PARÍS – La Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas que acaba de concluir en Nueva York, y la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social del año próximo, apuntan a “trazar un camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y responder a los desafíos y oportunidades que vayan surgiendo”. Pero la pregunta de cómo financiar las inversiones necesarias -particularmente en un momento en que muchos países están agobiados por la deuda- invade las discusiones globales.
El mundo es más complicado que hace diez años, cuando se redactó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que fija los 17 ODS y sus 169 metas. Cuando se aprobó la Agenda en enero de 2016, todavía no habíamos enfrentado la pandemia del COVID-19, la guerra no se había engullido a Ucrania o Gaza y Estados Unidos y China no estaban enemistados.
Hoy, la economía mundial está más fragmentada, las tensiones geopolíticas se han exacerbado y el multilateralismo está chisporroteando. Por otra parte, la cantidad de personas que viven en la pobreza ha aumentado: en 2020-23, se estima que 165 millones de personas, principalmente en los países en desarrollo, cayeron por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial (3,65 dólares por día de paridad de poder adquisitivo).
Por otro lado, las cargas de deuda de muchos países se han vuelto menos manejables, después de que los gobiernos se vieron obligados a aumentar el gasto público en respuesta a la pandemia y a las subsiguientes crisis de costo de vida. Hoy, solo 27 países en desarrollo -18% del total- no experimentan una carga de deuda excesiva. El resto lidia con problemas de sobreendeudamiento, que minan el crecimiento económico y el desarrollo, y plantean el riesgo de un eventual incumplimiento de pago. El Fondo Monetario Internacional estima que el umbral de carga de deuda para los países de bajos ingresos está entre el 35% y el 70% del PIB, después de lo cual la deuda puede tornarse inmanejable.
Cuando los costos del pago de la deuda son elevados, los países muchas veces terminan haciendo grandes sacrificios para seguir siendo solventes. Por ejemplo, podrían recurrir a las reservas de moneda extranjera, debilitando así su capacidad de responder a crisis futuras, o desviar recursos de áreas críticas -como educación, salud y protección social- para cumplir con sus pagos. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses hoy son 2,3 veces superiores que el gasto en asistencia social, y 1,4 veces mayores que los gastos en salud doméstica, en promedio. Representan el 60% del gasto en educación.
Es poco probable que un país que reduce el gasto social para pagar sus deudas -a pesar del aumento de la pobreza que esto inevitablemente conllevará- pueda hacer inversiones de largo plazo en desarrollo sostenible. Sin embargo, como han dejado en claro las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, un incremento significativo del financiamiento, tanto a nivel nacional como internacional, es una precondición para cumplir con los ODS para la fecha límite de 2030.
En consecuencia, es urgente ofrecer alivio a los países que enfrentan crisis de deuda. Los gobiernos no deberían tener que elegir entre pagar sus deudas y ocuparse de sus ciudadanos, y las deudas de hoy no deberían actuar como un lastre para el futuro. La capacidad de los países de gestionar su deuda debería evaluarse en función de un rango más amplio de indicadores -humanos, sociales y ambientales, no solo financieros-. En los casos en que sea necesario un alivio de la deuda, una restructuración de la deuda o ambas cosas, debe implementarse con celeridad y eficiencia como parte de una estrategia de gestión de deuda integral, posiblemente haciendo uso de instrumentos como los canjes de deuda por clima, que comprometen al gobierno deudor a invertir los ahorros del alivio de la deuda en adaptación o mitigación climática.
Ahora bien, el alivio de la deuda, por sí solo, no es suficiente. Si los países en desarrollo pretenden alcanzar los ODS, necesitarán nuevos recursos de financiamiento. Hasta el momento, los bancos multilaterales de desarrollo han tomado la delantera en este frente. Como muestra un informe reciente de la OCDE, en 2012-20, los desembolsos del Grupo Banco Mundial aumentaron el 72%, y los de otros BMD se dispararon el 155%. En 2021-22, los desembolsos totales de los BMD se incrementaron otro 22%.
Esta tendencia continuará. A comienzos de este año, diez BMD estimaron que podían ampliar colectivamente su tope de crédito otros 300.000-400.000 millones de dólares en los próximos diez años. Pero esto implicaría un incremento de apenas 40.000 millones de dólares más por año -mucho menos que los 260.000 millones de dólares anuales que, según estima el Grupo de Expertos Independientes del G20, harán falta para cumplir con los ODS.
Para abordar el imperativo del desarrollo sostenible, los BMD tendrán que persuadir a sus estados miembro de aumentar sus propios aportes en cantidades proporcionales a la magnitud de los desafíos por delante. Otras organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, así como donantes no gubernamentales y el sector privado, también deberán aumentar su respaldo.
Los esfuerzos multilaterales deberían apuntar tanto a abordar la deuda existente como a ampliar el acceso a un financiamiento asequible en el futuro, utilizando una variedad de instrumentos, entre ellos préstamos concesionales, bonos verdes y azules y subsidios. Y las medidas políticas deben coordinarse a nivel internacional. De lo contrario, tenemos pocas chances de alcanzar los ODS de aquí a la fecha límite de 2030, con consecuencias devastadoras para la gente y el planeta.
PARÍS – La Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas que acaba de concluir en Nueva York, y la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social del año próximo, apuntan a “trazar un camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y responder a los desafíos y oportunidades que vayan surgiendo”. Pero la pregunta de cómo financiar las inversiones necesarias -particularmente en un momento en que muchos países están agobiados por la deuda- invade las discusiones globales.
El mundo es más complicado que hace diez años, cuando se redactó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que fija los 17 ODS y sus 169 metas. Cuando se aprobó la Agenda en enero de 2016, todavía no habíamos enfrentado la pandemia del COVID-19, la guerra no se había engullido a Ucrania o Gaza y Estados Unidos y China no estaban enemistados.
Hoy, la economía mundial está más fragmentada, las tensiones geopolíticas se han exacerbado y el multilateralismo está chisporroteando. Por otra parte, la cantidad de personas que viven en la pobreza ha aumentado: en 2020-23, se estima que 165 millones de personas, principalmente en los países en desarrollo, cayeron por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial (3,65 dólares por día de paridad de poder adquisitivo).
Por otro lado, las cargas de deuda de muchos países se han vuelto menos manejables, después de que los gobiernos se vieron obligados a aumentar el gasto público en respuesta a la pandemia y a las subsiguientes crisis de costo de vida. Hoy, solo 27 países en desarrollo -18% del total- no experimentan una carga de deuda excesiva. El resto lidia con problemas de sobreendeudamiento, que minan el crecimiento económico y el desarrollo, y plantean el riesgo de un eventual incumplimiento de pago. El Fondo Monetario Internacional estima que el umbral de carga de deuda para los países de bajos ingresos está entre el 35% y el 70% del PIB, después de lo cual la deuda puede tornarse inmanejable.
Cuando los costos del pago de la deuda son elevados, los países muchas veces terminan haciendo grandes sacrificios para seguir siendo solventes. Por ejemplo, podrían recurrir a las reservas de moneda extranjera, debilitando así su capacidad de responder a crisis futuras, o desviar recursos de áreas críticas -como educación, salud y protección social- para cumplir con sus pagos. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses hoy son 2,3 veces superiores que el gasto en asistencia social, y 1,4 veces mayores que los gastos en salud doméstica, en promedio. Representan el 60% del gasto en educación.
Es poco probable que un país que reduce el gasto social para pagar sus deudas -a pesar del aumento de la pobreza que esto inevitablemente conllevará- pueda hacer inversiones de largo plazo en desarrollo sostenible. Sin embargo, como han dejado en claro las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, un incremento significativo del financiamiento, tanto a nivel nacional como internacional, es una precondición para cumplir con los ODS para la fecha límite de 2030.
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En consecuencia, es urgente ofrecer alivio a los países que enfrentan crisis de deuda. Los gobiernos no deberían tener que elegir entre pagar sus deudas y ocuparse de sus ciudadanos, y las deudas de hoy no deberían actuar como un lastre para el futuro. La capacidad de los países de gestionar su deuda debería evaluarse en función de un rango más amplio de indicadores -humanos, sociales y ambientales, no solo financieros-. En los casos en que sea necesario un alivio de la deuda, una restructuración de la deuda o ambas cosas, debe implementarse con celeridad y eficiencia como parte de una estrategia de gestión de deuda integral, posiblemente haciendo uso de instrumentos como los canjes de deuda por clima, que comprometen al gobierno deudor a invertir los ahorros del alivio de la deuda en adaptación o mitigación climática.
Ahora bien, el alivio de la deuda, por sí solo, no es suficiente. Si los países en desarrollo pretenden alcanzar los ODS, necesitarán nuevos recursos de financiamiento. Hasta el momento, los bancos multilaterales de desarrollo han tomado la delantera en este frente. Como muestra un informe reciente de la OCDE, en 2012-20, los desembolsos del Grupo Banco Mundial aumentaron el 72%, y los de otros BMD se dispararon el 155%. En 2021-22, los desembolsos totales de los BMD se incrementaron otro 22%.
Esta tendencia continuará. A comienzos de este año, diez BMD estimaron que podían ampliar colectivamente su tope de crédito otros 300.000-400.000 millones de dólares en los próximos diez años. Pero esto implicaría un incremento de apenas 40.000 millones de dólares más por año -mucho menos que los 260.000 millones de dólares anuales que, según estima el Grupo de Expertos Independientes del G20, harán falta para cumplir con los ODS.
Para abordar el imperativo del desarrollo sostenible, los BMD tendrán que persuadir a sus estados miembro de aumentar sus propios aportes en cantidades proporcionales a la magnitud de los desafíos por delante. Otras organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, así como donantes no gubernamentales y el sector privado, también deberán aumentar su respaldo.
Los esfuerzos multilaterales deberían apuntar tanto a abordar la deuda existente como a ampliar el acceso a un financiamiento asequible en el futuro, utilizando una variedad de instrumentos, entre ellos préstamos concesionales, bonos verdes y azules y subsidios. Y las medidas políticas deben coordinarse a nivel internacional. De lo contrario, tenemos pocas chances de alcanzar los ODS de aquí a la fecha límite de 2030, con consecuencias devastadoras para la gente y el planeta.