos ingresos se asoman a un abismo económico y no han hecho nada por merecerlo. Según el FMI, más de la cuarta parte de las economías emergentes cayeron en cesación de pagos o han tenido bonos operando en niveles de tensión. De los países de bajos ingresos, más del 60% ya cayeron o corren riesgo de caer en una crisis de deuda. La falta de inversión pública en medidas de adaptación y resiliencia climática también empeoró el riesgo de deuda soberana y encareció el acceso a capital; se crea así un círculo vicioso que agravará el deterioro de las finanzas públicas y de la sostenibilidad de las deudas.
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El marco común del G20 para el tratamiento de deudas (que busca proveer un alivio a los países en dificultades) no produjo acciones eficaces y oportunas. Además, excluye a los países de ingresos medios y no tiene mecanismos para exigir la participación de los acreedores privados. De los tres países que se acogieron al marco (Chad, Etiopía y Zambia), sólo el primero llegó a un acuerdo con sus acreedores, y sólo después de dos años de arduas negociaciones y sin obtener ninguna quita de deuda. Es probable que estos tres ejemplos desalienten futuros pedidos de reestructuración.
Uno de los temas centrales del debate sobre cambio climático y deuda es la propuesta de llegar a «acuerdos de deuda por clima» (también llamados «deuda por naturaleza») que permitan a los países cancelar una parte de sus deudas a cambio de la financiación de proyectos locales relacionados con el clima. Más allá de que estos acuerdos son una bienvenida fuente de financiación para esfuerzos de conservación cruciales, sus altos costos de transacción y su volumen limitado no los hacen aptos para dar respuesta a una crisis de deuda de proporciones sistémicas.
Poner a los países vulnerables en una senda hacia la resiliencia climática y el desarrollo verde traería beneficios a deudores y acreedores por igual. Por eso la comunidad internacional, y en particular los países del G20, deben acordar una iniciativa integral de alivio de deudas que permita a los países con dificultades financiar proyectos verdes a cambio de un perdón parcial de las deudas.
Ahora que asumió la presidencia formal del G20, la India debería iniciar una revisión independiente de la agenda del G20 para las deudas y hacer recomendaciones para su reforma. Este proceso también debe incluir a los países con altos niveles de deuda, que por lo general no tienen voz en las cumbres del G20. A fines de 2021, el Grupo V20, que representa a los ministerios de finanzas de 58 países vulnerables al clima con una población combinada de 1500 millones de personas, propuso un esquema de reestructuración de deudas que incluye soluciones prácticas para la financiación de proyectos de descarbonización. Es necesario que los países más ricos del mundo consideren seriamente darle apoyo.
Otra propuesta interesante, respaldada por el presidente francés Emmanuel Macron en la COP27, es formar un panel de expertos de alto nivel que estudie el modo de garantizar la sostenibilidad de las deudas a largo plazo y permitir a los países deudores movilizar inversiones.
La comunidad internacional no debe repetir los errores de crisis de deuda pasadas. Una respuesta insuficiente y tardía provocará una avalancha de crisis en numerosos países en desarrollo, que pondrá en riesgo la estabilidad social y política y retrasará todavía más la agenda climática internacional. Para garantizar un futuro equitativo y con resiliencia climática, lo primero es evitar la crisis de deuda inminente.
Este artículo incluye aportes de: Shamshad Akhtar, ex subsecretaria general de las Naciones Unidas; Anzetse Were, economista sénior en Financial Sector Deepening Kenya; Kevin P. Gallagher, director del Centro de Políticas de Desarrollo Global en la Universidad de Boston; y Jörg Haas, jefe de política internacional en la Fundación Heinrich Böll.
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The escalating war in the Middle East must be understood in a broader context. The fact that the Iranian regime felt emboldened to risk a direct strike on Israel attests to a changing world order in which Western power is increasingly open to challenge.
considers the implications of Iran’s unprecedented decision to launch a direct strike on Israeli territory.
NUEVA YORK/LONDRES/GINEBRA – Noviembre fue un mes muy activo para la política del cambio climático. Mientras los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en Sharm El‑Sheij (Egipto) buscaban avances, los líderes mundiales se reunían en Bali (Indonesia) para la cumbre del G20. Aunque ninguna de las dos reuniones se centró en la confluencia de crisis ambientales y de deuda que hoy azota a gran parte del sur global, las dos lograron ciertos avances en dirección a proveer a los países en desarrollo el apoyo financiero que necesitan para capear el temporal.
En Bali, los líderes de las mayores economías del mundo reiteraron en general (con pequeños cambios) sus posturas previas en relación con la crisis de deuda. Pero en la COP27, los países más pequeños pudieron hacerse oír y resaltar la necesidad de una iniciativa internacional de alivio de deuda. Por ejemplo, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, instó a la comunidad internacional a dar asistencia a los países vulnerables al clima. Su «Agenda de Bridgetown» propone un plan tripartito para encarar la crisis del mundo en desarrollo: inyecciones de liquidez de emergencia por parte del Fondo Monetario Internacional, mejoras en el otorgamiento de préstamos por parte de los bancos de desarrollo multilaterales y nuevos mecanismos de financiación.
Mottley no fue la única que argumentó la necesidad de resolver la creciente falta de liquidez. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso que el FMI inicie un programa de intercambio de deuda por inversiones para acelerar los proyectos de adaptación y mitigación climática en los países en desarrollo. Egipto, con el apoyo de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, lanzó una coalición para la deuda sostenible. Y grupos de la sociedad civil afiliados al movimiento Deuda por Clima pidieron que se cancelen las deudas de los países más pobres. Pero al final, el mayor avance de la COP27 fue la decisión de crear un fondo para «pérdidas y daños» que ayude a los países en desarrollo a mitigar los peores efectos del cambio climático.
Pero ¿cómo fue que la deuda se convirtió en el tema más hablado en una conferencia sobre la lucha contra el cambio climático? La invasión rusa de Ucrania trastornó los mercados de la energía y de los alimentos y al hacerlo provocó aumentos de precios en todo el mundo. Los países desarrollados han tenido que batallar contra los efectos de una alta inflación, pero la peor parte se la llevaron los países en desarrollo importadores de energía. El veloz agotamiento de sus reservas de divisa extranjera ha generado una situación límite para sus finanzas públicas, ya maltrechas por dos años y medio de COVID‑19. El encarecimiento de la energía aumentó la frecuencia de apagones y racionamientos de electricidad y agravó los padecimientos económicos de los países de menos ingresos.
Como si estos problemas no fueran bastante, las grandes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos fortalecieron al dólar y obligaron a otros grandes bancos centrales a imitarlas. Para los países en desarrollo con problemas, nunca ha sido tan difícil hacer frente a los efectos de desastres ambientales relacionados con el cambio climático (por ejemplo inundaciones, sequías y fuertes tormentas), y se está perdiendo una gran parte de los avances económicos y sociales de las últimas décadas.
Los países de menos ingresos se asoman a un abismo económico y no han hecho nada por merecerlo. Según el FMI, más de la cuarta parte de las economías emergentes cayeron en cesación de pagos o han tenido bonos operando en niveles de tensión. De los países de bajos ingresos, más del 60% ya cayeron o corren riesgo de caer en una crisis de deuda. La falta de inversión pública en medidas de adaptación y resiliencia climática también empeoró el riesgo de deuda soberana y encareció el acceso a capital; se crea así un círculo vicioso que agravará el deterioro de las finanzas públicas y de la sostenibilidad de las deudas.
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El marco común del G20 para el tratamiento de deudas (que busca proveer un alivio a los países en dificultades) no produjo acciones eficaces y oportunas. Además, excluye a los países de ingresos medios y no tiene mecanismos para exigir la participación de los acreedores privados. De los tres países que se acogieron al marco (Chad, Etiopía y Zambia), sólo el primero llegó a un acuerdo con sus acreedores, y sólo después de dos años de arduas negociaciones y sin obtener ninguna quita de deuda. Es probable que estos tres ejemplos desalienten futuros pedidos de reestructuración.
Uno de los temas centrales del debate sobre cambio climático y deuda es la propuesta de llegar a «acuerdos de deuda por clima» (también llamados «deuda por naturaleza») que permitan a los países cancelar una parte de sus deudas a cambio de la financiación de proyectos locales relacionados con el clima. Más allá de que estos acuerdos son una bienvenida fuente de financiación para esfuerzos de conservación cruciales, sus altos costos de transacción y su volumen limitado no los hacen aptos para dar respuesta a una crisis de deuda de proporciones sistémicas.
Poner a los países vulnerables en una senda hacia la resiliencia climática y el desarrollo verde traería beneficios a deudores y acreedores por igual. Por eso la comunidad internacional, y en particular los países del G20, deben acordar una iniciativa integral de alivio de deudas que permita a los países con dificultades financiar proyectos verdes a cambio de un perdón parcial de las deudas.
Ahora que asumió la presidencia formal del G20, la India debería iniciar una revisión independiente de la agenda del G20 para las deudas y hacer recomendaciones para su reforma. Este proceso también debe incluir a los países con altos niveles de deuda, que por lo general no tienen voz en las cumbres del G20. A fines de 2021, el Grupo V20, que representa a los ministerios de finanzas de 58 países vulnerables al clima con una población combinada de 1500 millones de personas, propuso un esquema de reestructuración de deudas que incluye soluciones prácticas para la financiación de proyectos de descarbonización. Es necesario que los países más ricos del mundo consideren seriamente darle apoyo.
Otra propuesta interesante, respaldada por el presidente francés Emmanuel Macron en la COP27, es formar un panel de expertos de alto nivel que estudie el modo de garantizar la sostenibilidad de las deudas a largo plazo y permitir a los países deudores movilizar inversiones.
La comunidad internacional no debe repetir los errores de crisis de deuda pasadas. Una respuesta insuficiente y tardía provocará una avalancha de crisis en numerosos países en desarrollo, que pondrá en riesgo la estabilidad social y política y retrasará todavía más la agenda climática internacional. Para garantizar un futuro equitativo y con resiliencia climática, lo primero es evitar la crisis de deuda inminente.
Este artículo incluye aportes de: Shamshad Akhtar, ex subsecretaria general de las Naciones Unidas; Anzetse Were, economista sénior en Financial Sector Deepening Kenya; Kevin P. Gallagher, director del Centro de Políticas de Desarrollo Global en la Universidad de Boston; y Jörg Haas, jefe de política internacional en la Fundación Heinrich Böll.
Los autores son copresidentes del Proyecto de Alivio de Deuda para una Recuperación Verde e Inclusiva.