NUEVA YORK – La palabra del momento, por desgracia, es ómicron. Ahora que una variante nueva del virus de la COVID‑19 domina los titulares, la atención mundial a la cuestión climática suscitada por la COP26 del mes pasado se está diluyendo. Al fin y al cabo, la humanidad tiende a concentrarse en la amenaza más inmediata.
Sin embargo, la respuesta a la pandemia puede ofrecernos una hoja de ruta para hacer frente al cambio climático. Las dos crisis entrañan una típica «tragedia de los comunes»: lo que ocurre cuando las personas anteponen la ganancia individual al bienestar de la sociedad. Pero la reacción mundial a la COVID‑19 demostró que era posible que socios improbables pusieran en riesgo sus intereses individuales para acelerar juntos el desarrollo, la prueba y la distribución (al menos en los países ricos) de vacunas eficaces. La crisis climática demanda una actitud similar. Poner el capital al servicio de mitigar el calentamiento global demandará reunir a colaboradores muy disímiles venidos de las finanzas, la tecnología y el activismo por la justicia social, entre otras áreas.
El capital ha sido uno de los tres grandes motores de cambio en la historia, junto con el Estado y la religión. Tiene el poder de alterar la trayectoria de civilizaciones enteras. Sus flujos llevan décadas siguiendo un camino sencillo, definido por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, según el cual lo único que importa es el rendimiento para los accionistas. Pero incendios forestales como nunca se vieron, un aumento de la gravedad y frecuencia de las inundaciones, desigualdades sociales cada vez más evidentes y otros problemas preocupantes han sembrado dudas sobre la viabilidad a futuro de este principio.
Hay cada vez más consenso en torno de que la rentabilidad financiera no puede ser la única finalidad del capital; da prueba de ello el creciente interés en el uso de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG, o ESG por la sigla en inglés).
Que los inversores estén empezando a exigir a las empresas más transparencia respecto de su manejo de la dinámica ASG, y que ejecutivos y juntas directivas estén empezando a reunir datos pertinentes para ofrecerles, es buena noticia. No se puede cambiar aquello que no se mide.
Pero el movimiento ASG en general se ha centrado en las empresas que cotizan en bolsa. Es comprensible, porque es allí donde accionistas individuales pueden influir en la conducta corporativa, como demostró hace poco el fondo de inversión Engine No. 1 con su exitosa campaña para lograr la designación de promotores de la descarbonización en la junta de ExxonMobil. El problema es que hoy hay en el mundo menos de 50 000 de esas empresas, contra más de 200 millones de empresas no cotizadas. No se podrá usar con eficacia el motor del capital si no se las incluye.
Las empresas no cotizadas no sólo representan la inmensa mayoría de la provisión de empleo y buena parte del PIB mundial, sino que además son fuente de insumos clave para las otras. Los recientes compromisos con la emisión neta nula formulados por corporaciones incluidas en la nómina Fortune 500 serán en general inútiles mientras no haya más claridad sobre lo que sucede en sus cadenas de suministro.
En la actualidad, la información sobre los indicadores ASG de las empresas no cotizadas es escasa. Y de lo que hay, una buena parte son datos de mala calidad calculados por terceros usando algoritmos que en la práctica sólo ofrecen conclusiones tentativas. Falta un modelo cooperativo, en el que actores de distintas procedencias se unan para resolver un problema que excede las capacidades de cualquier organización aislada.
Por suerte ha habido estos últimos tiempos intentos prometedores de resolver este problema. Por ejemplo, el ESG Data Convergence Project, un grupo de gestoras de capital riesgo e inversores en sociedades limitadas, liderado por el Carlyle Group y por el sistema de pensiones de los empleados públicos del estado de California, está trabajando para estandarizar un conjunto de indicadores ASG para la industria de la administración de fondos de capital riesgo. Asimismo, la Institutional Limited Partners Association ha compuesto una hoja de ruta ASG con el objetivo de identificar las mejores prácticas para quienes inviertan en los mercados privados y deseen mejorar el uso de criterios ASG en sus organizaciones.
Finalmente, en Novata hemos organizado un consorcio muy inusual formado por representantes de intereses que probablemente nunca antes trabajaron juntos. Algunos de sus integrantes son la Fundación Ford, la Red Omidyar, S&P Global, Hamilton Lane y una amplia variedad de administradoras de capital riesgo y entidades que invierten en fondos de pensiones en Estados Unidos y Europa. El grupo representa a algunas de las fundaciones más importantes del mundo comprometidas con la justicia social y el capitalismo inclusivo, a grandes actores del área de la publicación y el análisis de datos financieros, al mayor intermediario en el área de los mercados privados, a un variado grupo de administradoras de capital riesgo con un compromiso de larga data con los principios ASG y a un conjunto de importantes fondos de pensiones que invierten en la categoría de activos de capital riesgo. En su carácter de corporación de interés público, el propósito de Novata es ofrecer a empresas no cotizadas de todo el mundo una ruta de acceso al uso de principios ASG que les permita medir, almacenar y publicar datos pertinentes.
Este naciente ecosistema de acuerdos de colaboración en los mercados privados constituye una nueva modalidad para la recolección de datos ASG precisos, que es esencial para poner el capital al servicio de resolver algunos de los problemas más grandes que enfrentamos. Y cabe destacar que estas iniciativas no buscan competir, sino complementarse para acelerar el cambio en los mercados privados.
En menos de dos años hemos visto a startups biotecnológicas, empresas farmacéuticas, instituciones académicas, gobiernos, fundaciones y usinas de pensamiento reunirse para desarrollar e implementar pruebas de detección, vacunas y tratamientos de avanzada para la COVID‑19. Este logro asombroso fue resultado de derribar fronteras organizacionales y sectoriales tradicionales, y es un recordatorio de que frente a una amenaza inminente, intereses divergentes pueden colaborar para señalar nuevos rumbos.
El camino está trazado. Ahora hay que seguirlo para encarar otros problemas de recursos comunes antes de que se conviertan en tragedias todavía peores.
Traducción: Esteban Flamini
NUEVA YORK – La palabra del momento, por desgracia, es ómicron. Ahora que una variante nueva del virus de la COVID‑19 domina los titulares, la atención mundial a la cuestión climática suscitada por la COP26 del mes pasado se está diluyendo. Al fin y al cabo, la humanidad tiende a concentrarse en la amenaza más inmediata.
Sin embargo, la respuesta a la pandemia puede ofrecernos una hoja de ruta para hacer frente al cambio climático. Las dos crisis entrañan una típica «tragedia de los comunes»: lo que ocurre cuando las personas anteponen la ganancia individual al bienestar de la sociedad. Pero la reacción mundial a la COVID‑19 demostró que era posible que socios improbables pusieran en riesgo sus intereses individuales para acelerar juntos el desarrollo, la prueba y la distribución (al menos en los países ricos) de vacunas eficaces. La crisis climática demanda una actitud similar. Poner el capital al servicio de mitigar el calentamiento global demandará reunir a colaboradores muy disímiles venidos de las finanzas, la tecnología y el activismo por la justicia social, entre otras áreas.
El capital ha sido uno de los tres grandes motores de cambio en la historia, junto con el Estado y la religión. Tiene el poder de alterar la trayectoria de civilizaciones enteras. Sus flujos llevan décadas siguiendo un camino sencillo, definido por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, según el cual lo único que importa es el rendimiento para los accionistas. Pero incendios forestales como nunca se vieron, un aumento de la gravedad y frecuencia de las inundaciones, desigualdades sociales cada vez más evidentes y otros problemas preocupantes han sembrado dudas sobre la viabilidad a futuro de este principio.
Hay cada vez más consenso en torno de que la rentabilidad financiera no puede ser la única finalidad del capital; da prueba de ello el creciente interés en el uso de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG, o ESG por la sigla en inglés).
Que los inversores estén empezando a exigir a las empresas más transparencia respecto de su manejo de la dinámica ASG, y que ejecutivos y juntas directivas estén empezando a reunir datos pertinentes para ofrecerles, es buena noticia. No se puede cambiar aquello que no se mide.
Pero el movimiento ASG en general se ha centrado en las empresas que cotizan en bolsa. Es comprensible, porque es allí donde accionistas individuales pueden influir en la conducta corporativa, como demostró hace poco el fondo de inversión Engine No. 1 con su exitosa campaña para lograr la designación de promotores de la descarbonización en la junta de ExxonMobil. El problema es que hoy hay en el mundo menos de 50 000 de esas empresas, contra más de 200 millones de empresas no cotizadas. No se podrá usar con eficacia el motor del capital si no se las incluye.
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Las empresas no cotizadas no sólo representan la inmensa mayoría de la provisión de empleo y buena parte del PIB mundial, sino que además son fuente de insumos clave para las otras. Los recientes compromisos con la emisión neta nula formulados por corporaciones incluidas en la nómina Fortune 500 serán en general inútiles mientras no haya más claridad sobre lo que sucede en sus cadenas de suministro.
En la actualidad, la información sobre los indicadores ASG de las empresas no cotizadas es escasa. Y de lo que hay, una buena parte son datos de mala calidad calculados por terceros usando algoritmos que en la práctica sólo ofrecen conclusiones tentativas. Falta un modelo cooperativo, en el que actores de distintas procedencias se unan para resolver un problema que excede las capacidades de cualquier organización aislada.
Por suerte ha habido estos últimos tiempos intentos prometedores de resolver este problema. Por ejemplo, el ESG Data Convergence Project, un grupo de gestoras de capital riesgo e inversores en sociedades limitadas, liderado por el Carlyle Group y por el sistema de pensiones de los empleados públicos del estado de California, está trabajando para estandarizar un conjunto de indicadores ASG para la industria de la administración de fondos de capital riesgo. Asimismo, la Institutional Limited Partners Association ha compuesto una hoja de ruta ASG con el objetivo de identificar las mejores prácticas para quienes inviertan en los mercados privados y deseen mejorar el uso de criterios ASG en sus organizaciones.
Finalmente, en Novata hemos organizado un consorcio muy inusual formado por representantes de intereses que probablemente nunca antes trabajaron juntos. Algunos de sus integrantes son la Fundación Ford, la Red Omidyar, S&P Global, Hamilton Lane y una amplia variedad de administradoras de capital riesgo y entidades que invierten en fondos de pensiones en Estados Unidos y Europa. El grupo representa a algunas de las fundaciones más importantes del mundo comprometidas con la justicia social y el capitalismo inclusivo, a grandes actores del área de la publicación y el análisis de datos financieros, al mayor intermediario en el área de los mercados privados, a un variado grupo de administradoras de capital riesgo con un compromiso de larga data con los principios ASG y a un conjunto de importantes fondos de pensiones que invierten en la categoría de activos de capital riesgo. En su carácter de corporación de interés público, el propósito de Novata es ofrecer a empresas no cotizadas de todo el mundo una ruta de acceso al uso de principios ASG que les permita medir, almacenar y publicar datos pertinentes.
Este naciente ecosistema de acuerdos de colaboración en los mercados privados constituye una nueva modalidad para la recolección de datos ASG precisos, que es esencial para poner el capital al servicio de resolver algunos de los problemas más grandes que enfrentamos. Y cabe destacar que estas iniciativas no buscan competir, sino complementarse para acelerar el cambio en los mercados privados.
En menos de dos años hemos visto a startups biotecnológicas, empresas farmacéuticas, instituciones académicas, gobiernos, fundaciones y usinas de pensamiento reunirse para desarrollar e implementar pruebas de detección, vacunas y tratamientos de avanzada para la COVID‑19. Este logro asombroso fue resultado de derribar fronteras organizacionales y sectoriales tradicionales, y es un recordatorio de que frente a una amenaza inminente, intereses divergentes pueden colaborar para señalar nuevos rumbos.
El camino está trazado. Ahora hay que seguirlo para encarar otros problemas de recursos comunes antes de que se conviertan en tragedias todavía peores.
Traducción: Esteban Flamini