GINEBRA – En los últimos años, el concepto de «infraestructura pública digital» (IPD) ha despertado el interés de la comunidad internacional (incluidos organismos como Naciones Unidas y el G20) como nuevo paradigma político para el desarrollo. Pero para hacer realidad sus beneficios potenciales, es esencial comprender los riesgos que conlleva.
Estos se derivan de la falta de una definición clara del concepto. El término engloba un sinfín de tecnologías digitales que sirven como infraestructura económica y social, desde sistemas de identificación y pago hasta intercambios de datos y servicios sanitarios. Pero desde el punto de vista de la formulación de políticas, la IPD se refiere a una vaga noción de usar estas tecnologías al servicio del interés público. Y el resultado tanto puede ser que Internet y la innovación tecnológica trabajen para todos como que terminen convertidas en herramientas para el control político.
En los debates sobre la IPD, es común que se destaque de qué manera la tecnología y la conectividad pueden impulsar el desarrollo. Un ejemplo muy citado es la interfaz unificada de pagos de la India, que ha ampliado la inclusión financiera y reducido el costo de las transacciones digitales para cientos de millones de usuarios.
También se da por entendido que una IPD se basará en «bienes públicos digitales», un concepto que abarca el «código abierto», los estándares abiertos y otros componentes no propietarios. Esta definición busca, en parte, posicionar la IPD como algo de uso público, pero también mejorar la competencia y mitigar la concentración de poder en la economía digital global.
Por último, los defensores de la IPD señalan su capacidad para fortalecer la cooperación internacional, sobre todo ahora que se acerca el momento de revisar los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en su 20.º aniversario. Esta importante iniciativa de la ONU ha sido un marco para la colaboración internacional en el desarrollo digital. Aunque hubo estados autoritarios que intentaron usar las negociaciones pasadas para asegurarse un mayor control de la gobernanza de Internet, es posible evitar la politización del debate y fomentar en cambio una agenda constructiva orientada a reducir las divisorias digitales, apelando a poner el acento en promover la IPD.
Pero basar la formulación de políticas en un concepto tan impreciso es muy arriesgado. Lo ideal sería que los gobiernos convoquen a otras partes interesadas para crear un entorno propicio a la IPD y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios. Pero es muy fácil imaginar a algunos gobiernos anteponiendo sus propios intereses a las libertades civiles y a los derechos fundamentales y usando esta infraestructura para la vigilancia y el hostigamiento selectivo de su población, en nombre de la ley o de la seguridad nacional. Un ejemplo especialmente pernicioso puede ser la vigilancia y regulación del comportamiento individual a través de distópicos sistemas de crédito social.
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Además, aunque muchos de sus defensores esperan que la IPD disminuya el poder desmesurado de las megatecnológicas, el concepto también se ha vinculado a ideas de soberanía digital que pueden contribuir a la fragmentación de Internet, una amenaza sistémica para las comunicaciones globales. Por ejemplo, sería imaginable que algunos gobiernos cuestionen el régimen descentralizado para la gestión de recursos globales de Internet (por ejemplo las direcciones IP y los nombres de dominio) con el argumento de que forman parte de la IPD.
De hecho, hace poco se vio algo similar en la Unión Europea, cuando se propuso una enmienda a la normativa sobre «identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza» (eIDAS) que habría permitido a los gobiernos imponer el reconocimiento de certificados digitales incompatibles con las normas estrictas que se aplican en el área. Ello suponía un riesgo de debilitar el modelo de gobernanza mundial en el que se basa la seguridad de los navegadores, y los gobiernos europeos podrían vigilar comunicaciones tanto dentro como fuera de sus fronteras.
La visión de la IPD como tema para la formulación de políticas seguirá evolucionando; ojalá los debates en curso ayuden a identificar y aclarar nuevas oportunidades y riesgos. Iniciativas como el marco universal de salvaguardias de la ONU para la IPD son un comienzo prometedor, pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, el marco de la ONU reconoce la necesidad de un aprendizaje continuo que garantice la aplicación de salvaguardias adecuadas.
Conforme el concepto de IPD vaya ganando terreno en el sistema de la ONU y en otros organismos multilaterales, será esencial un debate vigoroso e informado sobre sus posibles ventajas y riesgos. Con protecciones y pautas claras para la formulación de políticas, podemos evitar que estas tecnologías se conviertan en herramientas de vigilancia y represión, asegurar el acceso universal a los beneficios de la floreciente economía digital y mantener una Internet abierta, globalmente conectada y segura.
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Though Donald Trump attracted more support than ever from working-class voters in the 2024 US presidential election, he has long embraced an agenda that benefits the wealthiest Americans above all. During his second term, however, Trump seems committed not just to serving America’s ultra-rich, but to letting them wield state power themselves.
Given the United Kingdom’s poor investment performance over the past 30 years, any government would need time and luck to turn things around. For so many critics and commentators to trash the current government’s growth agenda before it has even been launched is counterproductive, if not dangerous.
sees promise in the current government’s economic-policy plan despite its imperfections.
GINEBRA – En los últimos años, el concepto de «infraestructura pública digital» (IPD) ha despertado el interés de la comunidad internacional (incluidos organismos como Naciones Unidas y el G20) como nuevo paradigma político para el desarrollo. Pero para hacer realidad sus beneficios potenciales, es esencial comprender los riesgos que conlleva.
Estos se derivan de la falta de una definición clara del concepto. El término engloba un sinfín de tecnologías digitales que sirven como infraestructura económica y social, desde sistemas de identificación y pago hasta intercambios de datos y servicios sanitarios. Pero desde el punto de vista de la formulación de políticas, la IPD se refiere a una vaga noción de usar estas tecnologías al servicio del interés público. Y el resultado tanto puede ser que Internet y la innovación tecnológica trabajen para todos como que terminen convertidas en herramientas para el control político.
En los debates sobre la IPD, es común que se destaque de qué manera la tecnología y la conectividad pueden impulsar el desarrollo. Un ejemplo muy citado es la interfaz unificada de pagos de la India, que ha ampliado la inclusión financiera y reducido el costo de las transacciones digitales para cientos de millones de usuarios.
También se da por entendido que una IPD se basará en «bienes públicos digitales», un concepto que abarca el «código abierto», los estándares abiertos y otros componentes no propietarios. Esta definición busca, en parte, posicionar la IPD como algo de uso público, pero también mejorar la competencia y mitigar la concentración de poder en la economía digital global.
Por último, los defensores de la IPD señalan su capacidad para fortalecer la cooperación internacional, sobre todo ahora que se acerca el momento de revisar los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en su 20.º aniversario. Esta importante iniciativa de la ONU ha sido un marco para la colaboración internacional en el desarrollo digital. Aunque hubo estados autoritarios que intentaron usar las negociaciones pasadas para asegurarse un mayor control de la gobernanza de Internet, es posible evitar la politización del debate y fomentar en cambio una agenda constructiva orientada a reducir las divisorias digitales, apelando a poner el acento en promover la IPD.
Pero basar la formulación de políticas en un concepto tan impreciso es muy arriesgado. Lo ideal sería que los gobiernos convoquen a otras partes interesadas para crear un entorno propicio a la IPD y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios. Pero es muy fácil imaginar a algunos gobiernos anteponiendo sus propios intereses a las libertades civiles y a los derechos fundamentales y usando esta infraestructura para la vigilancia y el hostigamiento selectivo de su población, en nombre de la ley o de la seguridad nacional. Un ejemplo especialmente pernicioso puede ser la vigilancia y regulación del comportamiento individual a través de distópicos sistemas de crédito social.
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De hecho, hace poco se vio algo similar en la Unión Europea, cuando se propuso una enmienda a la normativa sobre «identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza» (eIDAS) que habría permitido a los gobiernos imponer el reconocimiento de certificados digitales incompatibles con las normas estrictas que se aplican en el área. Ello suponía un riesgo de debilitar el modelo de gobernanza mundial en el que se basa la seguridad de los navegadores, y los gobiernos europeos podrían vigilar comunicaciones tanto dentro como fuera de sus fronteras.
La visión de la IPD como tema para la formulación de políticas seguirá evolucionando; ojalá los debates en curso ayuden a identificar y aclarar nuevas oportunidades y riesgos. Iniciativas como el marco universal de salvaguardias de la ONU para la IPD son un comienzo prometedor, pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, el marco de la ONU reconoce la necesidad de un aprendizaje continuo que garantice la aplicación de salvaguardias adecuadas.
Conforme el concepto de IPD vaya ganando terreno en el sistema de la ONU y en otros organismos multilaterales, será esencial un debate vigoroso e informado sobre sus posibles ventajas y riesgos. Con protecciones y pautas claras para la formulación de políticas, podemos evitar que estas tecnologías se conviertan en herramientas de vigilancia y represión, asegurar el acceso universal a los beneficios de la floreciente economía digital y mantener una Internet abierta, globalmente conectada y segura.
Traducción: Esteban Flamini