PARÍS/MÚNICH – Los inversores institucionales están abrazando cada vez más los esfuerzos necesarios para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. Algunos ya implementaron medidas en sus carteras e incorporaron a los factores climáticos en la toma de decisiones. La Alianza de Propietarios de Activos para el Objetivo de Cero Emisiones convocada por la ONU (que preside uno de nosotros) ya cuenta con 46 miembros, son fondos de pensión y aseguradoras que gestionan unos USD 6,7 billones en activos.
Los pasos que se den en esta década serán decisivos para alcanzar las metas a mediados de siglo. De los miembros de la alianza, 23 informaron públicamente sus metas de reducción de GEI para 2025, lo que implica que están comprometidos con la acción inmediata. Los 5 miembros restantes que deben fijar sus metas este año pronto declararán objetivos provisorios. También se están estableciendo iniciativas para reducir a cero las emisiones netas en los sectores de gestión de inversiones y bancario, que administran activos por USD 43 billones y USD 37 billones, respectivamente. Y, sin embargo, los fondos soberanos de inversión (FSI) —que administran unos USD 10 billones— están notoriamente ausentes, aun cuando algunos son propiedad de gobiernos que adoptaron objetivos climáticos ambiciosos.
Según los acuerdos internacionales existentes, las emisiones de GEI se miden por países. Esto subestima el potencial impacto climático de los países con grandes tenencias de activos extranjeros. Por ejemplo, las tenencias totales de activos de los FSI noruegos triplican el tamaño de la economía de Noruega y las emisiones de dióxido de carbono vinculadas con su cartera de acciones duplican aproximadamente las emisiones totales del país.
El caso de Noruega no es único, un informe reciente del Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión (International Forum of Sovereign Wealth Funds, IFSWF) muestra que los FSI van a la zaga en todo el mundo. Aproximadamente tres cuartos de ellos informaron que menos del 10 % de sus tenencias corresponden a estrategias relacionadas con el clima y solo el 14 % tomó decisiones de desinversión relacionadas con metas climáticas o ambientales. Aun cuando el 24 % de los FSI considera que la acción climática parte de un marco ambiental, social y de gobernanza más amplio, solo el 12 % cuenta con una política explícita relacionada con el cambio climático.
Ciertamente, los Principios y Prácticas Generalmente Aceptados del ISFWF (los «Principios de Santiago») no especifican requisitos de sostenibilidad para los FSI, pero los gobiernos de los países que cuentan con FSI debieran considerar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow (COP26), en noviembre, como una oportunidad para comprometerse decididamente con el programa para reducir a cero las emisiones netas.
Hay varios motivos por los que debieran hacerlo: en primer lugar, las metas de emisiones netas nulas para 2050 se están convirtiendo en una expectativa dominante en general para todos los grandes inversores institucionales. Cuando un gobierno no vincula a sus FSI con esta meta, adopta un comportamiento parasitario respecto de la creciente porción del sector financiero privado que ya está tomando medidas ecológicas: una paradoja de las finanzas climáticas por excelencia.
Además, tiene poco sentido que los gobiernos que procuran ser coherentes en sus compromisos climáticos separen las emisiones de las carteras de sus FSI de sus objetivos climáticos generales. No hay que interpretar el foco local de los acuerdos climáticos internacionales como un permiso ilimitado para las emisiones asociadas con la inversión extranjera. En lugar de ello los gobiernos deben usar el peso financiero de sus FSI para impulsar la acción climática internacionalmente.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la transición hacia una economía con bajas emisiones de dióxido de carbono representa la mayor oportunidad de inversión en décadas. Para pasar del «marrón» al «verde» serán necesarios cambios a una escala similar a la de la revolución industrial. Quienes creen nuevos mercados o ingresen primero a ellos tienen la posibilidad de cosechar rendimientos gigantescos.
El Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda (New Zealand Superannuation Fund) es uno de los pocos FSI con un objetivo explícito de reducción de emisiones y ya comenzó a aprovechar estas nuevas oportunidades. Entre 2017 y 2020 la cartera de referencia con bajas emisiones de carbono del fondo, que incluye al 40 % de sus activos totales, generó rendimientos un 0,6 % superiores a los de su cartera de referencia estándar. Por el contrario, el SWF de Noruega desperdició la oportunidad de lograr rendimientos por USD 126 000 millones durante ese mismo período, porque invirtió en petróleo y gas en vez de en acciones verdes.
Debido que muchos países con FSI han tenido una fuerte dependencia histórica de sus sectores petrolíferos y gasíferos, la transición para abandonar los combustibles fósiles los expone a mayores riesgos económicos, pero los gobiernos pueden mitigarlos alineando sus FSI con metas climáticas. Un enfoque que incluya a la totalidad de la cartera permitirá que esos gobiernos empiecen a desvincular el crecimiento económico interno de la rentabilidad de los FSI, aumentando así la robustez de la economía en su conjunto.
Para los FSI, al igual que para otros inversores institucionales, quedarse al margen del esfuerzo de mitigación climática mundial ya no es una opción, pero tampoco alcanza solo con centrarse en el riesgo de cartera vinculado con el clima e ignorar el impacto climático más amplio de los fondos. Si los FSI se tomaran las cosas en serio y se unieran a la Alianza de Propietarios de Activos para el Objetivo de Cero Emisiones, tendrían que fijar metas más restrictivas para las emisiones cada cinco años, y presentar informes anuales (junto con la información financiera habitual) sobre sus avances para cumplirlas. Además se esperaría de ellos no solo que inviertan en activos verdes sino también —y esto es algo todavía más importante— que ellos mismos desarrollen nuevos activos sostenibles.
Países como Francia, Irlanda, nueva Zelanda, Noruega, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos están en buena posición para liderar un movimiento mundial de FSI para conseguir compromisos de reducción a cero de las emisiones netas en la COP26. Si lo hacen, otros fondos con grandes equipos de inversión y operaciones sofisticadas los imitarán rápidamente, y uno esperaría que quienes tengan menos recursos no demorarían demasiado en seguirlos.
La mayoría de los FSI fueron creados como vehículos de ahorro para la generaciones futuras, sería lógico que esos fondos contribuyan a conservar el clima del que dependerán esa generaciones.
Las opiniones expresadas en este artículo son personales de los autores y no necesariamente de representan las de la OCDE.
Traducción al español por Ant-Translation
PARÍS/MÚNICH – Los inversores institucionales están abrazando cada vez más los esfuerzos necesarios para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. Algunos ya implementaron medidas en sus carteras e incorporaron a los factores climáticos en la toma de decisiones. La Alianza de Propietarios de Activos para el Objetivo de Cero Emisiones convocada por la ONU (que preside uno de nosotros) ya cuenta con 46 miembros, son fondos de pensión y aseguradoras que gestionan unos USD 6,7 billones en activos.
Los pasos que se den en esta década serán decisivos para alcanzar las metas a mediados de siglo. De los miembros de la alianza, 23 informaron públicamente sus metas de reducción de GEI para 2025, lo que implica que están comprometidos con la acción inmediata. Los 5 miembros restantes que deben fijar sus metas este año pronto declararán objetivos provisorios. También se están estableciendo iniciativas para reducir a cero las emisiones netas en los sectores de gestión de inversiones y bancario, que administran activos por USD 43 billones y USD 37 billones, respectivamente. Y, sin embargo, los fondos soberanos de inversión (FSI) —que administran unos USD 10 billones— están notoriamente ausentes, aun cuando algunos son propiedad de gobiernos que adoptaron objetivos climáticos ambiciosos.
Según los acuerdos internacionales existentes, las emisiones de GEI se miden por países. Esto subestima el potencial impacto climático de los países con grandes tenencias de activos extranjeros. Por ejemplo, las tenencias totales de activos de los FSI noruegos triplican el tamaño de la economía de Noruega y las emisiones de dióxido de carbono vinculadas con su cartera de acciones duplican aproximadamente las emisiones totales del país.
El caso de Noruega no es único, un informe reciente del Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión (International Forum of Sovereign Wealth Funds, IFSWF) muestra que los FSI van a la zaga en todo el mundo. Aproximadamente tres cuartos de ellos informaron que menos del 10 % de sus tenencias corresponden a estrategias relacionadas con el clima y solo el 14 % tomó decisiones de desinversión relacionadas con metas climáticas o ambientales. Aun cuando el 24 % de los FSI considera que la acción climática parte de un marco ambiental, social y de gobernanza más amplio, solo el 12 % cuenta con una política explícita relacionada con el cambio climático.
Ciertamente, los Principios y Prácticas Generalmente Aceptados del ISFWF (los «Principios de Santiago») no especifican requisitos de sostenibilidad para los FSI, pero los gobiernos de los países que cuentan con FSI debieran considerar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow (COP26), en noviembre, como una oportunidad para comprometerse decididamente con el programa para reducir a cero las emisiones netas.
Hay varios motivos por los que debieran hacerlo: en primer lugar, las metas de emisiones netas nulas para 2050 se están convirtiendo en una expectativa dominante en general para todos los grandes inversores institucionales. Cuando un gobierno no vincula a sus FSI con esta meta, adopta un comportamiento parasitario respecto de la creciente porción del sector financiero privado que ya está tomando medidas ecológicas: una paradoja de las finanzas climáticas por excelencia.
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Además, tiene poco sentido que los gobiernos que procuran ser coherentes en sus compromisos climáticos separen las emisiones de las carteras de sus FSI de sus objetivos climáticos generales. No hay que interpretar el foco local de los acuerdos climáticos internacionales como un permiso ilimitado para las emisiones asociadas con la inversión extranjera. En lugar de ello los gobiernos deben usar el peso financiero de sus FSI para impulsar la acción climática internacionalmente.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la transición hacia una economía con bajas emisiones de dióxido de carbono representa la mayor oportunidad de inversión en décadas. Para pasar del «marrón» al «verde» serán necesarios cambios a una escala similar a la de la revolución industrial. Quienes creen nuevos mercados o ingresen primero a ellos tienen la posibilidad de cosechar rendimientos gigantescos.
El Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda (New Zealand Superannuation Fund) es uno de los pocos FSI con un objetivo explícito de reducción de emisiones y ya comenzó a aprovechar estas nuevas oportunidades. Entre 2017 y 2020 la cartera de referencia con bajas emisiones de carbono del fondo, que incluye al 40 % de sus activos totales, generó rendimientos un 0,6 % superiores a los de su cartera de referencia estándar. Por el contrario, el SWF de Noruega desperdició la oportunidad de lograr rendimientos por USD 126 000 millones durante ese mismo período, porque invirtió en petróleo y gas en vez de en acciones verdes.
Debido que muchos países con FSI han tenido una fuerte dependencia histórica de sus sectores petrolíferos y gasíferos, la transición para abandonar los combustibles fósiles los expone a mayores riesgos económicos, pero los gobiernos pueden mitigarlos alineando sus FSI con metas climáticas. Un enfoque que incluya a la totalidad de la cartera permitirá que esos gobiernos empiecen a desvincular el crecimiento económico interno de la rentabilidad de los FSI, aumentando así la robustez de la economía en su conjunto.
Para los FSI, al igual que para otros inversores institucionales, quedarse al margen del esfuerzo de mitigación climática mundial ya no es una opción, pero tampoco alcanza solo con centrarse en el riesgo de cartera vinculado con el clima e ignorar el impacto climático más amplio de los fondos. Si los FSI se tomaran las cosas en serio y se unieran a la Alianza de Propietarios de Activos para el Objetivo de Cero Emisiones, tendrían que fijar metas más restrictivas para las emisiones cada cinco años, y presentar informes anuales (junto con la información financiera habitual) sobre sus avances para cumplirlas. Además se esperaría de ellos no solo que inviertan en activos verdes sino también —y esto es algo todavía más importante— que ellos mismos desarrollen nuevos activos sostenibles.
Países como Francia, Irlanda, nueva Zelanda, Noruega, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos están en buena posición para liderar un movimiento mundial de FSI para conseguir compromisos de reducción a cero de las emisiones netas en la COP26. Si lo hacen, otros fondos con grandes equipos de inversión y operaciones sofisticadas los imitarán rápidamente, y uno esperaría que quienes tengan menos recursos no demorarían demasiado en seguirlos.
La mayoría de los FSI fueron creados como vehículos de ahorro para la generaciones futuras, sería lógico que esos fondos contribuyan a conservar el clima del que dependerán esa generaciones.
Las opiniones expresadas en este artículo son personales de los autores y no necesariamente de representan las de la OCDE.
Traducción al español por Ant-Translation