ÁMSTERDAM – Los detalles del asesinato brutal y premeditado del periodista saudí Jamal Khashoggi son espeluznantes. Empezando por el lugar: no algún callejón oscuro sino el interior del consulado del país en Estambul. Luego están los supuestos perpetradores: un equipo de 15 miembros que incluía a un médico forense que alguna vez trabajó en Australia y trajo una sierra para huesos y un doble de cuerpo que se puso la ropa de Khashoggi –probablemente cuando todavía estaba tibia- y, como quien no quiere la cosa, se escabulló por la puerta trasera.
Pero la revelación más asombrosa puede ser ésta: los sauditas sabían que podían llevar a cabo el asesinato.
Cifras recientes publicadas por la UNESCO, la organización de las Naciones Unidas que se ocupa, en parte, de promover la seguridad de los periodistas en todo el mundo, muestran que, en nueve de cada diez casos, los perpetradores nunca son castigados por asesinar a un periodista. Como la impunidad es la norma, las autoridades saudíes se arriesgaron a que, aún si el asesinato salía a la luz, las consecuencias serían menores. Y tenían razón: aunque los fiscales en Arabia Saudita piden la pena de muerte para cinco de los sospechosos, la respuesta internacional hasta ahora ha sido tenue.
A pesar de la atención global que ha recibido el asesinato, la mayoría de los líderes solamente han prometido “considerar” sanciones en contra de Arabia Saudita; otros han descartado de plano la idea. El presidente norteamericano, Donald Trump, por caso, ha dicho que, si bien la explicación oficial saudí es insatisfactoria, no tiene ninguna intención de responder interrumpiendo las ventas de armas o el comercio. Los líderes en Francia y España han expresado sentimientos similares.
Semejante contundencia ilustra que cuando los intereses económicos se enfrentan a los derechos humanos, siempre se imponen los primeros. No es sólo la pérdida de la vida de un periodista lo que hay que lamentar, sino también la erosión de las libertades civiles y de la libertad de expresión –especialmente en Oriente Medio.
Como informó el Comité para la Protección de los Periodistas el mes pasado, tres de los aliados regionales más estrechos de Arabia Saudita –los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein- emitieron comunicados en respaldo de la respuesta del Reino al asesinato de Khashoggi. Los medios domésticos de propiedad saudí y panárabes también se alinearon, mientras que un ejército de trolls online rápidamente se puso a trabajar para defender a las autoridades del Reino y difamar a sus críticos.
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Este tipo de encubrimiento no se limita al caso Khashoggi; es aún más difícil encontrar una crítica seria en los medios árabes tradicionales de la guerra liderada por los sauditas en Yemen. Con decenas de miles de muertos y una hambruna devastadora que amenaza con matar a otros millones de personas, los medios periodísticos de la región se mantuvieron prácticamente en silencio sobre el papel del príncipe de la corona intervencionista del Reino, Mohammed bin Salman.
Si la comunidad internacional se preocupa genuinamente por defender los derechos humanos, el régimen de derecho y los valores democráticos, debe denunciar la brutalidad de Arabia Saudita. Uno de los países más poderosos de Oriente Medio es directamente responsable de una muerte, destrucción y miseria generalizadas. Y, sin embargo, los países occidentales no sólo están condonando estas actividades; en algunos casos, las están permitiendo activamente proporcionando las armas.
¿Los intereses de quién se están defendiendo en verdad cuando Arabia Saudita es un aliado estratégico de Occidente? Por cierto, no es la gente marginada de Yemen, Bahrein y Siria. Tampoco es nadie que se preocupe por los derechos humanos, la igualdad de género y muchos otros valores que los líderes occidentales dicen defender.
Es imposible dejar de recalcar la importancia de periodistas como Khashoggi para un país como Arabia Saudita. Sin estos buscadores de la verdad, la corrupción institucional y política nunca sería cuestionada. Es por este motivo que el asesinato extrajudicial por parte de las autoridades saudíes de un periodista en el exterior no debe pasar sin castigo; los gobiernos deben con urgencia reconsiderar su alianza con el Reino. Simplemente condenar las violaciones a los derechos humanos sin aplicar sanciones importantes no cambiará su comportamiento.
Más allá de esto, la comunidad internacional debe dejar de delegar la responsabilidad de investigar y procesar la muerte de periodistas en los gobiernos que los querían muertos. En la mayoría de los casos, el régimen de derecho es demasiado débil, y la propia gente a cargo es la que ordenó las ejecuciones.
Tal vez nunca se haga justicia en el caso de Khashoggi, pero su asesinato no debe ser en vano. Los gobiernos que valoran la transparencia y la libertad de expresión deben trabajar juntos para crear un tribunal internacional para procesar casos de periodistas asesinados en países que no pueden o no quieren hacerlo por sí mismos. La alternativa –permitir que prevalezca la impunidad- les permitirá a los criminales salirse con la suya y erosionará los mismos valores que el periodismo pretende defender.
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Less than two months into his second presidency, Donald Trump has imposed sweeping tariffs on America’s three largest trading partners, with much more to come. This strategy not only lacks any credible theoretical foundations; it is putting the US on a path toward irrevocable economic and geopolitical decline.
Today's profound global uncertainty is not some accident of history or consequence of values-free technologies. Rather, it reflects the will of rival great powers that continue to ignore the seminal economic and social changes underway in other parts of the world.
explains how Malaysia and other middle powers are navigating increasingly uncertain geopolitical terrain.
ÁMSTERDAM – Los detalles del asesinato brutal y premeditado del periodista saudí Jamal Khashoggi son espeluznantes. Empezando por el lugar: no algún callejón oscuro sino el interior del consulado del país en Estambul. Luego están los supuestos perpetradores: un equipo de 15 miembros que incluía a un médico forense que alguna vez trabajó en Australia y trajo una sierra para huesos y un doble de cuerpo que se puso la ropa de Khashoggi –probablemente cuando todavía estaba tibia- y, como quien no quiere la cosa, se escabulló por la puerta trasera.
Pero la revelación más asombrosa puede ser ésta: los sauditas sabían que podían llevar a cabo el asesinato.
Cifras recientes publicadas por la UNESCO, la organización de las Naciones Unidas que se ocupa, en parte, de promover la seguridad de los periodistas en todo el mundo, muestran que, en nueve de cada diez casos, los perpetradores nunca son castigados por asesinar a un periodista. Como la impunidad es la norma, las autoridades saudíes se arriesgaron a que, aún si el asesinato salía a la luz, las consecuencias serían menores. Y tenían razón: aunque los fiscales en Arabia Saudita piden la pena de muerte para cinco de los sospechosos, la respuesta internacional hasta ahora ha sido tenue.
A pesar de la atención global que ha recibido el asesinato, la mayoría de los líderes solamente han prometido “considerar” sanciones en contra de Arabia Saudita; otros han descartado de plano la idea. El presidente norteamericano, Donald Trump, por caso, ha dicho que, si bien la explicación oficial saudí es insatisfactoria, no tiene ninguna intención de responder interrumpiendo las ventas de armas o el comercio. Los líderes en Francia y España han expresado sentimientos similares.
Semejante contundencia ilustra que cuando los intereses económicos se enfrentan a los derechos humanos, siempre se imponen los primeros. No es sólo la pérdida de la vida de un periodista lo que hay que lamentar, sino también la erosión de las libertades civiles y de la libertad de expresión –especialmente en Oriente Medio.
Como informó el Comité para la Protección de los Periodistas el mes pasado, tres de los aliados regionales más estrechos de Arabia Saudita –los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein- emitieron comunicados en respaldo de la respuesta del Reino al asesinato de Khashoggi. Los medios domésticos de propiedad saudí y panárabes también se alinearon, mientras que un ejército de trolls online rápidamente se puso a trabajar para defender a las autoridades del Reino y difamar a sus críticos.
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Si la comunidad internacional se preocupa genuinamente por defender los derechos humanos, el régimen de derecho y los valores democráticos, debe denunciar la brutalidad de Arabia Saudita. Uno de los países más poderosos de Oriente Medio es directamente responsable de una muerte, destrucción y miseria generalizadas. Y, sin embargo, los países occidentales no sólo están condonando estas actividades; en algunos casos, las están permitiendo activamente proporcionando las armas.
¿Los intereses de quién se están defendiendo en verdad cuando Arabia Saudita es un aliado estratégico de Occidente? Por cierto, no es la gente marginada de Yemen, Bahrein y Siria. Tampoco es nadie que se preocupe por los derechos humanos, la igualdad de género y muchos otros valores que los líderes occidentales dicen defender.
Es imposible dejar de recalcar la importancia de periodistas como Khashoggi para un país como Arabia Saudita. Sin estos buscadores de la verdad, la corrupción institucional y política nunca sería cuestionada. Es por este motivo que el asesinato extrajudicial por parte de las autoridades saudíes de un periodista en el exterior no debe pasar sin castigo; los gobiernos deben con urgencia reconsiderar su alianza con el Reino. Simplemente condenar las violaciones a los derechos humanos sin aplicar sanciones importantes no cambiará su comportamiento.
Más allá de esto, la comunidad internacional debe dejar de delegar la responsabilidad de investigar y procesar la muerte de periodistas en los gobiernos que los querían muertos. En la mayoría de los casos, el régimen de derecho es demasiado débil, y la propia gente a cargo es la que ordenó las ejecuciones.
Tal vez nunca se haga justicia en el caso de Khashoggi, pero su asesinato no debe ser en vano. Los gobiernos que valoran la transparencia y la libertad de expresión deben trabajar juntos para crear un tribunal internacional para procesar casos de periodistas asesinados en países que no pueden o no quieren hacerlo por sí mismos. La alternativa –permitir que prevalezca la impunidad- les permitirá a los criminales salirse con la suya y erosionará los mismos valores que el periodismo pretende defender.