LONDRES – El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea propuso una reforma radical del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El debate que siguió -y la propuesta actualizada que difundió la Comisión en abril- revelaron que, a pesar del progreso que ha hecho la UE a la hora de diseñar políticas comunes en los últimos años, todavía prevalece la desconfianza.
Tal como estaba formulada originalmente, la legislación propuesta de la Comisión reemplazaría los límites rígidos sobre la deuda pública y los déficits fiscales por objetivos de reducción de la deuda específicos por país (determinados por un análisis de sostenibilidad de la deuda) y planes fiscales de mediano plazo a nivel nacional. El monitoreo estaría basado en una “senda de gasto” simple -que vincule los límites del gasto neto anual, excluyendo los pagos de intereses y con un ajuste según las variaciones de los ciclos comerciales- y se fortalecería el cumplimiento.
La propuesta no convenció ni a Alemania ni a Italia. Alemania temía que el nuevo sistema le diera a la Comisión demasiada discreción sobre los objetivos de reducción de deuda, tornándolos susceptibles a las presiones políticas. Italia temía que los análisis de sostenibilidad de la deuda generaran volatilidad en el mercado de deuda soberana, y prefirió adherir a un sistema que había sido tan rígido en principio que terminó siendo flexible en términos reales.
LONDRES – El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea propuso una reforma radical del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El debate que siguió -y la propuesta actualizada que difundió la Comisión en abril- revelaron que, a pesar del progreso que ha hecho la UE a la hora de diseñar políticas comunes en los últimos años, todavía prevalece la desconfianza.
Tal como estaba formulada originalmente, la legislación propuesta de la Comisión reemplazaría los límites rígidos sobre la deuda pública y los déficits fiscales por objetivos de reducción de la deuda específicos por país (determinados por un análisis de sostenibilidad de la deuda) y planes fiscales de mediano plazo a nivel nacional. El monitoreo estaría basado en una “senda de gasto” simple -que vincule los límites del gasto neto anual, excluyendo los pagos de intereses y con un ajuste según las variaciones de los ciclos comerciales- y se fortalecería el cumplimiento.
La propuesta no convenció ni a Alemania ni a Italia. Alemania temía que el nuevo sistema le diera a la Comisión demasiada discreción sobre los objetivos de reducción de deuda, tornándolos susceptibles a las presiones políticas. Italia temía que los análisis de sostenibilidad de la deuda generaran volatilidad en el mercado de deuda soberana, y prefirió adherir a un sistema que había sido tan rígido en principio que terminó siendo flexible en términos reales.