CAMBRIDGE – Walhi, la organización ambiental más grande de Indonesia, recientemente llevó al gobierno a los tribunales por emitir permisos de construcción a una compañía china en base a lo que, sostienen, fue una evaluación de impacto ambiental “profundamente defectuosa”. En verdad, dice Wahli, el proyecto de la represa Batang Toru de 1.500 millones de dólares tendrá severas consecuencias ecológicas, incluida la posible extinción del gran simio más raro del mundo, el orangután Tapanuli.
Batang Toru es sólo uno de los muchos proyectos de infraestructura planeados a nivel mundial que oficialmente son considerados responsables con el medio ambiente, a pesar de que plantean riesgos ambientales serios. Por ejemplo, la construcción de una línea férrea que atraviesa el famoso Parque Nacional Nairobi en Kenia está casi terminada, a pesar de la indignación pública que generó una evaluación de impacto ambiental “incompleta e incompetente”.
De la misma manera, en Guinea, el gobierno ha aprobado planes para que otra empresa china construya una represa dentro del parque nacional Moyen-Bafing, una reserva de chimpancés. La evaluación de impacto ambiental que se llevó a cabo, dicen los expertos, subestima considerablemente la cantidad de chimpancés que pone en peligro el proyecto.
Ésta es una tendencia peligrosa y podría afectar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos –entre ellos la producción de alimentos y agua, los ciclos de los nutrientes y la regulación natural de las plagas de los cultivos y los polinizadores- de los que depende toda la vida. Alrededor del 60% de esos servicios ya están degradados. Ante la expectativa de que el mundo invierta aproximadamente 90 billones de dólares en infraestructura (incluidos caminos, represas y centrales eléctricas) sólo en los próximos 15 años –lo que resultará en más infraestructura nueva de la que hoy existe globalmente-, se necesita con urgencia garantizar que las decisiones de inversión tengan en cuenta las consecuencias ambientales reales de los proyectos.
Ése es el objetivo de las evaluaciones ambientales estratégicas (EAEs). En 1991, los miembros de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa acordaron una convención sobre las EAEs en contextos transfronterizos. En marzo de este año, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el organismo de toma de decisiones de más alto nivel del mundo en materia ambiental, adoptó una resolución que exige que todos los gobiernos realicen EAEs antes de aprobar cualquier proyecto de infraestructura.
Estas medidas reflejan el reconocimiento de que las EAEs son necesarias para garantizar que las decisiones tomadas por los gobiernos y las empresas no causen un daño indebido al medio ambiente natural o a la gente que de él depende. Muchos países hoy reconocen la relación entre las actividades económicas y los desenlaces ambientales, y exigen que se realicen EAEs antes de dar luz verde a los proyectos.
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Sin embargo, como revelan los ejemplos mencionados anteriormente, las EAEs no están cumpliendo su propósito de manera confiable. Tal como están las cosas, esto se debe a que los especialistas técnicos normalmente realizan las EAEs a instancias de los desarrolladores de los proyectos –una práctica que, como han señalado en repetidas ocasiones los activistas, es absolutamente antiética-. Dado que los asesores frecuentemente basan sus conclusiones sólo en una apreciación superficial del valor ecológico y de mercado de los ecosistemas afectados, no debería sorprender que los proyectos dañinos suelan aprobarse, a pesar de no cumplir con los lineamientos de desarrollo verde acordados mediante un amplio consenso.
Para desempeñar un papel efectivo en cuanto a proteger el planeta y su gente, las EAEs deben ser rigurosas, creíbles y transparentes. Esto significa que deben ser realizadas por profesionales bien regulados e imparciales. En alguna medida, las leyes e instituciones necesarias para hacer que esto suceda ya existen: en muchas jurisdicciones las EAEs son un requisito legal, y la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos podría ofrecer una auto-regulación. Pero todavía no existe un marco claro para regular la conducta de quienes realizan las evaluaciones de impacto, como los colegios de abogados para los profesionales legales.
Aquí, la evolución de la profesión contable puede ofrecer lecciones útiles. Mientras que podemos rastrear la contabilidad miles de años atrás hasta la Mesopotamia, la profesión recién fue reconocida a fines del siglo XIX. En Estados Unidos, una ley de 1896 dictaba que, para obtener el título de “contador público certificado” (CPC), uno tenía que aprobar exámenes estatales y reunir dos años de experiencia laboral.
En abril, los legisladores en el Reino Unido tomaron medidas para mejorar la transparencia y evitar conflictos de intereses en la contabilidad instando a la Autoridad de Competencia y Mercados a prohibir que las “Cuatro Grandes” firmas contables ofrezcan servicios de consultoría a clientes que están auditando. Esto se produce después de fallas de auditoría en la empresa constructora Carillion y el minorista BHS, y la promesa de tres de las cuatro firmas de eliminar gradualmente el trabajo de asesoría para sus clientes de auditoría.
La evolución de la profesión contable ha estado impulsada por el reconocimiento de que una gestión financiera imprudente pone en peligro la estabilidad social y económica. Pero una gestión ambiental imprudente plantea una amenaza por lo menos igual de seria Hace falta una acción similar para establecer requerimientos claros para quienes llevan a cabo evaluaciones relevantes.
Los gobiernos deben tomar conciencia de los conflictos de intereses causados por la estrategia actual de las EAEs e imponer un cambio real. Sólo si se garantiza que las decisiones de inversión en infraestructura estén basadas en evaluaciones de impacto rigurosas y creíbles será posible reconciliar el desarrollo económico con la preservación del ambiente natural.
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Initial evidence suggests that the victory of the pro-Russian Georgian Dream party in the recent parliamentary election reflects widespread fraud. If the West fails to support democratic opposition parties in challenging the results, Georgia’s 30-year-old democracy could come to an end.
urges Western leaders to take steps to halt the country’s slide into authoritarianism.
CAMBRIDGE – Walhi, la organización ambiental más grande de Indonesia, recientemente llevó al gobierno a los tribunales por emitir permisos de construcción a una compañía china en base a lo que, sostienen, fue una evaluación de impacto ambiental “profundamente defectuosa”. En verdad, dice Wahli, el proyecto de la represa Batang Toru de 1.500 millones de dólares tendrá severas consecuencias ecológicas, incluida la posible extinción del gran simio más raro del mundo, el orangután Tapanuli.
Batang Toru es sólo uno de los muchos proyectos de infraestructura planeados a nivel mundial que oficialmente son considerados responsables con el medio ambiente, a pesar de que plantean riesgos ambientales serios. Por ejemplo, la construcción de una línea férrea que atraviesa el famoso Parque Nacional Nairobi en Kenia está casi terminada, a pesar de la indignación pública que generó una evaluación de impacto ambiental “incompleta e incompetente”.
De la misma manera, en Guinea, el gobierno ha aprobado planes para que otra empresa china construya una represa dentro del parque nacional Moyen-Bafing, una reserva de chimpancés. La evaluación de impacto ambiental que se llevó a cabo, dicen los expertos, subestima considerablemente la cantidad de chimpancés que pone en peligro el proyecto.
Ésta es una tendencia peligrosa y podría afectar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos –entre ellos la producción de alimentos y agua, los ciclos de los nutrientes y la regulación natural de las plagas de los cultivos y los polinizadores- de los que depende toda la vida. Alrededor del 60% de esos servicios ya están degradados. Ante la expectativa de que el mundo invierta aproximadamente 90 billones de dólares en infraestructura (incluidos caminos, represas y centrales eléctricas) sólo en los próximos 15 años –lo que resultará en más infraestructura nueva de la que hoy existe globalmente-, se necesita con urgencia garantizar que las decisiones de inversión tengan en cuenta las consecuencias ambientales reales de los proyectos.
Ése es el objetivo de las evaluaciones ambientales estratégicas (EAEs). En 1991, los miembros de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa acordaron una convención sobre las EAEs en contextos transfronterizos. En marzo de este año, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el organismo de toma de decisiones de más alto nivel del mundo en materia ambiental, adoptó una resolución que exige que todos los gobiernos realicen EAEs antes de aprobar cualquier proyecto de infraestructura.
Estas medidas reflejan el reconocimiento de que las EAEs son necesarias para garantizar que las decisiones tomadas por los gobiernos y las empresas no causen un daño indebido al medio ambiente natural o a la gente que de él depende. Muchos países hoy reconocen la relación entre las actividades económicas y los desenlaces ambientales, y exigen que se realicen EAEs antes de dar luz verde a los proyectos.
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Para desempeñar un papel efectivo en cuanto a proteger el planeta y su gente, las EAEs deben ser rigurosas, creíbles y transparentes. Esto significa que deben ser realizadas por profesionales bien regulados e imparciales. En alguna medida, las leyes e instituciones necesarias para hacer que esto suceda ya existen: en muchas jurisdicciones las EAEs son un requisito legal, y la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos podría ofrecer una auto-regulación. Pero todavía no existe un marco claro para regular la conducta de quienes realizan las evaluaciones de impacto, como los colegios de abogados para los profesionales legales.
Aquí, la evolución de la profesión contable puede ofrecer lecciones útiles. Mientras que podemos rastrear la contabilidad miles de años atrás hasta la Mesopotamia, la profesión recién fue reconocida a fines del siglo XIX. En Estados Unidos, una ley de 1896 dictaba que, para obtener el título de “contador público certificado” (CPC), uno tenía que aprobar exámenes estatales y reunir dos años de experiencia laboral.
En abril, los legisladores en el Reino Unido tomaron medidas para mejorar la transparencia y evitar conflictos de intereses en la contabilidad instando a la Autoridad de Competencia y Mercados a prohibir que las “Cuatro Grandes” firmas contables ofrezcan servicios de consultoría a clientes que están auditando. Esto se produce después de fallas de auditoría en la empresa constructora Carillion y el minorista BHS, y la promesa de tres de las cuatro firmas de eliminar gradualmente el trabajo de asesoría para sus clientes de auditoría.
La evolución de la profesión contable ha estado impulsada por el reconocimiento de que una gestión financiera imprudente pone en peligro la estabilidad social y económica. Pero una gestión ambiental imprudente plantea una amenaza por lo menos igual de seria Hace falta una acción similar para establecer requerimientos claros para quienes llevan a cabo evaluaciones relevantes.
Los gobiernos deben tomar conciencia de los conflictos de intereses causados por la estrategia actual de las EAEs e imponer un cambio real. Sólo si se garantiza que las decisiones de inversión en infraestructura estén basadas en evaluaciones de impacto rigurosas y creíbles será posible reconciliar el desarrollo económico con la preservación del ambiente natural.